Por Gladys Martínez López
Josetxo Ezcurra
Una rebelión en toda regla de la profesión periodística. Aunque ha pasado desapercibido en nuestro país, es lo que ocurrió a finales de enero en Francia. En poco más de 72 horas, periodistas, asociaciones de prensa, medios de comunicación, consejos de redacción, agencias, blogueros y ONG se levantaron masivamente y lograron tumbar el día 30 una enmienda que había sido incluida a última hora y a escondidas en la Ley Macron, un proyecto de ley sobre “la actividad y el crecimiento”. La enmienda, relativa al “secreto comercial” y teóricamente dirigida a evitar el espionaje industrial en el mundo empresarial, preveía penas de tres años de cárcel y multas de 375.000 euros para todo aquel que “obtenga conocimiento, revele sin autorización o desvíe una información protegida”, unas penas que podían aumentar hasta los siete años y 750.000 euros en caso de “atentar contra la seguridad del Estado o los intereses económicos esenciales de Francia”.
Para Charles Morel, abogado especializado en Derecho de Prensa, una de las claves de la peligrosidad de este texto era la penalización de la revelación: “Si haces espionaje industrial desvías la información y la utilizas para tu interés, pero no la revelas. El hecho de sancionar la revelación de la misma manera que el desvío para interés personal presenta un peligro de deriva y de utilización liberticida”.
Su aprobación iba a suponer, denunciaron los periodistas, una mordaza para la prensa y para las fuentes que filtren información, un atentado contra el derecho a informar y un obstáculo a la publicación y difusión de graves casos de prácticas irregulares producidas en el seno de las empresas. Una carta, firmada por miles de personas en pocas horas, denunciaba que “con la excusa de la lucha contra el espionaje industrial, el legislador instaura como nueva arma de disuasión masiva contra el periodismo un ‘secreto comercial’ cuya definición autoriza ni más ni menos que una censura inédita en Francia”.
Pero el peligro, lejos de haber desaparecido, planea sobre todos los países de la UE, donde se está preparando desde noviembre de 2013 una directiva relativa al secreto comercial que comparte más que las líneas básicas con la enmienda retirada en Francia.
Charles Morel explica a Diagonal que en Francia, “vista la ausencia de precisión y la amplitud de la definición de secreto comercial, esta enmienda dejaba a la empresa decidir qué es un secreto”, ya que se incluía “todo lo que afecta al posicionamiento estratégico de la empresa, todo lo que presenta un interés comercial o tiene un valor económico”. Para Laurent Richard, periodista de la agencia Premières Lignes, “en resumen, esta enmienda prohibía revelar cualquier documento que tuviera un valor para la empresa. Era ésta la que iba a decidir lo que el periodista podía decir. Y los periodistas o sus fuentes podían ir a la cárcel por denunciar una información con un interés general”.
El texto preveía incluso, en una de sus disposiciones, la posibilidad de que un juez impidiera la publicación o difusión de una investigación con el objetivo de evitar una posible vulneración del secreto comercial denunciada por una empresa. “Si ya es difícil hoy investigar sobre la industria, con esto el mundo de los negocios habría usado sistemáticamente esta arma para disuadir a los periodistas de investigar sobre las multinacionales”, añade Richard. Y es precisamente el efecto de disuasión y la consiguiente autocensura uno de los mayores peligros de la norma, que habría afectado en mayor medida, según Morel, a medios con pocos recursos y blogueros, “por el miedo al golpe que podría provocar el proceso”, y a las fuentes de filtraciones, que también podrían verse encarceladas tras desvelar un secreto.
Aunque la enmienda presentaba varias excepciones a la aplicación del secreto comercial, como el “uso legítimo del derecho a la libertad de expresión e información” y “la revelación de una infracción, una malversación o una actividad ilegal” siempre que el filtrador o revelador haya actuado por el bien del “interés público”, éste “es un límite falso –explica Richard–. En cada caso un magistrado habría tenido que decidir si nos encontramos ante un ‘uso legítimo’ de la libertad de prensa o no”. Este periodista añade que, además, “el problema es qué es ‘infracción’ y qué no lo es... Cuando se denuncia el escándalo de la evasión fiscal, ésta no necesariamente es una infracción penal, puede ser legal pero ir en contra del interés general”, pero en este caso su revelación podría implicar denuncias de las empresas. Casos en Europa ya existen, algunos muy recientes. Antoine Deltour, el único filtrador conocido del escándalo Luxleaks, que ha desvelado los acuerdos fiscales secretos entre Luxemburgo y cientos de multinacionales, fue imputado el 14 de diciembre por un tribunal luxemburgués y acusado, precisamente, de “violación del secreto comercial” después de ser denunciado por su antigua empresa, PriceWaterhouseCoopers. Y Suiza ha imputado en ausencia a Hervé Falciani, antiguo empleado del banco HSBC y filtrador del caso SwissLeaks, entre otras cosas por “violación del secreto comercial y bancario”, después de una denuncia del Ministerio Público del país. Mientras, en ninguno de estos dos países se ha imputado a ninguna empresa ni político relacionado con los escándalos.
