La crisis penitenciaria que vive el país es un problema de nunca acabar. El hacinamiento, el poder de los presos en las cárceles, la corrupción policial, la venta de droga, las órdenes de extorsión y de asesinatos desde los centros penales han convertido en un verdadero infierno los presidios hondureños.
La lucha de poderes a lo interno de las cárceles ha dejado muchos episodios sangrientos en los últimos años, el más reciente se dio el pasado miércoles donde un enfrentamiento entre policías e internos dejó como saldo a tres personas muertas y 36 heridas.
Todo se originó por la orden de traslado de 28 internos a un centro penal de mayor seguridad, los presos pertenecían a los grupos más temibles del centro sampedrano: “Paisas”, “Mara Salvatrucha” y “Barrio 18”.
La oposición de los “Paisas” al traslado produjo un enfrentamiento a balazos entre privados de libertad y policías, el fuego cruzado duró varias horas y evidenció el poder que tienen los presos para ingresar armas a las celdas.
Los familiares de los internos vivieron un completo calvario al escuchar los impactos de bala y recordar que sus seres queridos se encontraban adentro. El grito de “déjenlos en paz” fue muy común entre mujeres, hombres y niños en los alrededores del presidio.
Al final la estadística mostró la vulnerabilidad de este centro penal. Las autoridades de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) expresadas en su vocero José Coello, afirmaron que producto del operativo además de los muertos y heridos encontraron armas de fuego de grueso calibre, chalecos antibalas, dinero, droga, computadoras y celulares.
Al consultarle a Coello sobre cómo ingresó todo ese material al centro penal, dijo que las investigaciones se fortalecerán y que las autoridades del presidio tendrán que emitir un informe para conocer las verdaderas causas.
La crisis penitenciaria y la respuesta gubernamental
Incendios, peleas, hacinamiento, complicidad policial, caracterizan a las cárceles del país, según datos de las autoridades policiales, en los últimos cinco años se han registrado casi 500 muertes violentas producto de estos escenarios.
Los centros penales de San Pedro Sula, La Ceiba, Tegucigalpa y Comayagua son los que más presentan incidentes violentos, el problema es el mismo desde hace muchos años y el gobierno no ha podido hacer nada para cambiar el contexto.
Como parte del proceso de transición las autoridades gubernamentales iniciaron la construcción de varios presidios de máxima seguridad en la zona norte y centro, donde trasladarían a los privados de libertad hacinados, además implementaron un proceso de militarización en cada centro, donde ahora la Policía Militar es la que maneja el sistema carcelario hondureño.
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A pesar de eso el ingreso de drogas, armas, celulares, computadoras, dinero y materiales de contrabando no se ha controlado, prueba de ello fue lo encontrado en el operativo desarrollado el pasado miércoles en la capital industrial.
Las fugas de internos, la lucha de poder de grupos delincuenciales, muestra la falta de una política de rehabilitación que se implemente desde el Estado.
Sobre el tema el Presidente de la República Juan Orlando Hernández, dijo que están trabajando para fortalecer los programas de rehabilitación y para evitar que los presos mantengan ocio dentro de los presidios.
Asimismo anunció que buscarán aplicar jornadas como talleres, formaciones y en el caso más drástico poner a los internos a picar piedras.
“Estamos trabajando para alcanzar el control de las cárceles, es un trabajo que va paso a paso pero estamos a punto de lograrlo”, enfatizó el gobernante.
Hernández destacó el trabajo de los organismos policiales y militares en torno a los operativos y traslados de presos a presidios de máxima seguridad. La caracterización del Presidente se da en el marco de una aguda crisis penitenciaria que por los hechos recientes se ve lejos de solucionar.
Para el abogado Fernando Morazán del Comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, CONAPREV, el problema radica en el olvido en que se encuentran las cárceles de Honduras.
Morazán aseguró que en Honduras existe una sobrepoblación penitenciaria que supera las 14 mil personas, cuando los centros penales del país únicamente tienen capacidad para albergar 8 mil internos.
Además afirmó que la situación se agrava cuando los internos son quienes dominan cada cárcel del país.
“Prueba de estos autogobiernos, es la posesión de drogas, armas, aparatos tecnológicos entre otros privilegios que mantienen en las celdas los privados de libertad”, enfatizó Morazán.
En ese sentido el comisionado de CONAPREV recomendó otro tipo de medidas de seguridad para evitar el ingreso de armas y drogas a los presidios, además añadió que las autoridades deben implementar otros mecanismos minuciosos para evitar que esto suceda.
Por otra parte el Obispo Auxiliar de la Diócesis de San Pedro Sula, Romulo Emiliani, hizo un llamado al gobierno, para que de una vez por todas pongan un alto a lo que sucede en los presidios y que apoye la construcción de otros centros donde puedan ser trasladados los internos.
Emiliani dijo que esto no puede continuar y que el gobierno debe tomar su papel de responsabilidad y contribuir para rehabilitar a los presos y mejorar las condiciones de los penales.
Por ahora ni la militarización de los centros penales, ni los programas de rehabilitación del gobierno han solucionado la crisis histórica de los centros penales hondureños, situación que se agrava día a día.
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