A pocas semanas de la audiencia realizada en la CorteIDH en San José, Costa Rica con el caso Guillermo López Lone y otros vs el Estado de Honduras, que conoce el caso de 5 jueces y una magistrada despedidos durante el golpe de Estado, jueces de la región centroamericana se reunieron en Ciudad de Guatemala para debatir sobre la situación de los sistemas de justicia en la región y las amenazas que se están dando a la independencia judicial.
Entre los jueces panelistas en esta conferencia estaba la jueza Yasmín Barrios, parte del Tribunal de alto riesgo que en Guatemala condenó al exdictador Efraín Ríos Montt a 80 años de cárcel por el delito de genocidio, sin embargo este juicio fue anulado y aún sigue en espera de ser reanudado con la juez Barrios fuera del caso.
Barrios también acompañó la audiencia en la CorteIDH y se ha mostrado solidaria con el caso de los jueces hondureños pues aduce que “este no solo es problema de Honduras, sino de toda la región latinoamericana y especialmente de Centroamérica”.
Aunque Barrios no se refiere abiertamente a quienes están amenazando los sistemas de justicia en la región , asegura que estas personas están en contra de la justicia y la libertad en estos países tan vulnerados.
Esta jueza, quien anda escoltada desde 2010 a raíz del juicio en el que condenó a dos militares y un sacerdote por el asesinato del obispo y defensor de derechos humanos Monseñor Gerardi en Guatemala, tres años antes del juicio contra Ríos Montt, asegura que su vida no ha cambiado mucho y que nunca ha pensado en renunciar por miedo a que algo le suceda pues es su trabajo defender a los ciudadanos y ciudadanas que no tienen siquiera la opción de huir de la realidad violenta en la que se vive en la región.
Para Barrios, aún cuando el juicio de Ríos Montt está prácticamente parado, el sistema de justicia guatemalteco ha dado lecciones de independencia judicial a la región y el mundo al dar una resolución por el delito de genocidio.
Sin embargo, el juez salvadoreño Leonardo Murcia quien también era panelista de esta conferencia, asegura que aunque en Centroamérica las expresiones de amenaza son distintas en cada país, es muy común que poderes fácticos, económicos y políticos quieran torcer la ley en su beneficio utilizando diversas herramientas. Por ejemplo, en muchos casos, pasa en Honduras y Guatemala, la herramienta es el control de la carrera de los jueces a través de regímenes disciplinarios mal utilizados.
“En El Salvador, aunque las cosas se han estabilizado, muchas veces sucedió que los jueces que incomodaban con sus resoluciones a los grupos de poder eran sancionados y hasta se les levantaba procesos judiciales y eso es inaceptable en todos los sentidos”, dijo este juez, quien hace alrededor de 8 años encabezó hasta movilizaciones para exigir independencia judicial en su país.
Un sistema de justicia cooptado por intereses políticos, económicos y hasta criminales solamente genera más impunidad y actualmente que la región centroamericana, especialmente el llamado triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) es la más violenta del mundo, la administración de justicia es clave en el auge de la criminalidad.
“Los jueces tienen un rol que es solamente el de juzgar pero en torno a esta labor existen policías, fiscales, toda una preparación previa del caso para tener éxito en las resoluciones, pero la criminalidad violenta está superando a las capacidades de los Estados con respecto a la preparación de los casos ya ingresados al sistema de justicia. Otro factor es la deficiencia en la policía y órganos de investigación, El Salvador tiene avances pero hay otros países con limitaciones.
Pero un último factor sumamente importante es lo que tiene que ver con las fronteras, el criminal no tiene fronteras y se fortalece ante la falta de un régimen de control interfronterizo. Nosotros nos ponemos fronteras, los gobiernos nos ponen fronteras cuando somos hermanos y son pocas las diferencias entre los pueblos”, explicó el juez Murcia.
El caso Honduras
Esta semana en Honduras entró en vigencia una reforma del Consejo de la Judicatura que da la tarea a militares de realizar pruebas de confianza a jueces. Teodoro Bonilla, vicepresidente del Consejo de la Judicatura, dijo a medios de comunicación nacional que si se buscaba una firma internacional para certificar las pruebas de confianza, el Poder Judicial gastaría millones y millones de lempiras. Las pruebas que desarrollarán a los primeros 21 funcionarios incluyen la del polígrafo, psicológica, patrimonial y toxicológica.
Los concejales argumentaron que la Ley del Consejo de la Judicatura establece que son las Fuerzas Armadas las que practicarán las pruebas de confianza tal y como se las aplicaron a todos los miembros del Consejo de la Judicatura.