Directiva europea
Según Martin Pigeon, investigador en Corporate Europe Observatory, organización que denuncia el poder de los lobbies corporativos en Europa, uno de los objetivos de la directiva europea es la armonización de todas las legislaciones europeas, a la vez que Estados Unidos, donde cada Estado dispone de su propia normativa, trabaja en la misma dirección. “La idea es tener una definición armonizada a ambos lados del Atlántico para poder negociar en el TTIP (tratado de libre comercio entre EE UU y la UE). Y por eso quieren ir deprisa”, afirma. Presentado por la Comisión Europea a finales de 2013, el texto fue respaldado en 2014 por los Estados, representados en el Consejo de Europa, y si no hay retrasos, podría votarse en el Europarlamento en abril, después de que las tres comisiones que trabajan en él hayan presentado sus conclusiones.
También el texto europeo presenta una definición tan amplia del secreto comercial que, según Pigeon, incluiría “cualquier información o documento interno cuya publicación perjudicara a la reputación de la empresa”, y penaliza su adquisición, uso y publicación ilegal. Mientras, las excepciones marcadas son vagas –que se haya actuado en “interés del público” y que la publicación haya sido “estrictamente necesaria”– y podrían provocar que periodistas y filtradores tuvieran que justificar ambos supuestos una y otra vez ante los tribunales. Además, explica este investigador, mientras que la definición de secreto comercial será homogénea a nivel europeo, la concreción de las excepciones se dejará a discreción de los Estados miembro. “Esto es un problema porque, como hacen ya con las patentes, hay riesgo de que las empresas lancen sus denuncias desde el país de Europa donde las excepciones sean más débiles”, añade. Además, según este investigador, ya existen a nivel europeo y estatal disposiciones, normativas y cláusulas contra la competencia desleal. “La pregunta que hay que hacerse es: ¿qué quiere hacer este texto más allá de lo que ya hay?”.
De momento, desde Corporate Europe Observatory se ha constatado la presión ejercida por parte de ciertos lobbies para que se apruebe la normativa. Ente ellos se encuentra la Trade Secrets and Innovation Coalition, de la que forman parte empresas como Alstom, General Electric o Nestlé, y que lo está gestionando a través de la empresa de relaciones públicas Hill and Knowlton. Según Richard, en Francia “ha habido grandes presiones por parte de empresas porque desde hace tiempo el Medef (organización patronal) defiende el secreto comercial. Pero también a nivel mundial y europeo hay muchas empresas farmacéuticas o del sector agroalimentario que no quieren que nadie meta la nariz en sus asuntos”.
“Y usan el mismo método –continúa–, por el que todas las empresas e industrias potentes han sido recibidas por la Comisión Europea, pero no los periodistas. Es la opinión pública la que será víctima de una nueva directiva sobre el secreto comercial y cuya consecuencia será que los ciudadanos europeos sólo conozcan los comunicados de las empresas y no la información”. Por ello, el grupo Informar No es un Delito, creado por este y otros periodistas para oponerse a la enmienda en Francia, ya ha empezado a trabajar a nivel europeo, donde pretenden convertirse en una plataforma de periodistas de los distintos países para defender el derecho a la información.
Amenazas no sólo contra los medios
No sólo la libertad de prensa se verá afectada por esta directiva. Según una denuncia lanzada por 15 organizaciones en diciembre, la directiva también afectará a grupos que trabajen y quieran sacar a la luz irregularidades en los ámbitos de la salud, el medio ambiente o la seguridad alimentaria en asuntos que afecten a empresas farmacéuticas, agroalimentarias o químicas. Pigeon explica que “este texto amenaza el trabajo que hacemos desde hace años para pedir a las autoridades de regulación en el ámbito del medicamento o de la alimentación que científicos independientes tengan acceso a los datos de los estudios”.
Noticias que no habrían aparecido
En un vídeo publicado por Anonymous antes de la retirada de la enmienda del secreto comercial en Francia se detallan algunos de los grandes escándalos “de los que no habrías oído hablar” si esta norma se hubiera aprobado. Todos ellos implicaron la publicación de documentos internos o información confidencial de empresas, y afectaron a las compañías y, en algunos casos, también a importantes políticos. Entre ellos, el caso Bygmalion, que afectó gravemente al partido de Sarkozy; un escándalo que afecta al magnate de las armas Serge Dassault; la amplia red de financiación política a través de contratos de armas ideada por el ex primer ministro Édouard Balladur; la estrategia de H&M para no pagar impuestos en Francia: un caso de contaminación de agua provocado por Veolia; la estrategia de Ikea para evitar conflictos laborales en sus tiendas, el escándalo que afecta a la empresa nuclear Areva o el caso LuxLeaks.
La alerta ética a nivel internacional
Según la ONG Transparencia Internacional, salvo en seis países (Reino Unido, Irlanda, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Japón y Ghana), donde se ha regulado al respecto, en el resto de Estados la persona que filtra un escándalo no dispone de un estatuto jurídico protector. Para esta ONG, la “alerta ética es el señalamiento por un empleado de un hecho ilegal, ilícito o peligroso que afecta al interés general, a las personas o a las instancias que pueden ponerle fin”. Según esta organización, “la alerta ética constituye una herramienta fundamental de lucha contra la corrupción”.
El “derecho de alerta” apareció por primera vez en una ley en los Estados Unidos, en 1863. En el año 1982 fue inscrito por la Organización Internacional del Trabajo en un convenio internacional. Actualmente, un estatuto europeo del filtrador (conocido en Francia como lanceur d’alertes y en Inglaterra como whistleblower) se encuentra en discusión en el seno del Consejo de Europa.
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