Durante las últimas décadas se ha logrado instalar en Honduras un marco formal institucional mínimo para atender y sancionar las distintas formas de violencias contra las mujeres por razones de género. Es de resaltar que estos avances se deben al esfuerzo de muchos actores como las organizaciones de mujeres y que han significado, además, erogaciones millonarios de la cooperación internacional en apoyo al Estado hondureño con el único objetivo de fortalecer las instituciones para que respondan a las demandas de justicia de las mujeres.
Sin embargo y haciendo un balance entre lo invertido y los resultados, la deuda con las mujeres sigue en aumento pese a los esfuerzos emprendidos. La impunidad en los casos de violencias contra las mujeres continúa prevaleciendo sobre el acceso a la justicia. Un fuerte y triste ejemplo de cómo funciona el sistema de justicia en Honduras es el femicidio contra Vanessa Janeth Zepeda Alonzo quien hace 5 años perdiera la vida en manos de la persona con quien sostenía una relación sentimental, el doctor y neurocirujano del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Rafael Sierra Linares.
En el trámite procesal penal de este caso fue evidente cómo, pese a los avances en relación a normas y procedimientos jurídicos, es en el plano de la diligencia donde todo se derrumba: las estructuras del sistema de justicia no permiten que los avances se consoliden y que se aplique la justicia. Resulta irónico cómo en un caso donde se obtuvo una sentencia de culpabilidad por un delito grave como el homicidio, el sentenciado no sólo gozó de plena libertad para continuar su vida como que si nada hubiera pasado, incluso siguió desempeñándose como neurocirujano en el Seguro Social, pese a que tenía inhabilitación absoluta para trabajar, y eso lo conocía muy bien la anterior junta directiva del Seguro. Tuvieron que pasar cinco años para obtener una orden de captura, ello por dilaciones injustificadas de operadores de justicia, creándose las condiciones para que el sentenciado pudiera darse a la fuga.
Al final, en este proceso ganaron las prácticas estructurales que obstaculizan el debido proceso y el acceso a la justicia. Prevalecieron los prejuicios de género y de clase, se aplicaron prácticas jurídicas que violaron derechos fundamentales y constitucionales y la corrupción jugó un papel definitivo a favor del culpable de un femicidio.
Se hizo de todo y no se logró nada. El mensaje de menosprecio que el Estado de Honduras envía a la sociedad y a las mujeres hondureñas es claro, el derecho a la vida de las mujeres no es una prioridad.
¿Hasta cuándo? Todavía no hay respuesta pero seguiremos exigiendo la aplicación eficaz de los derechos de las mujeres y evidenciando las violaciones a sus derechos humanos. No estaremos en espera de respuestas que no llegan. Queremos respuestas concretas y exigimos para este caso en particular que las autoridades correspondientes asuman su responsabilidad y capturen de inmediato al homicida, el doctor Rafael Sierra Linares.
Tegucigalpa, 5 de marzo de 2015
Centro de Derechos de Mujeres
Comisión Internacional de Juristas
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