Por David Brooks
Mientras todos aquí se preparan para el aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 –con las tradicionales columnas de luz que suben al infinito desde donde estaban las Torres Gemelas y los ensayados programas oficiales– el otro 11 de septiembre, el golpe de Estado en Chile que hoy cumple 40 años, casi no existe en este país, cuyo gobierno participó directamente en el derrocamiento de un gobierno democrático.
Henry Kissinger, asesor de Seguridad Nacional del entonces presidente Richard Nixon, comentó al ser electo Salvador Allende: no veo por qué quedarnos quietos y observar a un país volverse comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo. Los asuntos son demasiado importantes como para dejar que los votantes chilenos decidan por sí mismos.
Dicho y hecho. Washington fomentó, apoyó y colaboró en los eventos sangrientos –asesinatos, tortura, desapariciones– que marcaron el régimen de la junta militar de Augusto Pinochet a lo largo de sus 17 años en el poder. Según documentos oficiales desclasificados por la organización de investigaciones National Security Archive, se comprueba el papel de Washington durante el gobierno de Nixon. Por ejemplo, en 1970, el subdirector de la CIA para planeación escribió: “es política firme y continua que Allende sea derrocado por un golpe… Es imperativo que estas acciones sean implementadas de manera clandestina y segura para que la mano del gobierno de Estados Unidos… quede bien oculta”. (Los documentos desclasificados sobre Chile).
La participación estadunidense y su responsabilidad siguen impunes hasta hoy.
Pero el histórico arresto de Pinochet en Gran Bretaña en 1998 por órdenes de un juez español en respuesta a demandas de víctimas de la dictadura marcó un parte aguas en la evolución de la jurisdicción universal en casos de derechos humanos que no deja de asustar, y a veces hasta hace temblar, a figuras políticas, incluidos estadunidenses, que gozan de impunidad por su participación y complicidad en actos considerados crímenes de lesa humanidad.
Los ecos de esto, y la insistencia de justicia de las víctimas, se siguen escuchando en Estados Unidos, afirman abogados, investigadores y activistas que aún exigen un rendimiento de cuentas y que se reunieron en Nueva York el lunes para recordar el aniversario del otro 11-S.
El juez Baltazar Garzón y su contraparte chilena Juan Guzmán, así como los abogados Joan Garcés y sir Geoffrey Bindman, recordaron en un foro el proceso que encabezaron para perseguir y arrestar a Pinochet, donde enfatizaron que fue la labor incansable de las víctimas por obtener justicia lo que impulsó este caso contra Pinochet.
Garcés resaltó que “Pinochet era criatura de la guerra fría entre los grandes poderes”, pero al concluir ésta, se abrió la posibilidad de promover la jurisdicción universal en el ámbito internacional.
Garzón subrayó que el artífice de este esfuerzo contra Pinochet fue Garcés, quien había pasado el último día con Allende y salió con un encargo, y pienso que lo ha cumplido en cuanto a proceder contra la impunidad de los golpistas.
Garzón cuenta que él llevaba los casos sobre Argentina cuando Garcés le avisa en octubre de 1998 que Pinochet se encontraba en Londres, y que aunque lo de Chile no le correspondía, sino a otro colega, procedieron al ser avisados de que el ex dictador podría irse. Recuerda que fue la tarde de un viernes, en momentos en que ya no había nadie en las oficinas más que una asistente, cuando se elaboró rápidamente una orden de aprehensión y la emitió. “Después me fui a Andalucía, a una fiesta popular… Fui a la plaza de toros para ver a mi torero favorito... cuando me informan que llegaron con la orden de aprehensión y a las 10 de la noche me avisan que Pinochet estaba bajo arresto”. Durante los siguientes días redactaron documentos con 105 casos más.
En Londres, Bindman, quien representaba a Amnistía Internacional, relató cómo el debate giró sobre la inmunidad de un jefe de Estado y si eso podía sostenerse ante cargos de tortura. La continua fiscalización de Pinochet también fue posible por la revelación de documentos oficiales secretos obtenidos al ser desclasificados, algo que continúa siendo clave en los casos contra los regímenes de las dictaduras en Chile, Argentina y más que se llevan a cabo hoy día.
Kissinger, el responsable de todo
Peter Kornbluh, director del proyecto de documentación sobre Chile del National Security Archive, y autor de Pinochet: Los Archivos Secretos, dijo a La Jornada que a 40 años del golpe aún falta que Estados Unidos, como país, repare plenamente su papel en el golpe, que el gobierno ofrezca algún reconocimiento de que ayudó a orquestar un golpe y apoyar una dictadura. Agregó que en particular hay una persona que ante todo tiene que responsabilizarse de todo esto: Henry Kissinger.
Indicó que aquí se tienen que resolver ciertos casos pendientes como parte del rendimiento de cuentas de Estados Unidos. Entre estos, indicó que el ex oficial militar chileno Pedro Barrientos, uno de los hombres formalmente acusados en Chile de asesinar a Víctor Jara, reside desde hace 20 años, en Estados Unidos y ahora es ciudadano, y que el gobierno de Estados Unidos debería entregarlo a las autoridades chilenas, ya que cada vez hay más pruebas de que Estados Unidos está albergando a un asesino.
Joan Jara, la viuda de Víctor, que también participó en el foro aquí, interpuso una demanda civil a finales de 2012 contra Barrientos en un tribunal en Florida de acuerdo con leyes que permiten que jueces aquí escuchen pruebas sobre abusos contra los derechos humanos cometidos en otros países.
Otro caso es el de la ejecución de los estadunidenses Charles Horman y Frank Teruggi por agentes de la dictadura poco después del golpe, según documentos desclasificados, con el apoyo de algunos oficiales de Estados Unidos. El caso –tema de la película Missing, de Costa Gavras– tomó un giro sorpresivo en noviembre de 2011 cuando un juez chileno acusó formalmente, entre otros, al ex jefe del grupo militar de Estados Unidos en Chile, capitán Ray Davis, por estos asesinatos, y en 2012 la Suprema Corte de Chile emitió una solicitud de extradición a las autoridades estadunidenses.
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