Cada día, la población hondureña se ha acostumbrado a desayunar, almorzar y cenar con noticias manchadas de sangre. Asesinatos de mujeres y jóvenes se han normalizado y la población receptora y víctima en potencia, justifica y se paraliza por el temor. Esto no es de ahora, dice el analista Fabricio Herrera; estamos en un momento de rebote, en que la pelota de violencia bajó en un momento pero de un solo impulso se elevó y son pocos los interesados en bajarla.
Herrera cree que para explicar la alta tasa de homicidios de ahora, que ha colocado a Honduras como el país más violento del mundo, hay que tener una visión integral de seguridad y una lectura histórica desde el momento de la colonización. Plantea que la sociedad aun carga con estrés postraumático de las guerras antiguas.
“Veamos por ejemplo el trastorno por estrés postraumático, tomando en consideración desde la conquista, fue una invasión a través de la guerra y trajo la muerte, violaciones y desapariciones; la gente tuvo que ver como violaban y asesinaban a su pueblo”, explica Herrera.
Luego -continúa el investigador- llegó la colonia. Un periodo de dominación. Después el tiempo de la república en que las guerras centroamericanas dejaron miles de muertos con la intervención de los piratas, británicos y norteamericanos.
Al actual momento le antecedió el siglo XX en que la guerra por el poder político se desató con el Partido Nacional y el Partido Liberal, a quien Herrera llama las primeras maras por esa lucha territorial que los caracterizó en ese momento.
En ese mismo siglo se dio la dictadura de 17 años de Tiburcio Carías Andino, el periodo de “encierro, destierro, entierro”. La dictadura se extendió con el gobierno de Gálvez hasta que se da el primer golpe de Estado en 1957 que precede a una dictadura militar larga hasta 1980 solo con dos excepciones, cuatro años de gobierno entre Ramón Villeda Morales (3) y Ramón Ernesto Cruz (1). A este periodo le siguieron puros gobiernos militares y militarizados como el de Suazo Córdoba y el de Azcona. Callejas inaugura una nueva forma de gobierno en 1990, menos militarizada y más al servicio de los poderes económicos y la geopolítica de Estados Unidos con la implementación del neoliberalismo.
Muchos opinan que ahora vivimos el inicio de una dictadura que arrecia el neoliberalismo y que vive de la necrofilia.
¿Dictadura?
Herrera planteó en esta entrevista para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, que existen 6 elementos que prueban que actualmente el país se rige bajo una dictadura y que esto tiene relación directa con la barbarie que se vive en las calles.
Apuntó:
1.Concentración de poder en una sola persona. Lo dicen las leyes que aprobó Juan Orlando Hernández. Coloca en indefensión a la gente, quien no puede denunciar porque todas las autoridades responden a su figura.
2.Militarización: se concentra todo el poder en grupos élites, y se militarizan los procesos de entrega del territorio como las Zonas Especiales de Desarrollo, explotación minera, etc.
3.Represión política. Mediatizar la ideologización de las protestas, movimientos populares y oposición política lleva a la represión posterior y violencia.
4.Criminalización conducida por los medios de comunicación en el caso de campesinos, indígenas y mujeres.
5.Terrorismo judicial
6.La total negación de la libertad de expresión a la gente.
Dice Herrera que la falta de democracia tiene relación directa con la violencia que abunda en los rincones de Honduras. “Cuando se hace una revisión de los países que tienen mayor participación democrática, cuales son los que tienen mayor transparencia en las finanzas y comportamiento del Estado, mejor distribución de la riqueza, mayor desarrollo humano, vamos a encontrar 11 países; los germanos (Alemania y Austria), los ingleses (Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia) , los nórdicos (Noruega, Finlandia, Suecia) y Japón. Con una visión penal distinta a la nuestra, sin enfocarse en militarizar.
Si se toman los 4 casos más exitosos en América en los últimos 10 años: Boston, Massachusets; San Diego, California; Santa Fe, Bogotá y Santa Tecla, El Salvador va a encontrar la misma fórmula, ellos bajaron en 70 puntos la tasa de homicidios en el primer año de aplicación de una política pública de desarrollo humano y democracia.”
Una joven de 15 años cuya circulación se limita por una lucha territorial de maras o pandillas, un joven de 14 años que no puede seguir estudiando por falta de recursos económicos y cuando busca trabajo no encuentra, son pocos ejemplos de una sociedad cautiva cuya vida no está en sus propias manos ni sus decisiones son libres. Herrera dice que la violencia se origina de la falta de participación de las personas en tomar decisiones en su propia vida, de la intromisión de un Estado sumamente autoritario y pocas oportunidades de desarrollo.
