La protección de los derechos humanos depende de una aplicación efectiva de la justicia. El problema principal que enfrentamos las personas defensoras de derechos humanos en Honduras es la impunidad.
La impunidad es lo que nos obliga a actuar como defensores y defensoras de los derechos humanos, exponiéndose a muchos riesgos personales en la búsqueda de la justicia ante las instancias nacionales e internacionales.
En algunos casos importantes la normativa nacional no está adecuada a los instrumentos internacionales de protección firmados por Honduras, lo que constituye un vacío contribuyente de la impunidad.
A menudo el trabajo de reclamación y defensa de los derechos humanos por personas individuales y organizaciones, aunque genere adversidades en algunos funcionarios públicos, posibilita que el Estado cumpla sus responsabilidades.
Por eso la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos con el presupuesto requerido es una prioridad en el contexto actual y futuro. Contribuirá en gran medida a proteger la vida, la integridad, la libertad y el buen nombre de quienes entregan su tiempo y sus vidas por las demás personas, sin esperar recompensas a cambio.
La campaña Alto al Riesgo que hoy presentamos al Estado y a la Sociedad nace de la demanda directa de las personas defensoras en riesgo y es para sensibilizar a las autoridades nacionales a fin de reducir, evitar y erradicar los hechos de estigmatización en su contra.
Los hechos que buscamos reducir y erradicar incluyen ejecuciones sumarias o arbitrarias, torturas, agresiones físicas y psicológicas, detención y prisión arbitrarias, amenazas de muerte, hostigamiento y calumnias, falsas acusaciones, procesos y condenas injustas.
También las limitaciones de circulación, expresión, asociación y reunión, que repercuten negativamente en nuestra labor y en la seguridad individual y familiar.
El Estado de Honduras ha firmado, y en algunos casos ratificado, instrumentos internacionales esenciales para la defensa de los derechos humanos. La campaña le recuerda el deber de cumplir y a nosotros la opción de exigir.
El próximo Mayo, el Estado de Honduras se someterá al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas, espacio al que también comparecerán importantes organizaciones sociales que trabajan los temas de promoción de los derechos humanos y la atención directa a las víctimas.
En tiempo casi simultáneo las Naciones Unidas iniciarán la apertura de una Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos aquí en Tegucigalpa, a solicitud del gobierno y por demanda de la población, que reclama una instancia con mandato robusto para recibir denuncias y judicializar casos.
Saludamos la apertura de la Oficina y ofrecemos públicamente nuestro apoyo, pero habríamos deseado que previamente hubiera sido creada una comisión internacional de investigación independiente que respalde sus acciones para judicializar los casos investigados.
Con la campaña Alto al Riesgo queremos, con el apoyo de todos ustedes, borrar del lenguaje público y del discurso oficial esas expresiones peyorativas, criminalizadoras y apologistas del odio, que han sido causantes de muertes físicas de personas reclamantes y defensoras de derechos humanos en los últimos 30 años.
Los derechos humanos son de los delincuentes, los defensores de derechos son encubridores de los pícaros, las personas que defienden delincuentes son parte de ellos y si reciben golpes y agresiones es porque en algo andan también. Y lo que hacen fuera del país es para poner en mal el nombre de las instituciones como enemigos de la Patria y vividores de la cooperación internacional.
En la práctica esas expresiones han servido de inspiración para líneas editoriales de medios de comunicación, han trazado tendencias desinformativas en programas de periodistas influyentes y, aún peor, han sido con frecuencia argumento en el discurso oficial de autoridades estatales durante diferentes gobiernos, particularmente en los momentos de autoritarismo que ha sufrido el país.
Lo peor que podría ocurrirle a una persona defensora de derechos en un contexto de inseguridad, violencia, fragilidad institucional e impunidad, es ser agredido o afectado severamente, perseguido o criminalizado por la labor que desempeña.
Por lo mismo, nos solidarizamos el día de hoy con la defensora Gladys Lanza, coordinadora general del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, cuya sentencia tendrá como efecto limitar la libertad de expresión y callar las voces de mujeres que quieren denunciar y defender sus derechos.
Nada le es permitido al Estado, ni complacencia ni complicidad, en los ataques a las personas reclamantes o defensoras de derechos en cualquiera de sus generaciones.
En todo el país las personas que defienden los derechos humanos en territorios agrícolas, forestales o expuestos a industrias extractivas, reportan ser víctimas de criminalización por la labor que desempeñan.
A la fecha más de 4000 hombres y mujeres sufren procesos penales, principalmente por acompañar la reclamación del derecho a la tierra.
En el valle del Aguán, por ejemplo, alrededor de 120 campesinos y campesinas reclamantes de derechos y defensores han perdido la vida en forma violenta, y existen también casos documentados de torturas y desapariciones forzadas en el marco del conflicto agrario.
En el valle de Siria, 18 pobladores defensores del bosque frente a la minería industrial de cielo abierto han sufrido persecución penal y criminalización verbal; centenares sufren daños a su salud física y discriminación como víctimas.
Para combatir la casi absoluta impunidad de todos los casos denunciados es necesario que el Estado fortalezca la investigación en las zonas de conflicto sujetas al monocultivo, al acaparamiento de las tierras, la explotación minera y a procesos de conciliación manipulados por instancias internacionales en asociación con privados.
En la campaña Alto al Riesgo estamos convencidas que los derechos humanos son los valores universales inherentes a todos y todas, que cuentan en el mundo con altísima adhesión de personas y colectivos, y son de obligatorio cumplimiento por los Estados.
En suma, queremos promover un ambiente favorable para actuar sin criminalización y, además, visibilizar la contribución importante a la sociedad y al Estado, minimizar los riesgos y restituir los derechos violados en contra nuestra.
No somos ni héroes ni heroínas, simplemente defensores y defensoras de la vida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario