Por Tommy Morales
Estas son mujeres que luchan por la defensa de los recursos naturales, la tenencia de la tierra y la defensa de los Derechos Humanos.
Se trata de tres mujeres de organizaciones sociales tienen juicios pendientes, sufren persecución y amenazas.
Una de ellas es Bertha Cáceres que tiene dos juicios pendientes por la lucha que está librando el Consejo de Organizaciones Populares en Honduras, COPINH, contra las hidroeléctricas, actualmente esta organización mantiene una toma en Rio Blanco, Santa Bárbara.
El pueblo Lenca resiste la embestida del gobierno por medio del poder Legislativo que está llevando a cabo la entrega de los bienes comunes de la naturaleza por medio de decretos aprobados a mansalva, en este caso la concesión del rio Gualcarque por más de 30 años a la empresa Desarrollo Energético, DESA SA. La que contrató a otra empresa grande que es Sinohydro, que es una transnacional estatal de China, esta tiene un historial de violación a los Derechos Humanos.
Según Cáceres el lugar está militarizado y el proyecto de Agua Zarca se ha convertido en una base militar donde opera el Batallón de ingenieros, unidades especiales como TIGRES, Xatruch, otra bajo el nombre de operación “Libertad”, con las que han instalado una política de terror a la población.
“A esto se le suma la presencia de paramilitares, hay amenazas a muerte, persecución, vigilancia, hostigamiento y acoso a la comunidad, y hechos graves contra la vida tal es el caso del asesinato del compañero Tomas García” afirmó la dirigenta.
También denunció la intromisión del actual alcalde Nery Hernández electo por el Partido Liberal y ahora candidato a la reelección de la alcaldía de Zacapa por el Partido LibRe, ya que este se ha puesto de parte de la empresa para la opresión de la población indígena que defiende sus recursos naturales.
“Ellos han definido que después de la elecciones y que se hayan ido los observadores de la comunidad internacional nos sacan muertos de Rio Blanco”, indico Cáceres.
El COPINH tiene varios juicios pendientes debido a su lucha en la defensa de la recuperación de los recursos naturales, uno en Santa Barbará por posesión ilegal de armas en prejuicio de la seguridad interna al Estado de Honduras y el otro en la Esperanza, Intibucá por el delito de usurpación de tierras, coacción y daños continuos contra la Empresa DESA. La audiencia inicial en Intibucá será el 12 de septiembre del presente año.
Otra de las defensoras perseguidas es Magdalena Morales de 50 años, madre soltera de seis hijos, quien tiene un juicio pendiente por su participación en organizaciones campesinas que han recuperado tierras, ella pertenece a la Central de Trabajadores del Campo, CNTC.
Manifestó que el Movimiento Campesino del Valle de Sula tiene 32 organizaciones campesinas, a la margen derecha está el movimiento Campesino de San Manuel Cortes, MOCSAM y que actualmente existe una satanización contra la lucha campesina. Hasta el momento hay más de 32 campesinos y campesinas con medidas sustitutivas a la prisión y con órdenes de captura solo de la CNTC, sin contabilizar a los demás movimientos.
Según Morales para ella es difícil encontrarse en medio de un proceso legal porque no puede hacer ninguna actividad, el delito por el cual la están acusando es por usurpación de tierras y malversación de fondos por 200 millones de lempiras, pero argumenta que cuando ingresaron a las tierras de la que ha tomado posesión la Azucarera del Norte SA. Azunosa que pertenece a un consorcio extranjero, tiene en posesión ilegalmente desde más de treinta años, la producción ya la empresa la había cosechado y por lo tanto no puede incluirse el delito de malversación ni daños y perjuicios.
“Estamos preocupadas porque no es fácil, pero estoy dispuesta a enfrentarme a esta ley política que nos quiera imponer este Estado”, dijo Morales.
Por ahora Morales se encuentra con medidas cautelares que es la oportunidad de defenderse en libertad, la audiencia de declaración de imputado fue suspendida hasta nueva fecha, la cual será establecida por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, departamento de Yoro.
Suyapa Martínez, es la tercera defensora bajo constante hostigamiento y amenazas, forma parte del Centro de Estudios de la Mujer- Honduras, CEM-H, declaró que “nosotras a todas luces estamos en contra de la elección del Fiscal General porque está fuera del marco legal, ya que debe ser electo por el tiempo que establece la ley que es hasta marzo del 2014”.
Martínez aduce que el marco jurídico no está funcionando porque las mujeres presentan denuncias por violencia doméstica, los agresores no están siendo capturados, inclusive en la nueva reforma quieren que la violencia contra las mujeres sea de bagatela, aunque existe un incremento a los femicidios.
Bagatela son los delitos que tienen escasa repercusión social, delitos de poca importancia. Martínez recordó que la ley da medidas de seguridad para los agresores no se están aplicando y el caso es pasado a los jueces de paz y a otras instancias, esto agrava la situación de las mujeres en el país.
“Por eso estamos metidas en la elección del Fiscal porque no podemos permitir que el Ministerio Público no siga como está, ya que eso lo que ha hecho es naturalizar la impunidad” aseguró la defensora.
Martínez ha recibido amenazas por parte de la hermana de Romeo Vásquez Velásquez por medio de mensajes por celular, debido a que la feminista fue una de las personas que participó en el repudio de Vásquez Velásquez el día de la firma del pacto de Derechos Humanos de los candidatos a la presidencia en las próximas elecciones, en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
La pariente del ex jefe de las Fuerzas Armadas y quien participó como autor material del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009, ha dicho a Martínez que conoce bien su historia de vida, lo que según la entrevistada la coloca en grave riesgo.
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