“Si hacemos una línea histórica de violencia, vamos a encontrar incluso momentos hace 80 años, donde la tasa de homicidios semanal era altísima, la violencia no se ha querido resolver, ni por el Estado, ni las ONGS, ni los académicos. Todos los que intervienen en el tema de seguridad toman esta crisis como si es una excepción de la regla pero no hay nada nuevo, solamente han cambiado las dinámicas y tiene que ver también con la ruptura en 2009 después de un golpe de Estado”, explicó.
Las nuevas dinámicas fortalecidas con viejas prácticas
La corrupción de los gobiernos, la politización infiltrada hasta en los procesos de investigación criminal y la relación de interdependencia entre los poderes económicos y políticos han llevado de crisis en crisis a Honduras a través de la historia.
Una nueva dinámica de violencia, por ejemplo, es el narcotráfico que desde el asesinato de Pablo Escobar en la Colombia de 1993 se consolidó cuando Honduras formó parte de la nueva ruta del tráfico que trazaron los herederos del imperio de la coca.
El actual gobierno de Honduras ha mediatizado sus supuestas acciones contra el narcotráfico al cual, además culpa de los altos índices de asesinato junto a otras formas de crimen organizado que se vinculan como las maras y pandillas y bandas criminales.
Para Herrera, hay muchas preguntas que hay que hacerse. “¿Quién está capturando a estas personas no está vinculado al narco? Con Alfredo Landaverde discutimos en un momento esto. Por ejemplo aquí aterrizan avionetas con cargamentos, pero ¿quiénes tienen los radares? Aquí es hablar de altos líderes de los Cobras, policías, militares y alcaldes vinculados.”
Como indica el sacerdote jesuita Ismael Moreno en su artículo Así terminó el reinado del cartel de Los Cachiros, “la criminalidad en Honduras, el país al que llaman el más violento del mundo, está estrechamente ligada al narcotráfico. La situación en Honduras se le ha ido de las manos a Estados Unidos, que ha puesto en marcha una versión del Plan Colombia, que incluyó una militarización de aquel país y una negociación con los grandes capos colombianos de la droga, un plan que Estados Unidos presenta como un gran éxito de su política exterior… La Alianza para la Prosperidad de los tres países del Triángulo Norte centroamericano tiene que ver con la versión del Plan Colombia que quieren para Honduras. Pero, estando tan atravesada la sociedad hondureña por el crimen organizado, por sus causas y por sus efectos, tal vez estos planes llegan demasiado tarde”.
Herrera cree que aquí se debe discutir la doble moral de Estados Unidos con sus políticas hacia el país. Es claro, que aunque el gobierno mediatiza este proceso como logro propio, todo ha sido maquinado en el país del norte, destino principal de la droga que deja su paso sangriento por Centroamérica.
“Estados Unidos busca una solución militar contra el narco porque a ellos les da control sobre los Estados. No hay un seguimiento de la droga que entra a EEUU porque solo llegan los mapas a la frontera México-EEUU. Y hay registros históricos de involucramiento de autoridades norteamericanas como es el caso Camarena que vincula a la CIA, (Agencia Central de Inteligencia), el caso de Irán Contras que vinculó drogas, personas israelitas que ahora están en el país estuvieron vinculados al tráfico de 10 millones en cocaína por el cual el general Rosa Bueso guarda prisión todavía. Han vinculado en otros casos a Oscar Alvares Martínez, lo publicó La Tribuna y ha dado vueltas por internet cuando se le vio saliendo de West Point en tráfico de drogas. Estamos en una lucha de control de narco-estado con intervención de EEUU”, dijo.
Para Herrera, las extradiciones son expresión de quedar bien con Estados Unidos y terminar con las posibilidades de resolver el problema.
¿Violencia dirigida o generalizada?
Para contestar esta pregunta se requiere de algo que actualmente es el eslabón débil de todo el sistema en Honduras: la investigación criminal.
El ex director de Medicina Forense y especialista en criminología, Dennis Castro Bobadilla apunta que la escasez en medidas integrales y orientadas a una acción científica contra el delito, se debe a la terquedad y el sectarismo político.
“Cuando un país somete a la política vernácula un tema como estos, suceden estos efectos. Esto no es de partidos, es un problema de nación donde todos debemos participar, pero la mayor parte de los que ocupan cargos están rodeados de la improvisación, de personas sin conocimiento ni experiencia, eso está más que a la vista”, dijo.
Cada asesinato lleva consigo una explicación de las autoridades encargadas de la seguridad del país, y esta explicación generalmente culpabiliza a la víctima para despejar la pregunta que planteábamos antes, y deducir, antes de investigar, que los hechos son dirigidos y no generalizados. Es decir, que las víctimas prácticamente se buscaron esa muerte y nadie más que los involucrados en crímenes puede ser el blanco de las balas.
“Se ha desarrollado una parte mediática sobre la acción delictiva del narcotráfico pero hemos dejado de lado la criminalidad corriente, lo que es el diario vivir de la nación, que está tomando territorio en nuestro país, incrementándose gracias a la falta de registro de miembros o exmiembros de los cuerpos de seguridad del Estado que se quedan en las ciudades, sin ocupación, que nadie sabe dónde están y luego se los ve involucrados en hechos que son impresionantes”.
Si no hay investigación científica del delito, la impunidad criminal que hay en Honduras es tan grande, que da paso a lo que está ocurriendo en la actualidad, dijo el ex director de Medicina Forense.
Bobadilla cuenta una anécdota para demostrar cómo la politización pudre todas las estructuras. Cuenta que una dirección de Medicina Forense está dirigida por dos hermanos, uno subordinado del otro solamente por cuello político. “Las evidencias deben ser estudiadas por un verdadero forense, no por alguien que está en el cargo por estómago, la gente que tiene que estar debe ser científica, no parientes y este desorden de nepotismo en los cargos de investigación criminal no puede seguir en el país. Esta población de Honduras está postrada por esta circunstancia, Honduras tiene recurso humano valiosísimo pero desintegrado porque los espacios de cargos públicos están reservados a familias exclusivas”, expresó Bobadilla recordando que además la estrategia de militarización ante la falta de investigación responde al populismo penal punitivo vendido como solución desde Colombia.
Este populismo radica en la parte mediática, por eso cada vez que sucede un crimen salen los militares, disminuyen las acciones en el código procesal penal, destituyen jueces, y comienzan a llenar cárceles.
Aunque hubo procesos de reforma a la seguridad pública, fueron desviados y controlados directamente por el presidente y de esas decisiones concentradas nacen organismos como la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina) que en vez de especializar la investigación la unifica en una sola unidad militarizada.
“Con Fusina nos están dando atol con el dedo y lo estamos comiendo. Este gobierno no está haciendo cambio cultural positivo, más bien está planteando la guerra. Hay para chalecos, balas, carros para militares, pero no para salud y educación. ¿Quiénes se benefician? El Cohep (Consejo Hondureño de la Empresa Privada), las empresas quienes también lavan el dinero del narcotráfico y los bancos. Todo esto porque no lo investigan, estos que toman decisiones en términos de seguridad están involucrados”, dice al respecto Fabricio Herrera.
Herrera además apunta que las decisiones son claramente tomadas para beneficiar a quienes ostentan el poder absoluto en Honduras. Por ejemplo, la salida del director de la Policía, Ramón Sabillón respondió, según algunos analistas a la operación que dio con la captura de los hermanos Valle, famosos narcotraficantes del occidente del país. Y que los nuevos nombramientos en la Secretaría de Seguridad respondían a este sector oscuro que estuvo en desacuerdo con esa captura.
Por otro lado, Herrera cuestiona además el nombramiento del general retirado, Julián Pacheco Tinoco, como titular de la Secretaría de Seguridad, un militar que antes estuvo en la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. Tinoco es el hombre del poder de la información.
“Si uno toma el acta de seguridad nacional de EEUU de 1947 cuando ellos se reconfiguran después de la II Guerra Mundial, todas las entidades de investigación del Estado, y se crea la CIA, la NSA, agencias que nos han perjudicado mucho a los latinoamericanos. Ahora cuando usted ve los paquetes de leyes que metió Juan Orlando Hernández al Congreso siendo presidente de este poder usted va a encontrar un clon, en el acta de EEUU se crea la dirección nacional de inteligencia, y aquí se crea la dirección nacional de inteligencia e investigación, DNII esa fue la que dirigió Julián Pacheco, esto nos da la pauta de donde viene ese enlatado”, explica Herrera.
La doctrina de seguridad nacional se ha reactivado y tiene como objetivo tener la población desideologizada y despolitizada reprimida a fin que los grupos de poder puedan operar en beneficio de las grandes trasnacionales y EEUU, a eso responde toda la estructura, según este analista.
Reformas
Después de los últimos hechos violentos que además han sido vendidos una y otra vez a través de los grandes medios de comunicación magnificando el terror, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha llamado a reformar legislaciones: el artículo 332 del Código Penal llamado “Ley antimaras” que se creó durante el periodo gubernamental de Ricardo Maduro en 2002 y la Ley de portación de armas, que el año pasado organizaciones de sociedad civil pidieron reformar pero no tuvieron resultado.
En este último caso, el presidente de comisión de Defensa del Congreso Nacional, David Chávez explica que la reforma implica reglamentar la portación de armas de modo que al momento de sacar un permiso haya un sistema que diga si la persona tiene antecedentes penales, si pasa las pruebas psicológicas, toxicológicas, y saber si la persona es apta para portar un arma. Mientras que aún se está consensuando si sigue en manos de las FFAA este negocio.
