Violencia e Impunidad: binomio que oprime a mujeres en Honduras
Se ha enviado al Congreso Nacional un paquete de medidas en materia de seguridad que incluye una revisión del sistema penitenciario de Honduras. Más concretamente, lo que se pide es una reforma al artículo 332 del Código penal, conocido como Ley Antimaras debido a que actualmente no está funcionando y se circunscribe únicamente a las maras.
Lo que se pretende es castigar no solamente a quienes pertenecen a las maras sino a toda persona que participe o colabore en delitos cometidos y planificados por cualquier organización criminal. Juntamente se pretende una política de reinserción social donde, inclusive, se obligue a trabajar a los reos. Por lo tanto, se busca endurecer la ley antimaras, establecer el trabajo forzado para los reos y facilitar el traslado de presos peligrosos.
Lo que pretende JOH es aplicar una medicina social que tal vez no sea la adecuada. Sabemos por experiencia que solamente después de un buen diagnóstico se pude recetar algo orientado al restablecimiento de la salud del enfermo. Para ello es bueno recordar algunos datos que nos centren el problema.
En primer lugar, no se puede tratar el problema de las maras “desde arriba, de forma vertical y vía decreto” puesto que ha sido el mismo presidente quien se ha negado a dialogar con ninguno de estos grupos. Buscaban dialogo y reinserción social y no se les concedió. Señalaban como causas principales que les empujaron a sus actividades delictivas la pobreza y la falta de trabajo. Son problemas estructurales del país que están lejos de resolverse y, por lo tanto, son el caldo de cultivo que facilita a los jóvenes orientarse por caminos perversos y anti sociales.
Con y sin el FMI los presupuestos sociales no dejan de reducirse, aumentan los impuestos y una militarización creciente que absorbe unos fondos indispensables que servirían para enfrentar estos problemas estructurales.
El contexto geopolítico y nacional no es el mismo en tiempos del presidente Maduro y del actual. Hoy día Centroamérica ha aceptado, de una manera u otra, la agenda de seguridad estadounidense, tanto a nivel interno como externo. La fuerte presión y presión para la captura de los grandes capos se traduce al interior del país en estas leyes que pretenden poner orden en casa.
El gobierno es muy consciente que, contrariamente a lo señalado por la ciencia política, no posee el “monopolio legítimo de la violencia” en el país. Tiene que compartirlo con otros poderes que responden a otra lógica y a otros intereses. Actúan como si fueran “otro gobierno dentro del gobierno” pues poseen su territorio, sus leyes propias, imponen impuestos a la sociedad, tienen capacidad de pactar y negociar; y, además, utilizan la violencia a conveniencia. Van permeando la vida política e institucional del país y se infiltran en todos los estratos sociales.
Nuestras colonias y barrios se convierten en campos de batalla donde hay una “guerra sin cuartel contra los jóvenes”: el gobierno y la sociedad que los margina y excluye de todo tipo de trabajo y educación; o, en el mejor de los casos, son “marca de país” y “producto de exportación”: jóvenes, pobres y migrantes como mercancía barata. Los grupos delincuenciales hacen que la vida y convivencia en las periferias sea un infierno y pesadilla para los pobres pues aparte de tener que sobrevivir en un sistema social que no cuenta para nada con ellos, se convierten en “enemigos y no aliados estratégicos”.
En definitiva, si de verdad JOH quiere resolver el problema de la violencia, la seguridad y la paz social, debe ir a los problemas y sus causas. Iniciar un diálogo y pacto social con los actores sociales implicados y, no tanto con las cúpulas políticas o económicas centradas en etnocentrismo de clase.
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