Las condiciones de hacinamiento y falta de los servicios básicos en los centros penales de Honduras y Centro América representan una constante violación a los derechos fundamentales de los privados y privadas de libertad constituyendo una especie de tortura, asegura Roy Murillo, especialista en el tema.
Y es que el sistema penitenciario de Honduras apunta hacia las personas empobrecidas, víctimas de un sistema de justicia inoperante, representando una verdadera “cenicienta” como lo plantea el abogado penalista hondureño, Celso Alvarado.
“El encierro es un castigo por un hecho sancionado como delito pero tiene una finalidad rehabilitadora, sin embargo si hay encierro sin condiciones mínimas, las cárceles terminan siendo escuelas del crimen”, Roy Murillo, consultor internacional de asuntos penitenciarios de Costa Rica.
Subcultura de corrupción
“Todavía me tiemblan los pies, estoy asustado” decía un interno del Penal de San Pedro Sula mientras el coordinador de los reclusos aseguraba frente a monseñor Rómulo Emiliani, obispo auxiliar de San Pedro Sula que la tiranía se había acabado en este centro, tras dos semanas de ocurrido un motín en el que murieron 13 privados de libertad.
Aunque todo parezca normal en esta penitenciaría, el olor a marihuana aún se siente en los pasillos y las condiciones en las que viven los privados y priva- das de libertad reflejan una subcultura donde impera la desigualdad, la ilegalidad y la corrupción.
Dentro de cada centro penal se da una subcultura, según Alvarado, una pequeña jurisdicción con población, autoridades, pequeñas comunidades donde la corrupción ha ido creciendo.
“Se sabe que hay negocios dentro del centro penal donde venden dro- gas, hay tráfico de armas, todo esto tolerado por las autoridades que en teoría deben ser la salvaguardia de que esto no suceda.” afirmó Alvarado.
Don Jesús es el interno con más edad en el centro penal de Pedro Sula, tiene 85 años, de los cuales 14 ha estado preso. Él asegura que los incidentes en los que pierden la vida los internos suceden por la contaminación que la droga ha generado en este centro.
“Todo eso es motivo de las drogas, las cosas deben mejorar porque la droga es la que mata aquí, uno hasta peligra que lo segueteen. Aquí adentro hay y venden drogas, y eso es malo. Cuando el motín, miré que la cosa se puso fea, me encendieron un tele para que estuviera tranquilo pero el tiroteo era bárbaro, estaba asustado, aquí ya no se controla esto” relata don Jesús quien vive en una bartolina con otros 17 privados de libertad de la tercera edad.
No se ven mejoras
Para el coordinador del área de Derechos Humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, Joaquín Mejía, el problema de las cárceles es grave y esto se ve reflejado en la violencia intercarcelaria que cada semana cobra la vida de las personas priva- das de libertad.
Los casos más graves como la masacre en La Ceiba, en el año 2003, en que murieron 69 personas, en su mayoría miembros de pandillas y maras, siguen estando bajo el oscuro velo de la injusticia. En este caso se juzgaron algunos culpables, pero según Mejía los autores intelectuales siguen libres y con poder.
Luego en 2004 el caso del incendio en el que murieron 107 privados de libertad en el Centro Penal de San Pedro Sula fue llevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH en busca de justicia internacional porque el Estado respondía con impunidad.
Para Isis Perdomo de la Pastoral Penitenciaria de San Pedro Sula, quienes apoyaron el proceso de denuncia ante la CorteIDH, estar en el centro penal es difícil, donde se le violan los derechos a los internos y el mismo Estado es el que crea esa situación.
“Cáritas de la Iglesia Católica ha asumido compromisos para que las estructuras cambien, no solo las físicas sino las mentales porque buscamos que hayan condiciones en las que el privado de libertad se vea como sujeto de derecho. Si usted revisa los nombres de los internos no hay apellidos de la alta sociedad, solo personas pobres, la mayoría de escasos recursos económicos” afirmó Perdomo.
Y los últimos hechos que están lejos de esclarecerse, la muerte de 361 privados de libertad en un incendio en la Granja Penal de Comayagua y el motín en el Penal de San Pedro Sula en el que murieron 13 internos.
Para el abogado penalista, Celso Alvarado, la tendencia que ha seguido no solo con las masacres sino con hechos aislados, es atribuida a un patrón sistemático de permitir estos hechos.
“Por ejemplo la teoría del cigarrillo en Comayagua o del cableado en San Pedro Sula, nos da idea que desde ese momento no existe, por parte del Estado, interés alguno de investigar quiénes fueron los culpables y eso crea todo un velo de impunidad por no juzgar a los responsables.
Mora judicial
El error de la mora judicial trató de corregirse con el nuevo código procesal penal, según Alvarado pero hasta ahora no se ven mejoras, el 70% de los privados de libertad está sin condena.
Según el Sistema Interamericano al que Honduras pertenece, cuando una persona tiene ya dos años en prisión preventiva, y el ente investigador y el ente juzgador han sido incapaces de probar la culpabilidad y de llegar a una sentencia, lo que procede es insertar a esta persona en un proceso de reincorporación a la sociedad dejando abierta la posibilidad que estos entes puedan hacerse de mayores elementos que lleguen a sentencia.
“Muchos de esos casos existen, gente que tiene más de dos años de estar con esa pena anticipada, allí podemos ver la falla del sistema de justicia en los jueces de ejecución,” adujo Alvarado.
Ley Penitenciaria
Esta semana se aprobó en primer debate la Ley Penitenciaria que en primera instancia crearía un Instituto Penitenciario que se haría cargo de los centros penales en el país. Para Alvarado, lo que se pretende con este ente, es tratar de crear una instancia ajena a los vicios del pasado, que permita la independencia y la no injerencia de otro tipo de autoridades y que se encargue de impulsar mejoras, pero que lastimosamente como muchas leyes en Honduras puede quedar solo en papel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario