OFRANEH
Rebelión
Masiva migración de jóvenes amenaza con dejar vacías comunidades garífunas
El 2014 fue enormemente contradictorio para el pueblo Garífuna: mientras nuestras organización lograba ventilar el despojo de nuestro territorio ante la Corte Interamericana de Derechos humanos, los desalojos y la represión se intensificó en las comunidades, al mismo tiempo se dio una estampida de menores de edad y mujeres jóvenes hacia los Estados Unidos.
Cuando a finales del mes de abril del año pasado sonó la alarma sobre el cierre de varias aulas escolares en las comunidades Garífunas de la Bahía de Tela, ya desde semanas atrás se rumoraba la existencia de buses que partían repletos como excursiones hacia la frontera de Guatemala, sin que viajero alguno retornara. Para el mes de junio aseguraban que en la oficina de Migración de La Ceiba expedían los pasaportes a los menores de edad y el trámite incluía el coyote encargado de entregar la “mercancía” a los agentes migratorios estadounidenses.
A finales del 2013, el radioperiódico Garífuna trasmitido de boca en boca, señalaba que en la frontera estadounidense las madres al arribar con sus vástagos, no eran detenidas por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos) y automáticamente se les iniciaba un proceso de legalización.
La distorsión de la Ley DACA, creada por la administración Obama para apoyar a los denominados “Dreamers”, y la explotación de su reinterpretación por parte del crimen organizado, dio lugar a la “cruzada de los niños” en el siglo XXI, al estilo de aquel nefasto capítulo de la historia medieval, cuando miles de infantes de todos los confines de Europa concurrieron al Mediterráneo para lograr llegar a “tierra santa”, y en vez de cumplir el sueño mesiánico, fueron vendidos como esclavos por mercaderes sin escrúpulos.
El narco estado y la militarización de la infancia
A medida que el crimen organizado terminó de incrustarse en el Estado a través de las cuestionadas elecciones de noviembre de 2013, apoderándose de alcaldías y curules legislativos, el éxodo de menores de edad inició su auge. Mientras la estampida fue adquiriendo dimensiones apocalípticas, la administración del Sr. Juan Hernández reinauguraba en el mes de marzo del 2014 el programa conocido como “Guardianes de la Patria”, el que según la versión oficial, cada sábado mas de 25 mil niños recibirían “formación cívico religiosa que les permitiría ir formando el sentimiento de amor por Honduras”.
Varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron el programa de “Guardianes de la Patria" como un programa político militar impulsado por las Fuerzas Armadas y dirigido a los extractos sociales mas marginados del país, dando énfasis en un adiestramiento militar, acompañado de algunas prebendas.
“Guardianes de la Patria” se viene implementando desde el año 2010, entre menores de edad y jóvenes entre los 10 a 23 años de edad que habitan en barrios marginales y son considerados como población “en peligro de desviar sus vidas”. El Sr. Carlos Del Cid, Coordinador del programa de Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, realizó un informe por el cual fue despedido horas después de haberlo presentado.
La alarma tardía y la complicidad de estados y crimen organizado
Es para el inicio del mes de junio del año pasado, cuando los medios de comunicación alternativos en el extranjero, comenzaron a denunciar el imparable éxodo de menores de edad provenientes de los países integrantes del denominado triángulo de la muerte (Honduras, El Salvador y Guatemala), quienes arribaron a la frontera de Estados Unidos muchos de ellos sin acompañante alguno. En medio de la oleada, resaltaba el abundante número de mujeres jóvenes Garífunas emigrando con sus hijos.
El portal del US. Customs and Border Patrol señala que en el año 2014 arribaron 18,244 menores de edad hondureños sin acompañante alguno a los Estados Unidos, en el caso de las unidades familiares hondureñas arrestadas ascendió a 2074 entre octubre 1 del 2014 al 31 de enero del 2015.
Las apabullantes cifras demuestran que el éxodo contó con la complicidad de los estados integrantes del triángulo de la muerte, los cuales desistieron de ejercer un control sobre las fronteras, aumentando su porosidad e incluso cooperando con la estampidas de jóvenes y menores de edad, con el posible trasfondo político de entorpecer cualquier reforma migratoria.
Buena parte de los menores de edad arrestados en los Estados Unidos señalaron la violencia y pobreza económica como catalizadores de la estampida. Los países integrantes del triángulo de la muerte han llegado a niveles inverosímiles de homicidios al mismo tiempo que las economías han colapsado, siendo las empresas más solventes aquellas que giran alrededor de las estructuras económicas manejadas por el crimen organizado.
La Alianza para la Prosperidad, los mismos de siempre y el fantasma del colapso judicial
En noviembre del año pasado, los mandatarios de los países del triángulo de la muerte presentaron a Barack Obama, la iniciativa tripartita conocida como “La Alianza para la Prosperidad”. El documento fue elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se supone que servirá para el inicio de un despegue económico acompañado de un incremento de la seguridad.
Cabe señalar al BID como el ente financiero regional que se ha encargado en las últimas décadas en compañía del Banco Mundial (BM) de rectorar las endebles economías de nuestros países. El modelo económico excluyente que ha sido propulsado por los tecnocracias del BID y el BM han facilitado el enriquecimiento de las elites de poder locales, las cuales se han beneficiado de la crisis económica mundial del 2008, como también del establecimiento de la economía paralela creada por el narcotráfico, paulatinamente insertada en las economías locales, convirtiéndose en ciertas zonas al narco como los gestores de empleo, además de proporcionar el exiguo gasto social existente.
Por supuesto que la generación de empleo es un imperativo. No obstante la experiencia con el BID demuestra que la generación de riqueza para el grupúsculo de la elite política empresarial, únicamente ha generado mayor pobreza y miseria a nuestros pueblos. El Coeficiente de Gini en el triangulo de la muerte indica una desproporcionada acumulación de capital en manos de algunas familias feudales, mientras la gran mayoría está sumida en la miseria.
Buena parte de la inversión de la Alianza para la Prosperidad se encuentra dirigida a infraestructura contemplada en el plan Puebla Panamá, alias Proyecto Mesoamérica. La creación de corredores logísticos, la interconexión eléctrica y los cientos de represas hidroeléctricas desde hace más de una década forman parte de la narrativa de “desarrollo” que promueve el BID.
Otro de los componentes incluidos es “Mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia”. Basta recordar el fracasado multimillonario proyecto promovido por el BID, denominado Proyecto de Paz y Convivencia Ciudadana, con un costo de $22 millones, y el que no tuvo ningún resultado, mas allá de proveer jugosas consultorías y haber creado un sinnúmero de ilusiones a nivel de barrios marginales de San Pedro Sula; ciudad que ocupa durante los últimos cuatro años, el degradante primer lugar entre las urbes más violentas del planeta.
Casualmente el BID ha sido el promotor de la supuesta reforma judicial emprendida en los últimos años en América Latina. En Honduras el fracaso en el sistema de justicia ha llegado al extremo de que el 96% de los homicidios permanecen en la impunidad. Desde el colapso de la Policía Nacional hasta el golpe a la Corte de lo Constitucional han servido como caldo de cultivo tanto de la violencia como de la putrefacción en la aplicación de justicia.
Existe como antecedente la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, creada en Waco, Texas en el año 2005. Basta recordar la tragedia que vive México con su abismal deterioro en materia de derechos humanos y la cruenta falsa guerra contra las drogas, que ha tornado a ese país en un infierno similar al que se padece en Honduras.
Los buitres del CEAL y su avalancha sobre los fondos
El próximo jueves se efectuará en el Indura Beach en la bahía de Tela, una reunión que incluye mandatarios, funcionarios del BID y los promotores del golpe de estado en Honduras congregados bajo el Consejo Empresarial de América Latina. Los fondos de la Alianza para la Prosperidad han despertado un enorme interés entre los autores intelectuales del desastre que ha impulsado a miles de menores de edad a huir de la violencia y la pobreza que han diseñado los tecnócratas del BID para el beneficio de unos cuantos supuestos empresarios.
Basta recordar que Tornabe, la comunidad contigua al Indura y la cual perdió buena parte de su hábitat funcional para la construcción del emporio turístico, fue una de las mas afectadas por el éxodo infantil, y buena parte de su juventud se encuentra desempleada, tras haber sido ilusionados de que algún día obtendrían trabajo en el infame proyecto que aparte de haber generado la pérdida del territorio de la comunidad, también se convirtió uno de los mayores ecocidios de Honduras y para colmo nunca les proporcionó trabajo.
El senador estadounidense Patrick Leahy en una reciente declaración en relación a la Alianza para la Prosperidad, señaló que “En América Central, tras décadas de oligarquías corruptas, guerras civiles y escuadrones de la muerte, los gobiernos han desperdiciado las últimas dos décadas. La pobreza, la violencia, el crimen organizado y la corrupción están ahora muy arraigadas y extendidas”. Casualmente los que convocan al cónclave de aves rapaces para mañana en la Bahía de Tela, forman parte de aquellos buitres que le han sacado las entrañas al pueblo hondureño con el respaldo político de la ultraderecha estadounidense.
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