Estado receta olvido y resignación a familiares de desaparecidas
De acuerdo con el más reciente informe de Human Rights Watch, las personas que ejercen el periodismo y la comunicación social continúan siendo víctimas de amenazas, ataques y asesinatos, frente a los cuales las autoridades han fallado constantemente en investigar y sancionar a las personas responsables.
Desde el golpe de Estado han sido asesinados más de 30 personas periodistas y comunicadoras, y cada una de las muertes tiene sus propias características. Entre las personas asesinadas hay afines a la resistencia; otros laboraban en medios de comunicación comprometidos con el golpe; y hay quienes no tenían ninguna participación política directa.
Como lo señala el padre Ismael Moreno, es aquí donde radica lo más terrible de estas muertes. “Basta con que una persona utilice en sus labores un micrófono, una computadora o una cámara para publicar o divulgar información que afecte a los poderosos de la comunidad, el municipio o el departamento, para que la vida de quien dio la noticia quede expuesta a un riesgo mortal”.
Solo el año pasado el Comité por la Libertad de Expresión registró 10 asesinatos. La muerte más reciente de un comunicador social sucedió el 15 de diciembre de 2014 en Comayagua cuando el propietario de RPM Canal 28, Reynaldo Paz Mayes, fue acribillado por desconocidos mientras hacía ejercicio. Esta vez le tocó el turno trágico a Carlos Fernández, quien era miembro activo de la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales y que fue asesinado la noche del jueves 5 de febrero, en el municipio de Roatán, departamento de Islas de la Bahía.
Sus asesinos le esperaban cerca de su domicilio y le dispararon en el tórax y en la sien. Con Fernández, la cifra de este tipo de asesinatos sube a 51 desde el año 2003. La impunidad es un círculo vicioso que solo puede detenerse cuando el Estado asuma diligentemente su obligación de investigar y sancionar a los responsables de estos y otros crímenes.
A la ciudadanía nos toca continuar exigiendo justicia y denunciando la incompetencia de las autoridades estatales en el cumplimiento de su deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas.
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