Hasta el más empedernido cinéfilo podría asegurar que la escena vivida la mañana del martes 22 de febrero por 275 familias campesinas en el sector de Boquitas y Morales, Choloma, tendría que ocupar las principales imágenes de una película de violencia, donde los niños lloraban, las mujeres gritaban y los hombres se defendían ante el desalojo violento de sus viviendas.
Ese día se convirtió en un calvario para los habitantes de la zona. Los relatos de las víctimas son una prueba palpable de las violaciones a los derechos humanos generadas por las crisis agrarias que vive el país y el abuso de autoridad de las fuerzas de seguridad.
“El desalojo fue a capa y espada; sonaron tiros, balas, bombas lacrimógenas. Se fueron con todo hacia nosotros”, manifestó con la mirada llena de impotencia y perdida en el horizonte, el campesino José Martínez.
Martínez denunció agresiones físicas y verbales contra mujeres, adultos de la tercera edad y niños durante el desalojo.
Las víctimas nunca se imaginaron lo que sucedería al avanzar el día. Minutos más tarde elementos de seguridad obligaron a todas las personas que habitan el sector para que sacaran sus pertenencias a la calle entre ellas: camas, muebles, estufas, refrigeradoras, televisores y electrodomésticos porque procederían a destruir las viviendas.
Las cosas empeoraron el miércoles 23 de febrero cuando las máquinas llegaron desde horas de la mañana y se ubicaron en el patio donde estaban las casas y sin mediar palabra iniciaron con la destrucción de las viviendas y cultivos.
Cuando el ruido de los aparatos destructores se apoderaban del ambiente, un niño tomó a su mamá de la cadera y le gritaba: “esa es nuestra casa mami” ¿Por qué la destruyen? La madre no tuvo palabras para responderle y solo le quedó abrazar a su pequeño. Un episodio que impactaría hasta la persona con el sistema límbico más insensible.
Y así avanzó el miércoles, al ritmo del llanto y el ruido de las máquinas demoledoras.
A sol y agua
Cuando salí de la redacción no imaginé las sensaciones que me encontraría al llegar a Quebrada Seca, Choloma, sitio del desalojo. Entré por la calle de un motel que dirige con exactitud a la zona de conflicto.
La primera imagen que vi fue una tanqueta de la Policía Nacional, al avanzar un poco más había un vehículo lleno de guardias de seguridad, después Policías Militares y por último varias máquinas destruyendo cultivos.
Para romper el hielo pregunté a los policías ¿Dónde es el desalojo? Su respuesta fue visual pero sin dar a entender nada, fue ahí cuando un señor de gorra me dijo: “siga unas cuantas cuadras, al fondo está la gente con las cosas en la calle”.
Avancé y en efecto, el señor de la gorra estaba en lo cierto. Al fondo miré a señoras, jóvenes y niños sacando las cosas de sus viviendas y observando mientras el vehículo de Radio Progreso pasaba. Llegué al lugar indicado consulté a un señor que estaba ahí y le pregunté ¿Qué pasa?
“La Policía nos desalojó, nos sacaron de nuestras casas y ahora no sabemos que hacer”, respondió Héctor Rodríguez, primera persona que salió al encuentro.
“No tenemos a donde ir, no tenemos qué comer, nadie nos ha mostrado su solidaridad y nadie nos ha brindado la mano ante la situación que vivimos”, me dijo con tono molesto el campesino.
La gente se acercó a mí y recuerdo a un señor de nombre Orlando Rivera, quien viéndome a los ojos y con la voz quebrada por el llanto me comentó: “no tenemos absolutamente nada para sostener a nuestras familias, estamos en la calle, todas las casas las destruyeron y también nuestros cultivos; ahí están nuestros hijos y esposas pidiéndonos comida y nosotros ya no tenemos como darles, porque nos dejaron en la perra calle”.
El momento de las entrevistas había llegado y de inmediato vía teléfono reportamos en el noticiero Zona Informativa al mediodía a través de Radio Progreso. Ellos ante la falta de oportunidad mediática para dar a conocer su situación se desahogaron mediante mi celular.
