Adital
Foto: Kaos en la red
Berta Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano Molina son tres activistas hondureños por los derechos humanos que en los últimos años vienen sufriendo persecuciones judiciales a causa de su lucha en contra de la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en tierras indígenas por la empresa Desa-Sinohydro. Según informaciones del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la decisión de un nuevo juicio se conocerá este viernes, 20 de septiembre. En el caso específico de Berta, éste es sólo uno de los procesos en su contra promovidos por empresas transnacionales que estarían privatizando el río Gualcarque con apoyo del presidente Porfirio Lobo Sosa, del Ministerio Público y del Ejército hondureño.
Una consulta realizada por Adital a los principales periódicos de Honduras muestra que el caso, ejemplo de criminalización de los movimientos sociales en Honduras, que viene siendo denunciada en los últimos tiempos, no es abordado por los grandes medios de comunicación. Las acciones judiciales acusan a los tres activistas por delitos de usurpación, coerción y daños contra la empresa, y también por supuestamente incitar a otras personas a cometer los mismos delitos. La empresa Desa-Sinohydro está exigiendo más de US$ 3 millones en indemnizaciones. Berta Cáceres también enfrenta acusaciones de portación ilegal de armas y de "poner en peligro la seguridad interna de Honduras”.
Basada en sus declaraciones y en las informaciones recibidas de varias fuentes, incluyendo las autoridades de Honduras, Amnistía Internacional manifestó que los tres activistas están siendo criminalizados en represalia por su liderazgo y trabajo en defensa de los pueblos indígenas Lenca. Bertha Cáceres es coordinadora general del Copinh y Tomás Gómez y Aureliano Molina también son miembros de la entidad, líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos y comunicadores populares de la radio La Voz Lenca y Guarajanbala.
Si son condenados, serán considerados por Amnistía como "prisioneros de consciencia”. La entidad solicita que la población de Honduras y de otros países escriba cartas para instar al presidente Lobo Sosa a dar un cese a las acciones judiciales contra Berta Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano Molina.
La periodista Claudia Korol, en un texto para el Copinh, relata que viajó a Río Blanco, donde se encuentran las comunidades Lenca, para visitar la base donde está ubicada la empresa. "Fui recibida por un oficial del Ejército que nos explicó (en inglés) que integraba la ‘Operación Libertad’, y que su tarea era cuidar los bienes de las transnacionales allí instaladas. La base de la empresa Desa-Sinohydro, es, en la práctica, un asentamiento militar policial, preparado para actuar en contra del pueblo lenca de la región”.
Hay pruebas de que Berta Cáceres no estuvo en el lugar en el momento en que supuestamente ocurrieron los hechos de destrucción contra la empresa. Norita Cortiñas, activista de Madres de Plaza de Mayo, de Argentina, viajó a Honduras para expresar su solidaridad con los tres activistas. La Marcha Mundial de Mujeres también ya había divulgado un manifiesto en el cual juntan firmas por la anulación del proceso judicial contra Berta y contra la criminalización del Copinh.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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