Por su parte, el diputado Walter Banegas, del Partido Anticorrupción (PAC), expresó que “las reformas tienen que enfocarse en las personas que portan las armas y no la cantidad de armas a portar. Debido a la misma ilegalidad de la portación no sabemos cuántas armas hay. Hemos exigido que la política del Estado debe enfocarse en la prevención y no la represión”.
También el diputado Rassel Tomé, del partido Libertad y Refundación expresó que “se necesitan políticas que combatan la causa de la criminalidad y no la consecuencia. La causa es la exclusión, la pobreza, la situación de jóvenes que no tienen un empleo. Me dice usted que van a destinar 300 millones de lempiras para un centro penal en Santa Bárbara y cuánto están invirtiendo para mobiliario, pupitres y nuevas escuelas. La ONU ha establecido que todos los países que han implementado políticas de mano dura han fracasado”.
Además Juan Orlando Hernández esta semana envió al Congreso Nacional una solicitud de reformas al artículo 332 del Código Penal, porque considera que dicha normativa no está siendo efectiva en los castigos para los grupos criminales.
A criterio de los analistas en derechos humanos y en temas de seguridad, el mandatario debe socializar con los distintos sectores las propuestas de reformas, pero también debe de enfocarse en programas que eviten el involucramiento de los jóvenes en las maras, pandillas y otros grupos criminales.
Juan Almendarez, del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las víctimas de la Tortura (CPTRT) dijo que “sería muy importante precisar cuál es la política criminal de Estado que generalmente no se precisa, hasta ahora ha consistido en una política inquisitiva, persecutoria y con tendencia represiva”.
También el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez declaró que “aquí hay que desarrollar paralelamente a la lucha férrea contra las maras y pandillas y sobre todo contra sus liderazgos que es donde claramente hay que hacer los golpes, la prevención para que jóvenes en riesgo social no entren en esta situación, hay un llamado a la iglesia, a los padres y madres de familia, a la sociedad y al gobierno, por algo tenemos estas condiciones porque dejamos de hacer mucho, la reflexión es no meter a la cárcel a los jóvenes porque en eso se va todo el país preso, es evitar que la juventud caiga en una situación que comprometa su vida y la de los demás”.
Analistas han coincidido en que la reforma al 332 que se dio en el gobierno de Maduro, además de dar luz verde a ejecuciones extrajudiciales por parte de entes del Estado y las masacres de jóvenes, desató en las organizaciones criminales un recrudecimiento de la violencia. Con el 332 las maras y pandillas se reestructuraron y comenzaron a operar con mayor poder desde centros penales que por sus malas condiciones se convirtieron en escuelas del crimen y en los barrios comenzaron a actuar más en la clandestinidad, encerrando las comunidades y dejando en el silencio a las víctimas.
Los crímenes en el país obedecen a que el gobierno sigue con el mismo comportamiento. Medidas que han aumentado la impunidad. “Cuando la impunidad es un paraguas, entonces el crimen y la violencia encuentra un respaldo, las elites políticas y económicas ligadas al crimen organizado son un mal ejemplo para el crimen común en función de que la estructura estatal no funciona para castigar”, dijo Méndez.
Por su parte el forense Bobadilla dice que “la investigación criminal no tiene un nivel de prosperidad porque el nivel de corrupción con el que fueron nombrados el fiscal general, el fiscal adjunto, el ministro de seguridad, lógicamente tiene una influencia en la tomas de decisiones, mientras no tengamos una administración publica comprometida con acabar la corrupción, todo seguirá siendo lo mismo”.
Para Herrera, estamos viviendo los efectos naturales de una lógica simplista del actual gobierno llena de prejuicios en términos de seguridad, que ha llevado a errar.
Y Herrera plantea que la violencia es generada intencionalmente: “Toda la población es blanco de la violencia, se juegan muchas cosas, hay un Estado corrupto que se beneficia mucho de la inseguridad. Siempre han ganado en término de terror, los que toman decisiones ganan poder y dinero en que exista una situación sin solución en el tema de seguridad, ellos permiten incluso masacres, asesinatos a extraños para mantener la atmosfera de terror, en lo político ganan en la estabilización después del golpe de Estado que les permita aplicar la represión para que personas que son peligrosas sean víctimas de asesinato y que esto sea catalogado como violencia común”.
“La sociedad civil está vendida, incluyendo dentro de Derechos Humanos, vendida al sistema, al régimen o atemorizada debajo de la mesa. Y un movimiento social lleno de dictadorcitos que impiden hacer acciones para que ya no haya violencia y refundar el Estado”, Herrera plantea cambiar la historia. “Perder el miedo, organizarnos y asumir nuestra responsabilidad como dueños de este país”, concluyó.
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