Mientras crece ola de violencia, gobierno sigue sin controlar crisis penitenciaria
Los recientes hechos violentos, sobre todo en la zona norte de Honduras, reavivan los miedos que la ciudadanía tiene de vivir en uno de los países más violentos del planeta. Honduras con una tasa de homicidios que sobrepasa los setenta crímenes por cada cien mil habitantes, genera escenas de horror diariamente.
El análisis sobre la criminalidad tiene muchos factores, hacer únicamente recuentos de muertos y delitos cometidos sería seguir abonando a la conflictividad que vive el país y seguir el discurso oficial que “Honduras está cambiando”. Cada uno de los crímenes que se cometen son vidas humanas que se pierden, familias que lloran la pérdida de un ser querido. Una nación que se desangra ante la complicidad de quienes tienen el poder político y económico.
La violencia es el resultado de este modelo productor de pobres. Unas 200 familias viviendo en la abundancia, haciendo negocios con los fondos públicos a pesar de las precariedades de más de 5.5 millones de habitantes, a quienes la pobreza imposibilita su pleno desarrollo.
Comenzar a crear estrategias que reduzcan la criminalidad y violencia pasa por cambiar las reglas del juego, permitir que la gente tenga oportunidades de empleo, salud, educación y recreación, además de parar los abusos y dominaciones de este reducido grupo dará pasos a entender la seguridad de forma integral, y no únicamente relacionarla a la criminalidad.
La seguridad debe partir de las necesidades de las comunidades y no convertirla en sinónimo de policías, militares y más armas. Seguir esa ruta nos está llevando a las mismas realidades que creíamos cosas del pasado, que entendíamos horrores ya superados. La violencia no se puede atacar con más violencia.
Es momento que los debates inicien. Que los distintos sectores de la sociedad aporten a la construcción de una seguridad que responda a nuestra gente. Que la clase política y empresarial entienda que en el país requerimos de un Plan de Honduras para Honduras, no propuestas exportadas ni fabricadas en el escritorio de los organismos internacionales. La seguridad debe entenderse como el derecho a vivir una vida digna, el derecho a vivir sin violencia, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, el derecho a estar bien con nosotras mismas, con los demás y con quienes nos rodean. Seguridad debe ser sinónimo de dignidad para nuestra gente.
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