La economía de Honduras no ha experimentado ningún crecimiento significativo en los últimos seis años. Durante el gobierno de José Manuel Zelaya se visualizó un crecimiento significativo en el PIB, y las razones son varias. Por un lado, la economía norteamericana, principal país importador de la incipiente industria manufacturera no había sido trastocada como producto de la crisis inmobiliaria. Por otro lado, los desembolsos de Petrocaribe y del ALBA provocaron estabilidad para el sector agroexportador, y desde luego la situación para la pequeña empresa era completamente diferente por la estabilidad de los precios y la existencia de circulante que incidía en la excesiva demanda de los bienes y servicios producidos por la pequeña y mediana empresa.
Diputados hondureños aprueban reforma fiscal. Fuente: El Heraldo
El golpe de Estado implicó una enorme desaceleración económica producto del clima de inestabilidad política; así mismo, el gobierno usurpador de Michelleti se vio en la obligación, para cumplir con los compromisos salariales y demás proyectos estatales, de hacer uso de las divisas internacionales. Eso por un lado, pero también se tenía que pagar a los actores involucrados en la defenestración del gobierno y por ello se arrastró en oscuros actos de corrupción y de malversación de los fondos públicos con las divisas del Estado.
El gobierno ilegítimo de Michelleti solamente estuvo siete meses en el poder, pero ese espacio de tiempo fue lo suficiente como para desbaratar las finanzas del Estado y enriquecer a los grupos responsables de sostener a través de la fuerza militar el modelo bipartidista de gobierno.
La estocada del Lobo
El gobierno de Porfirio Lobo fue el resultado de la crisis política abierta con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Previo al suceso, las encuestas demostraban la amplia diferencia entre la candidatura del Partido Liberal y la de Porfirio Lobo. No obstante, como producto del descontento de las bases liberales y los trabajadores, las organizaciones populares dieron una tenaz y fiera lucha contra los golpistas y sus instituciones; lastimosamente las direcciones oportunistas privilegiaron el proceso de la negociación sobre la lucha, y se impusieron frente a los sueños de muchos.
Ante el enorme retroceso producto de la derrota y el giro electorero de la dirección, el panorama se presentaba ampliamente favorable para las políticas de ajuste y de miseria de Porfirio Lobo. De la misma manera, se inició un proceso de desarticulación de lo público a través del saqueo de las empresas estatales como Hondutel, SANAA, ENEE, así mismo con los institutos de seguridad social y de previsión. La mala administración de la institucionalidad del Estado, acompañada de los más grandes actos de corrupción, así como una política débil que no aseguraba una recaudación eficiente de los tributos, contribuyeron al aumento del déficit fiscal, dado que el Estado de Honduras gastaba más de lo que obtenía.
El déficit provocado por el clientelismo político y el enriquecimiento ilícito de los administradores de lo público determinó que el Estado a través de sus representantes iniciara un proceso de endeudamiento con la banca privada nacional, que ante la liquidez que el Estado les aseguraba se permitió prestar a través de elevadas tasas de interés y a corto plazo al gobierno de Porfirio Lobo.
Esta política de endeudamiento provocó enormes daños colaterales, entre los que podemos destacar: cierre de instituciones públicas como el INHFA, incumplimiento en el pago de los trabajadores públicos, irrespeto a las normas laborales, sobre todo las que se refieren al aumento de salarios por costo de vida, reducción del aparato estatal, despido masivo de trabajadores y una excesiva carga tributaria para el pueblo trabajador.
El gobierno de Juan Orlando Hernández no ha demostrado ser distinto que el gobierno de su predecesor; ha asegurado aplicar una batería de reformas desde su mandato en la Asamblea legislativa anterior para desbaratar las enormes conquistas sociales y reducir de forma cuantiosa los ingresos de los trabajadores y con ello su calidad de vida. No obstante, alternamente ha logrado enriquecer de forma desproporcionada al grupo de empresarios que han sostenido su proyecto político. Este es el caso de los dueños de la banca privada y el de las empresas generadoras de energía térmica, así como los dueños de empresas de servicios como los restaurantes de comida rápida y cadenas hoteleras, entre otros.
El aumento excesivo del precio de los productos de primera necesidad, producto del deficiente control que debería de asegurar el Estado ante la voracidad de los empresarios versus los ingresos raquíticos de los trabajadores ante la depreciación del Lempira son las variables que han asfixiado las economías de los hogares populares en Honduras durante el primer año de gobierno. Por tal razón, desde el Partido Socialista Centroamericano, proponemos organizarnos en pequeños colectivos en los barrios y colonias, así como fortalecer los organismos populares, gremiales y sindicales para iniciar una jornada de lucha para exigir un aumento general de salarios y el control los precios de los productos de la canasta básica.
El golpe de Estado implicó una enorme desaceleración económica producto del clima de inestabilidad política; así mismo, el gobierno usurpador de Michelleti se vio en la obligación, para cumplir con los compromisos salariales y demás proyectos estatales, de hacer uso de las divisas internacionales. Eso por un lado, pero también se tenía que pagar a los actores involucrados en la defenestración del gobierno y por ello se arrastró en oscuros actos de corrupción y de malversación de los fondos públicos con las divisas del Estado.
El gobierno ilegítimo de Michelleti solamente estuvo siete meses en el poder, pero ese espacio de tiempo fue lo suficiente como para desbaratar las finanzas del Estado y enriquecer a los grupos responsables de sostener a través de la fuerza militar el modelo bipartidista de gobierno.
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