Sin la aplicación de pruebas de confianza, los concejales ya separaron a 49 funcionarios judiciales de forma definitiva y suspendieron 102 de los cuales seis interpusieron recursos de amparo, mismos que fueron admitidos con suspensión del acto reclamado, es decir los concejales tienen que pagarles los tres meses que fueron suspendidos y así lo prometieron en la conferencia de prensa.
Desde octubre de 2013 que comenzó funciones un nuevo Consejo de la Judicatura, este tipo de medidas se han venido dando en el Poder Judicial, el gobierno asegura que esta es la prueba de que quieren sacar “las manzanas podridas del poder judicial” mientras que jueces asociados creen que es violatorio a sus derechos y no elimina el mal de fondo que es la corrupción en los procesos de selección de jueces.
El abogado Guillermo López Lone, uno de los jueces despedidos durante el golpe de Estado de 2009 aseguró en entrevista a Radio Progreso que “la reforma judicial que se ha propiciado en vez de ser un avance ha venido a dejar una situación de mediatización, no le han dado el desarrollo a la ley de Consejo de la Judicatura en el sentido de regular los ingresos, hacer concursos transparentes, hacer un régimen disciplinario que respete el debido proceso, no han actuado en defensa de la independencia judicial, nada de esto ha sucedido, las nuevas autoridades nos dan un sistema de justicia de viejo cuño, conservador, rezagado de los grandes cambios que requiere la institucionalidad de Honduras”, explicó Lone.
El ex juez de Sentencia es miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia, quienes han llevado al Estado de Honduras ante la CorteIDH y a finales de este año esperan una condena que sea de carácter ejemplar porque le dirá al Estado que sus acciones han sido incorrectas con respecto a la sanción de los jueces, porque le va a señalar las debilidades en la independencia judicial y seguramente le mandará al Estado que ponga en práctica reformas de carácter legislativo a las reformas de carácter judicial, si se cumple la sentencia se marcaría un antes y un después para el poder judicial, una oportunidad para retomar el rumbo que se creía que iban a traer las reformas de 2013.
“Este ha sido un escenario de carácter internacional para debatir los problemas de independencia judicial en Honduras, de falta de avances, y ha quedado al desnudo que no hay una ley que regule adecuadamente la carrera judicial, que regule funcionalmente el desarrollo del poder judicial. A pesar de estar cerca de una condena, el actual gobierno parece no tener voluntad de hacer cambios profundos que propicien la independencia judicial", según Lone.
“Actualmente no hay voluntad de las autoridades del Estado, una visión de un Estado que se construya alrededor de la división de poderes, autonomía de los poderes, por el contrario, el presidente de la república quiere subordinar los poderes del Estado. Procesos de evaluación de los jueces con pruebas como la del polígrafo que es inaceptable pique esa desconfianza hacia los jueces demuestra que los operadores de justicia no son seleccionados con procesos transparentes. Además no es igual que se evalúe a un miembro de las instituciones de seguridad que a un juez, es un contrasentido, un populismo que quiere dar publicidad al actual presidente diciendo que se está haciendo algo por transformar el poder judicial cuando sigue siendo un poder corrupto, la mayoría de los jueces son prevaricadores y están alineados con el poder político y económico”, dijo Lone.
Tanto Barrios, como Murcia y Lone coinciden en que es muy importante que la sociedad centroamericana conozca la importancia de tener sistemas de justicia independientes e imparciales ya que los jueces son los que aplican la ley y deben hacerlo siempre en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas buscando el bien común y la justicia.
Además, con el caso Honduras se ha evidenciado que los jueces deben defender sus propios derechos constitucionales, entre ellos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, pues son ellos quienes deben garantizar que estos derechos sean ejercidos por la ciudadanía en general.
“Al respetar el derecho de los jueces, se respeta el derecho de todos los ciudadanos. Es importante que conozcamos nuestros derechos y que los ejercitemos, los tratados sobre derechos humanos, eso ayuda a fortalecer los Estados democráticos. A los jueces que trabajemos con dignidad, prontitud y respeto y que hagamos prevalecer la dignidad de las personas”, dijo la jueza Barrios al respecto.
Lone por su parte instó al pueblo hondureño a propiciar el debate, que haya jueces independientes concierne a todos. “Un poder judicial independiente es garantía para control de los excesos de los otros poderes del Estado. Es un poder que ejerce control sobre los actos ilegales de los otros poderes, sería una gran contribución en la lucha contra la impunidad. Pero el poder judicial es parte de la situación de impunidad que ocurre en el país actualmente, la Policía no cumple sus funciones, el Ministerio Público tampoco y el poder judicial es objeto de presiones e injerencias, entonces tenemos un círculo vicioso que genera mayor crisis para la situación de bienestar y la paz de las personas”, dijo Lone.
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