El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señala que “las políticas de seguridad deben ser evaluadas periódicamente en términos de su efectividad e impactos, asegurando que éstas no generen mayores niveles de violencia y que funcionen con pleno respeto a los derechos humanos.
En este sentido, la seguridad ciudadana no debe concebirse únicamente como una simple reducción de los índices criminales, sino como el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral, que incluya la mejora de la calidad de vida de la población.
No obstante, en Honduras la política de seguridad sigue siendo limitada a una visión enfocada en incrementar las penas, en reducir las garantías y derechos de la ciudadanía, en dejar la seguridad en manos de las empresas privadas y en normalizar el uso del ejército para estar en las calles.
Luego de 3 años y 140 millones de lempiras destinados solo al proceso de depuración policial y de la creación de nuevas estructuras como la Policía Militar, los resultados no son suficientes como señala Omar Rivera, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia.
Antes bien, pareciera que el problema de la corrupción a lo interno de la Policía Nacional además de seguir sin resolverse, está contaminando a las nuevas estructuras como la Policía TIGRES y la Policía Militar, cuyos miembros se han visto involucrados en actos delictivos contra la ciudadanía.
A la par de este enfoque restrictivo de la seguridad ciudadana, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala a Honduras como el segundo país más pobre del continente, alcanzando en el 2014 un 70.7% de pobreza multidimensional, la cual mide la precariedad de la vivienda, hacinamiento, servicios básicos, educación, empleo y protección social.
Si no se toman decisiones políticas para enfrentar integralmente los múltiples factores asociados con la inseguridad, tales como la desigualdad social, económica y política, que se sustenta en estructuras de desigualdad y dominación que golpean a los más pobres, Honduras continuará ostentando el título del país más violento del mundo.
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