"Justicia tardía, no es justicia”, reza un dicho popular. Este dicho cae como anillo al dedo en el caso de ocho líderes indígenas tolupanes de la Tribu San Francisco en Locomapa, Yoro, a quienes la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, dio sobreseimiento definitivo en torno a la acusación que pesaba en su contra desde hace tres años y que fue interpuesta por el empresario maderero Kenton Landa Uclés por el supuesto delito de Obstaculización en la Ejecución de un Proyecto maderero.
La población indígena que se opone a la destrucción de los bienes naturales en este sector ubicado en la zona norte de Honduras, constantemente son víctimas de persecución judicial y amenazas de diversa índole. Su máxima expresión se vivió el 25 de agosto del 2013 cuando sicarios asesinaron a Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina quienes participaban en una toma de carretera que buscaba impedir la explotación ilegal del bosque y la minería.
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Algo insólito en este caso es que uno de los beneficiados con el sobreseimiento definitivo es precisamente Armando Fúnez Medina, víctima de la masacre de agosto. “Esto significa que la justicia en Honduras es tardía, ya que casi a dos años de su asesinato sale la resolución a su favor”, indicó Luis Chevez, de la Convergencia por los Derechos Humanos.
“En el caso de los asesinatos y las amenazas de las que somos víctimas los indígenas tolupanes, la justicia se ha vuelto ciega y sorda, pues los responsables materiales e intelectuales siguen arropados con la cobija de la impunidad, sin embargo cuando los madereros o mineros nos denuncian; tanto la policía como la fiscalía corren a procesarnos y capturarnos por el único delito de defender nuestro territorio”, indicó José María Pineda unos de los líderes indígenas sobreseído.
“Lo valioso de esta resolución es que constituye un antecedente jurídico que sirve para otros sectores indígenas que están siendo afectados por la industria minera, hidroeléctrica u otro rubro de la industria extractiva, para que puedan alegar la falta de aplicación la consulta previa al que hace referencia tratados internacionales”, indicó Luis Chevez.
La acusación
A los indígenas se les había dictado auto de prisión por defender su territorio de la explotación del bosque el 27 de diciembre de 2012, razón por la cual, el abogado Víctor Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), interpuso un Recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula.
La justicia hondureña determinó aceptar la apelación y sobreseer a los indígenas en vista que el proyecto de extracción de madera, se efectuó a espaldas de los habitantes de la Tribu de la comunidad de San Francisco, Locomapa, Yoro, desconociendo en todo momento las disposiciones del Convenio de la OIT-169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en el que señala que se debe consultar de buena fe con las comunidades indígenas, con la finalidad de llegar a acuerdos.
El Plan de Manejo de Explotación de Madera en tierras de las comunidades indígenas había sido autorizado por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) sin consultar a la comunidad, violentando las disposiciones de este Convenio OIT-169, que protege también los derechos humanos, por tanto, la documentación al no haberse consultado, resultó ilícita.
Por esa razón la Corte decidió revocar el Auto de Formal Procesamiento venido en apelación y decretar sobreseimiento definitivo a favor de los habitantes de la comunidad; y además, revocar las medidas cautelares impuestas en su momento a los referidos encausados: Melvin Mercedes Castro Matute, Armando Funez Medina, Carlos Roberto Martínez Matute, Bernardo Martínez, Santos Matute, José María Pineda Cardona, Celso Alberto Cabrera Matute y Juan Matute.
Continúan las amenazas
Las familias indígenas tolupanes de la tribu San Francisco, que salieron luego del asesinato de tres de sus compañeros, regresaron este 22 de febrero del año anterior a sus casas y se han visto seriamente amenazados, por las mafias de mineros ilegales, dedicados a la extracción de antimonio, la destrucción del bosque y la construcción de una represa hidroeléctrica.
“Es importante recordar que producto de esa conflictividad en la zona de San Francisco de Locomapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH impuso medidas cautelares para nosotros. Sin embargo el Estado no ha reaccionado en la protección nuestra”, indicó Merary Soto, beneficiada con las medidas.
El 18 de diciembre 2013 la CIDH otorgó medidas de protección a favor de 18 indígenas miembros del MADJ de Honduras, así como de sus familiares.
En total se ordenó proteger a 38 personas en virtud de los actos de hostigamiento, amenazas y agresiones que han sufrido como consecuencia de sus acciones en defensa del medio ambiente.
La Tribu San Francisco, está conformada por 15 aldeas entre las que destacan: Los tolupanes del Palmar, Cabeza de Vaca Uno y Dos, San Francisco Aldea, San Francisco Campo, Las Brisas entre otras comunidades de las cuales sus dirigentes denuncian que los sicarios reciben dinero de madereros, mineros, terratenientes para que impidan el nombramiento del nuevo consejo de la tribu.
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