El pasado miércoles 25 ha sido presentada al público, la prensa y autoridades del Estado, la campaña Alto al Riesgo para promover un ambiente favorable a las actuaciones de las personas defensoras de derechos humanos en las zonas críticas del país donde hay conflictos por el acceso a la tierra, los territorios y demás bienes de la Naturaleza.
En estas zonas de conflictos las personas defensoras sufren distintas formas de criminalización por su trabajo en defensa del agua, los minerales, la tierra, su biodiversidad y la vida.
En general, en Honduras las personas defensoras de derechos humanos sufren en el peor de los extremos ejecuciones sumarias o arbitrarias, torturas, agresiones físicas y psicológicas, detención y prisión arbitrarias, amenazas de muerte, hostigamiento y calumnias, falsas acusaciones, procesos y condenas injustas.
La mayoría de estos hechos permanecen casi en la total impunidad, como lo admitió en abril de 2013 el entonces fiscal del Ministerio Público, Luis Rubí, en su informe ante el Congreso Nacional: “Los órganos de investigación no tienen capacidad para dar respuesta, estamos ante un 80 por ciento de impunidad”.
De acuerdo a los monitoreo independientes realizados entre 2010 y 2014, han sido criminalizadas más de 4,000 personas por reclamar o proteger el derecho a la tierra; asesinados 120 campesinos/as sólo en la región del Bajo Aguán; al menos 37 periodistas asesinados en los últimos 10 años, 186 personas de la Comunidad de Diversidad Sexual víctimas de crímenes de odio y cifras generales de 2, 851 femicidios al año 2014.
Una de las defensoras criminalizadas, Gladys Lanza, enfrenta precisamente hoy, en esta misma fecha, una sentencia de individualización de la pena en los tribunales de Tegucigalpa.
En los municipios de El Porvenir y San Ignacio, en Francisco Morazán, 18 personas sufren criminalización por la defensa de los bosques que alimentan sus fuentes de agua.
“Esta es una campaña para visibilizar la contribución de hombres y mujeres comprometidas con el ideal de una sociedad democrática, para minimizar sus riesgos y restituir los derechos violados en su contra”, es el consenso de COFADEH, CEHPRODEC y FIAN, las organizaciones que encabezan una alianza amplia para promover la campaña.
El Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC, trabaja en la defensa de la población afectada por la minería en el valle de Siria y porque se respete la consulta previa, libre e informada en todo el país; FIAN, promueve el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria e impulsa procesos de organización y formación en el valle de Aguán; el COFADEH incide en la formación y promoción de derechos civiles y políticos con litigio jurídico nacional e internacional a favor de las víctimas.
Junto a sus esfuerzos de Alto al Riesgo se ha constituido en apoyo una alianza de 22 organizaciones de cobertura regional y nacional. Oxfam y la Unión Europea acompañan su ejecución.
En el lanzamiento de la campaña Alto Al Riesgo participan el embajador de la UE en Honduras, Kettil Karlsen, el ministro de gobernación y derechos humanos -Rigoberto Chiang Castillo-, representantes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el diputado Yuri Sabas, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de El Congreso Nacional.
La campaña Alto al Riesgo es apoyada, igualmente, por el grupo de Agencias de Cooperación Internacional (ACI), que preside Hans Petter Buvollen.
No es posible mejorar la situación de vigencia y respeto de los derechos sin una relación fluida, respetuosa y sincera entre los liderazgos sociales y los agentes investidos con autoridad del Estado. Tampoco es posible si no se abordan las verdaderas causas que provocan la violación de los derechos humanos.
La Campaña Alto al Riesgo está dirigida a las autoridades públicas que tienen la responsabilidad de garantizar seguridad e impartir justicia a la población, incluyendo a las personas defensoras de derechos humanos, con acciones de movilización de opinión para que el Estado cumpla las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
También incluye a la ciudadanía para que reconozca y apoye el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos en el contexto actual y futuro del país.
El trabajo de defensoría es central para prevenir situaciones de injusticia social en Honduras, contribuir al combate a la impunidad y fortalecer los procesos democráticos. Las personas implicadas en esos propósitos no son enemigos de su Patria, al contrario, fortalecen la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones.
La Organización de las Naciones Unidas y la OEA reconocen la legitimidad y el papel decisivo que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos para la ciudadanía universal, razón por la cual se aprobó la Declaración sobre los defensores de derechos humanos, y se definió el mandato de la Relatora Especial sobre este tema.
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