Durante el transcurso de la entrevista había que hacerle la pregunta obligada a uno de los entrevistados. ¿Qué harán ahora sin casa y sin trabajo? Nunca me esperé el tipo de respuesta que me dio José Martínez: “a veces pensamos en tomar el rumbo de la delincuencia, no nos queda más, aunque tengamos que ofrendar la vida, no queda otra salida”.
Martínez estaba decidido a todo, hasta morir para sostener a su familia.
La entrevista culminó y me percaté del nuevo auditorio que tenía a la distancia. Guardias de seguridad privada y policías, quienes sin pena ni disimulos apuntaban la placa del carro, los rótulos del mismo y por supuesto tomándome fotografías.
La gente pidió que tomara fotos y que diera a conocer su situación, hice lo que pude en un ambiente que se volvía cada vez más hostil por parte de la seguridad, quienes a cada foto que yo sacaba respondían con miradas poco amistosas. Eso obligó a trabajar más rápido y salir de ahí.
Me despedí de los entrevistados y mientras conducía por el camino que entré, llegué al pavimento, a ese mundo aislado que se muestra indiferente ante sus compatriotas desalojados que se quedaron atrás junto a sus familias y pertenencias a puro sol y agua.
Los implicados y la reforma agraria
La denuncia de los grupos campesinos ante los desalojos va con nombre y apellido y es que en repetidas ocasiones han señalado a la empresa Cultivos de Oriente y al Estado de ser los principales responsables de los desalojos.
Según las víctimas hasta el momento no saben el nombre del propietario de tal empresa, pero sí conocen a uno de los apoderados legales, el señor Jorge Crespo Bendaña sobre quien ha recaído todas las acusaciones.
El pronunciamiento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) hasta la fecha brilla por su ausencia, pero no así el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), quien se pronunció al respecto la semana pasada, condenando las acciones violentas de policías contra campesinos.
Los desalojados estaban ubicados en 157 manzanas de tierra que eran cultivadas desde hace más de diez años y por ahora no hay claridad con respecto a los escritos legales de las tierras.
Escenarios como este se han repetido en muchas ocasiones; con más fuerza desde la implementación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola que entró en vigencia en 1992 en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas.
Esta reforma permitió la venta de terrenos y la libertad para que el sector empresarial se adueñara de casi todas las parcelas de tierra del país, generando un derramamiento de sangre producto del conflicto entre campesinos y terratenientes.
El caso de las 275 familias desalojadas en Choloma no es un caso aislado, todo lo contrario, sigue siendo parte del conflicto agrario; incluso las denuncias realizadas por su dirigencia presentan las mismas características que las registradas en otras zonas.
A finales del 2014 se presentó en el Congreso Nacional una moción para hacer una revisión a la Ley de Reforma Agraria por parte del diputado Rafael Alegría.
La nueva versión pretende derogar la Ley de Reforma Agraria aprobada por la Junta Militar de Gobierno, decreto 170-1964, que ha sido objeto de numerosas reformas, la última en 1992 con la Ley de Modernización Agrícola.
En primera instancia el Congreso aceptó la iniciativa y luego decidieron trasladar la propuesta a una comisión especial para que presentaran su dictamen a la cámara legislativa, pero hasta le fecha el proyecto sigue engavetado.
Durante la presentación de la Alianza para el desarrollo del triángulo norte en Tela, Atlántida, consultamos al Secretario de Estado en el despacho de Desarrollo Económico sobre qué pensaba de la crisis agraria de Choloma y contestó: “no conozco el caso y debo informarme para emitir una opinión al respecto”.
De las autoridades gubernamentales presentes en el evento nadie quiso referirse al tema, el argumento de no conocer el caso imperó en sus excusas. Tal parece que las principales autoridades del gobierno desconocen o quieren desconocer lo que pasa en un pedacito de tierra, llamado Boquitas y Morales.
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