En los últimos dos meses el Bajo Aguán se ha convertido en “un campo minado” donde la bandas criminales están sembrando la zozobra y el caos entre la población, pese a ser un sector militarizado bajo la operación Xatruch y con un decreto especial de desarme general que aprobó el Congreso Nacional desde el 2013.
Este sector ubicado en el norteño departamento de Colón, se ha convertido en el principal escenario de asaltos, nuevas muertes y secuestros teniendo como víctimas no solo a las familias campesinas que luchan por un pedazo de tierra, sino a la población en general.
“Solo en menos de un mes han secuestrado a dos mujeres propietarias de negocios pequeños y asaltos, robos y asesinatos están a la orden del día en todos los municipios del Bajo Aguán”, indicó Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
Como pasa en el resto del país, esta nueva ola de violencia está tirando por la borda el discurso oficial del gobierno, quién repite que la militarización es la solución a la inseguridad y que en Honduras está bajando la violencia, aseguró la entrevistada.
En dos meses cambió la situación
“Hace unos cuatro meses las víctimas de Bajo Aguán, en su mayoría eran las familias campesinas que luchan por la reforma agraria, sin embargo hoy es la población en general. La razón es que las bandas delictivas que trabajaban estrictamente para los cárteles de la droga han quedado sin el sustento económico después de la entrega de la banda de “Los Cachiros” y la captura de los hermanos Valle en otros”, indicó una fuente que por motivos de seguridad omitimos su nombre.
Indicó que hoy están echando mano de todas las formas delictivas que les permiten agenciarse de dinero, llámese sicariato, asaltos, secuestros, extorsiones, entre otros. “Lo que no significa que antes no lo hacían, siempre lo han practicado pero respondiendo a la ordenes emanadas de los cárteles de la droga quienes han mantenido el control en el corredor del Atlántico hondureños”, aseguró.
En tono preocupado dijo que lo peor de todo es que la policía y el ejército no hicieron ni hacen nada por prevenir o capturar a los responsables de sembrar el caos y la zozobra en este sector del país.
Entrega de “Los Cachiros”
Javier Heriberto Rivera Maradiaga y Devis Leonel Rivera Maradiaga, líderes de la banda "Los Cachiros, se encuentran en poder de las autoridades de los Estados Unidos, luego de su entraga negociada. Un documento de acusación, publicado por Insight Crime en su portal de Internet, menciona que “Los Cachiros tienen un patrimonio neto cercano a los mil millones de dólares”, producto del tráfico de drogas, que movían en asociación con el cartel de Sinaloa, en México.
Además destaca que “presuntamente son dueños de un equipo de fútbol en Colón, Los Cachiros tienen un negocio de minería y fuertes nexos políticos a nivel local y nacional”. Los dos “Cachiros” se habían entregado a finales de enero a las autoridades estadounidenses, que en diciembre de 2013, a través de una Corte del Estado de La Florida, los habían acusado por distribuir drogas en ese territorio entre 2008 y 2013.
Los antecedentes indican que a mediados del 2014, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó como narcotraficantes a siete personas ligadas a la banda “Los Cachiros”, de igual forma involucró cinco empresas hondureñas relacionadas a la organización criminal.
El sector atlántico hondureño tiene una fuerte influencia de los carteles mexicanos de Sinaloa y los Caballeros Templarios, pero también el colombiano del Valle del Cauca. En tanto, un informe sobre nexos entre drogas y violencia en el “Triángulo Norte” de América Central (Guatemala, El Salvador y Honduras) del Transnational Institute, indica que los niveles de violencia en estos países se vincula al desplazamiento de los carteles mexicanos hacia estos países, ante la guerra antidrogas montada por México.
Muerte y amenazas a familias campesinas
“El peligro para nosotros los campesinos acecha cada momento y cualquier lugar puede convertirse en zona de muerte. La situación está muy difícil por eso nosotros cuando escuchamos disparos lo primero que hacemos es tirarnos al suelo y buscar un lugar cubierto, hasta que ya paso todo nos levantamos y salimos corriendo para nuestras casas, esto si tenemos la suerte de salir con vida de cualquier atentando”, indicó un campesino de la margen izquierda de río Aguán.
Según datos del Observatorio Permanente de Derechos Humanos en esa zona alrededor de 128 personas murieron y otras seis desaparecieron entre 2008 y 2013 a causa del conflicto agrario en el Bajo Aguán. Un total de 90 campesinos, 14 guardias privados, 7 empresarios, un militar y un policía, además de otras 15 personas, entre civiles y apoderados legales de movimientos campesinos, murieron en el período estudiado en el marco del conflicto entre labriegos y terratenientes.
Organizaciones campesinas han acusado en varias ocasiones al gobierno y a empresarios del Bajo Aguán, de ser los responsables de los asesinatos de labriegos en la zona. Sin embargo hoy el escenario de violencia se amplió a toda la zona generando zozobra y caos.
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