Por Sandra Rodríguez
En busca de forjar un patrimonio para sus hijos, don Siriaco se vio obligado emigrar al Bajo Aguán, donde escuchó que existía la oportunidad de cultivar la tierra, pero por ese anhelo, fue asesinado el 15 de noviembre del 2010 en El Tumbador, Trujillo, Colón, a unos 600 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
Su esfuerzo y lucha ha quedado marcada en la vida de sus cuatro hijos, que al momento de su asesinato, dos eran menores de edad. Su esposa no podía creer cuando le avisaron que “había un Siriaco” entre los campesinos muertos por guardias de seguridad privada, contratados por el terrateniente Miguel Facussé, que custodiaban la zona del antiguo Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), denuncio la familia.
Siriaco de Jesús Muñoz Aguilar, quien tenía 50 años de edad, era miembro del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) que agrupa unas 700 familias, integradas en 45 empresas asociativas campesinas afiliadas a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH) y la Asociación Nacional Campesina, que decidieron el 12 de mayo del 2000, recuperar esas tierras invadidas por militares.
Han pasado cuatro años del asesinato de cinco campesinos en la finca El Tumbador, un grupo de mujeres viudas, huérfanos y un sobreviviente, viajó hasta Tegucigalpa para denunciar que aún no se ha castigado a los responsables de este hecho sangriento.
Las víctimas son Raúl Castillo, de 48 años, miembro de la Cooperativa 14 de Mayo; José Luis Sauceda Pastrana, 25 años; Ciriaco de Jesús Muñoz, 50 años, de la Cooperativa Nueva Esperanza; Teodoro Acosta, 39 años, de la Cooperativa Nueva Vida; e Ignacio Reyes García, 50 años de la Cooperativa Familias Unidas 3; quienes fueron acribillados el 15 de noviembre de 2010, por presuntos guardias de seguridad, en la Finca el Tumbador.
Martha Julia López Oliva, es una mujer de 46 años, que convivio con Siriaco más de dos décadas, como viuda y madre sotera de cuatro hijos, no puede contener las lágrimas y los suspiros al recordar que la vida sin son Siriaco, ya no es igual.
Sus hijas debieron irse de la comunidad “Guadalupe Carney”, Trujillo, pues tienen que trabajar para ayudar en el sustento de la familia, sus hijos que son más jóvenes se integraron a las labores agrícolas en la empresa campesina Nueva Esperanza, de la cual ella es socia después de la muerte de su esposo.
Siriaco de Jesús Muñoz Aguilar, tenía 50 años de edad,
cuando fue asesinado; era miembro del Movimiento Campesino del Aguán (MCA)
cuando fue asesinado; era miembro del Movimiento Campesino del Aguán (MCA)
Ella mantiene e l recuerdo del último día que compartió con su esposo, quien desde el 2009 trabajaba en colectivo con los demás compañeros de La Nueva Esperanza, apenas tenían un año de haber llegado desde Patuca, Olancho, para forjar un patrimonio en el Bajo Aguán.
“El 15 de noviembre del 2010, como de costumbre él se fue a las tres de la mañana para el lugar que le llaman El Tumbador, es una finca de palma africana, supuestamente la tierra es propiedad del MCA, y ellos allí trabajaban tranquilamente sin ningún problema, por lo que yo no me preocupaba de que les fuera a pasar algo malo. Pues eran bastantes personas –hombres y mujeres- que a diario iban a trabajar allí”, comentó Martha Julia.
La noche anterior, su compañero de vida, le dijo que iban a la finca tal vez les cambiaba la vida, “no sé porque me dijo eso”, relata la mujer, ellos entraban y salían de la zona, estaban alegres porque ya casi terminaban de limpiar la finca y tendrían el sostén para los alimentos de las familias, “él se fue y ya no volvió a la casa”, comentó entre sollozos, mientras sostenía en su regazo a una nietecita.
Como a las tres de la tarde de ese mismo día, un niño de la comunidad me llegó a decir “allá está un Siriaco muerto” yo estaba con los dos cipotes, y dijimos que era él porque era el único que se llamaba así, además ya se había pasado de la hora de llegada, acostumbraba a regresar a las dos de la tarde a la casa, después de su jornada de trabajo.
Fue un momento desesperante, y ella que solo estaba con sus dos hijos menores de inmediato se fueron buscar más información al centro de la comunidad.
En el levantamiento de los cuerpos hubo algunas autoridades judiciales, después los cadáveres fueron llevados a un sólo lugar pos sus mismos compañeros.
Habían cuatro cuerpos tirados en el suelo, los tenían en “La Casa del Paragua” un centro comunal, yo reconocí el de mi esposo, y estaba el de Teodoro Acosta, Raúl Castillo e Ignacio Reyes, y decían que faltaba un compañero, José Luís Sauceda, pues testigos afirmaban que afirmaban que también había caído muerto pero no sabían exactamente dónde, relató la viuda de Siriaco Núñez.
Ahí sólo estaban los vecinos, cada pariente limpió a su difunto, los vistieron y ahí los velaron toda la noche, los ataúdes fueron donados, pero, aún no aparecía el cuerpo de José Luis, tampoco había militares ni policías. “Yo le vi unas heridas de bala por el lado del corazón en por la rodilla derecha, yo sólo me fijé en el cuerpo de mi esposo”, declaró doña Julia.
También dijo que el cuerpo de José Luis, el más joven del grupo, apareció hasta el 16 de noviembre en la mañana, ella desconoce por qué costó que lo encontraran, (otros campesinos manifestaron que había temor de salir a buscar a su compañero, porque la comunidad estaba sitiada por grupos hombres armados involucrados en el asesinado de campesinos).
Todas las víctimas fueron enterradas el miércoles 17 de noviembre del 2010, aunque en lugares diferentes. Don Siriaco de Jesús Muñoz, volvió a su natal Patuca, Olancho, pero sin sueños, sin anhelos, sin vida.
Ignacio Reyes García, 50 años, era miembro de la
Cooperativa Familias Unidas 3
Familia destruida por defender el derecho a la tierra
Sus hijos, hijas y esposa, regresaron a la “Guadalupe Carney” nueve días después, pero la familia ya no venía completa, faltaba el hombre que los impulsaba cada día, el que guiaba los en una lucha por sus derechos, a decir la verdad, a defender la propiedad que les pertenecía como campesinos y campesinas, que representa una pequeña parte del 1.5 millones de hondureños sin tierra para cultivar, don Siriaco, el único que se llamaba así en la comunidad, el que antes de ser asesinado por los guardias de seguridad privada que cuidaban la finca adueñada por el agroindustrial Miguel Facussé, reiteró que estaba allí por un cambio de vida.
“Decían que los habían matado por haber ido a meterse a esa finca (El Tumbador) que se decía que era propiedad de los campesinos, pero también que Miguel Facussé la había sembrado con palma africana, aun sabiendo que no era de él. Y mandó a sus guardias de seguridad privada a hacer esa masacre, no fue otro”, afirmo doña Martha Julia.
“Yo no podría decir si es verdad que se metieron o no en la finca, pero él (Miguel Facussé) no tenía el derecho de quitarles la vida”, agregó la adolorida mujer.
También aclaró que sólo ese fatídico 15 de noviembre del 2010, es que se supo una matanza, pues la Guadalupe Carney, ha sido una comunidad tranquila, por lo que todo mundo se invadió de asombro y miedo.
El asesinato de mi esposo nos ha cambiado la vida, hay días muy difíciles, entre el miedo y la inestabilidad económica, es complicado sobrevivir, su membresía en la empresa campesina me quedó a mí, pero no es lo mismo sin él, lamentó Martha Julia López.
Por lo que he viajado hasta Tegucigalpa, para exigir a las autoridades que se haga justicia, se investiguen los hechos y dé con los responsables del crimen de mi esposo y los demás compañeros, porque son seres humanos los que mataron, hombres honrados y trabadores, han dejado muchos niños y niñas huérfanas y desamparadas.
En los Juzgados de Letras Seccional de Trujillo, se inició causa contra cinco guardias de seguridad privada, responsabilizándolos por este hecho, y se otorgó el sobreseimiento provisional. La Fiscalía en su condición de ente acusador no aportó evidencias esenciales, como realizar pruebas de balística en armas presuntamente utilizadas en el hecho criminal y tampoco realizó un inventario completo de las armas asignadas a los guardias. En al menos un caso no se practicó la autopsia respectiva.
En abril de 2014, la Unidad de Muertes Violentas del Aguán del Ministerio Publico, tomó el caso presuntamente para re direccionar la investigación, 10 meses después, no han brindado un informe de avances.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, acompaña a las viudas y sobrevivientes de esta masacre, en la documentación y denuncia, ya que lo peor que puede suceder es que guarden silencio y estas muertes queden en la impunidad, afectando a más familias campesinas en Honduras, y defensores y defensoras por el derecho a la tierra.
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