Rebelión
Por Mario Sosa
Jorge Alaminos
Continuadas han sido las denuncias y pruebas presentadas por el gobierno de Nicolás Maduro, sobre la relación íntima de las fuerzas opositoras y el gobierno de los EEUU, en su búsqueda por derrocarlo a través de un golpe de Estado. Esta política del imperio estadounidense es la continuidad de la estrategia que fue iniciada con la llegada de Hugo Chávez Frías al poder en 1998, debido a que implementó políticas soberanas e independientes. Es parte, además, del continuum injerencista y agresor, aplicado sobre Latinoamérica en su conjunto y sobre otros países en otras regiones del mundo, como sucede en la actualidad con Rusia, Siria, entre otros.
Para el caso de Guatemala, el intervencionismo de Estados Unidos ha sido experimentado a través de acciones político-militares, como sucedió con el derrocamiento del gobierno legítimo de Jacobo Árbenz Guzmán en 1954, y como se repitió a través del financiamiento, asesoría y venta de armamento (de forma cruzada a través de Israel) hacia los gobiernos militares que incurrieron en crímenes de lesa humanidad durante el guerra interna. Asimismo, con acciones de presión “blandas”, como sucede en la actualidad.
Lo anterior viene a colación de la orden presidencial de Obama, del lunes 9 de marzo, en la cual impone sanciones a funcionarios venezolanos con el falso argumento de sancionar a personas implicadas en la erosión de derechos humanos, la persecución de oponentes políticos, la restricción a la libertad de prensa y el uso de violencia. Argumento falso siendo que el gobierno venezolano ha venido enfrentando a una oposición violenta, que por esta vía ha pretendido derrocarlo. Es decir, ha venido enfrentando los atentados en contra de un gobierno legítimamente electo. Es ese gobierno legítimo y el poder judicial de Venezuela, los que han detenido y sometido a proceso judicial a los líderes opositores golpistas y que han dirigido la “guarimbas”, es decir, hordas que han asesinado a otros ciudadanos venezolanos. Además, la supuesta restricción a la libertad de prensa no puede sino entenderse en un contexto en el cual, los empresarios dueños de los principales medios de difusión masiva, han sido parte de dichas intentonas golpistas, pero donde las críticas al gobierno de Maduro se expresan libremente. Además, está demostrado que han sido las fuerzas desestabilizadoras las que han asesinado a militantes y simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro, y en aquellas excepciones en las cuales policías o militares han sido los responsables, estos han sido sometidos a proceso judicial.
Las justificaciones de la orden de Obama, que constituyen la implementación de una ley estadounidense aprobada por el Congreso estadounidense el 18 de diciembre de 2014, no son más que su deseo por generar una matriz de opinión que justifique la continuidad de su política imperialista. Es una decisión a todas luces abusiva, injerencista y agresiva sobre asuntos y sobre un Estado soberano, como el de la República Bolivariana de Venezuela.
¿Acaso el gobierno de Obama no perseguiría policial y judicialmente a personas, fuerzas políticas o empresas de prensa que estuvieran impulsando acciones para concretar un golpe de Estado en ese país?
Lo más grave de la orden presidencial de Obama, además de la asesoría y financiamiento a buena parte del liderazgo de la oposición venezolana, es el discurso que utiliza en dicha medida, cuando declara la situación en Venezuela como una "amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidenses". Y es grave porque las acciones del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela han sido en respuesta a las acciones previas de Estados Unidos: su injerencia a través de la asesoría, financiamiento y conducción de los planes golpistas, así como las sanciones en contra de funcionarios públicos del gobierno legítimo y democráticamente elector de Nicolás Maduro. Y aún más grave, porque al realizar tal declaración, Estados Unidos estaría preparando acciones de distinto orden para derrocar al gobierno de Maduro, incluidas acciones militares.
Es obvio que Venezuela no está amenazando ni tiene la capacidad para amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos. Contrario a lo que significan dichas medidas y declaraciones en contra de la República Bolivariana de Venezuela.
La defensa legítima y sin vacilación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, no se ha hecho esperar. Ha impuesto sanciones a funcionarios y ex funcionarios estadounidenses, por sus acciones injerencistas en contra de Venezuela y por violaciones a Derechos Humanos, como son los casos probados de George W. Bush y Dick Cheney. Ha impuesto condiciones de visado similares a las que exige Estados Unidos a los venezolanos para ingresar a su territorio. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha declarado, asimismo, que Estados Unidos no tiene ninguna jurisdicción para imponer ninguna ley, norma o sanción contra la institucionalidad y soberanía de Venezuela. Y como respuesta inmediata a la medida de Obama del lunes 9 de marzo, ha llamado a consulta inmediata a su encargado de negocios en Estados Unidos.
A la acción injerencista de Estados Unidos ha correspondido la reacción legítima, digna y soberana de la República Bolivariana de Venezuela, así como el respaldo de bloques regionales como el de UNASUR al gobierno de Nicolás Maduro ante las intentonas golpistas.
Ante la agresión e injerencia contra la República Bolivariana de Venezuela, Estados Unidos agrede nuevamente a Latinoamérica. Ojalá los gobiernos democráticos y progresistas de la Patria Grande y sobre todo los pueblos latinoamericanos, estemos a la altura para responder contundente y unitariamente a esta nueva agresión, en el entendido que una agresión a la República Bolivariana de Venezuela es una agresión contra todos nuestros pueblos.
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