El conflicto agrario hondureño se agudiza por todo el territorio nacional. Un nuevo episodio que evidencia tal crisis se presentó el pasado 12 de febrero cuando más de 400 efectivos policiales desalojaron de sus terrenos al grupo campesino Boquitas y Morales ubicados en la comunidad de La Diez, Choloma, Cortés.
Los campesinos estaban ubicados en 157 manzanas de tierra que eran cultivadas desde hace más de diez años. Durante el desalojo los elementos policiales destruyeron la producción de maíz, frijoles, yuca, plátano y palma africana que 46 familias habían sembrado.
Escenarios como este se han repetido en muchas ocasiones; con más fuerza desde la implementación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola que entró en vigencia en 1992 en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas.
Esta reforma permitió la venta de terrenos y la libertad para que el sector empresarial se adueñara de casi todas las parcelas de tierra del país, generando un derramamiento de sangre producto del conflicto entre campesinos y terratenientes.
El caso de las 46 familias desalojadas en Choloma no es un caso aislado, todo lo contrario, sigue siendo parte del conflicto agrario; incluso las denuncias realizadas por su dirigencia presentan las mismas características que las registradas en otras zonas.
En ese sentido el coordinador de la Plataforma Agraria, Jorge Vásquez responsabiliza al Estado de ser cómplice de la empresa Cultivos de Oriente para quitarles los predios a los campesinos y otorgarlos a dicha entidad.
Vásquez afirmó que por el momento desconoce a quien pertenece la compañía Cultivos de Oriente. Aseguró que según las investigaciones la compañía no tiene registro legal.
Los representantes de la Plataforma Agraria lamentaron que el Estado sea el principal impulsor de un plan judicial para perseguir a las personas que luchan por la justicia agraria, obviando por completo las raíces del conflicto, convirtiendo al Estado en una estructura al servicio de los terratenientes y grupos de poder.
El lamento de los dirigentes de la Plataforma se fundamenta en procesos legales contra reconocidos líderes campesinos como ser: José Isabel Morales del Movimiento Campesino del Aguán, Magdalena Morales de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, Irma Lemus del Observatorio Permanente de los Derechos Humanos del Movimiento Campesino, entre otros y otras.
Represión y derechos humanos
El desalojo violento del que fueron víctimas 46 familias, impulsó a las personas afectadas a buscar los organismos defensores de derechos humanos, uno de ellos fue el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh) quienes atendieron la denuncia y acompañaron al grupo a realizar una acción legal al Ministerio Público sobre la agresión en el desalojo.
Hugo Maldonado, director del Codeh dijo que están analizando el estado legal en el que se encuentran los terrenos y afirmó que los campesinos tienen derecho a un tiempo estipulado para preparar su defensa, por eso lamentó la violación a los derechos por parte de los grupos se seguridad.
Según la denuncia durante la acción policial y militar, los campesinos recibieron maltrato físico y sicológico dejando con más repercusiones a Otoniel Guerra (29), Perla Ortiz (19) en estado de embarazo, Mirella Ortiz (18), Serefina Ramos (55) y al bebe de tan solo 2 años Evoleth Cruz.
La represión por parte de elementos de seguridad no ven género, edad ni color de piel, prueba de ello son estos casos de agresión en contra de un bebe, una mujer embarazada y personas de la tercera edad.
Los datos proporcionados por la Plataforma Agraria sobre las personas agredidas irán a un nuevo expediente de violación a los derechos humanos, algo que lamentablemente se ha vuelto tan común en uno de los países más violentos del mundo y sigue a la vista, paciencia y complicidad del Estado.
Reforma agraria
“Por la tierra por la tierra, estamos en pie de guerra”, es la consigna campesina que se expande por todas zonas en conflicto agrario, mostrando la necesidad de tener acceso a la tierra de una forma igualitaria.
Las luchas campesinas de los últimos años incluyen la exigencia de una reforma agraria integral y así implementar un marco legal que regule las condiciones para la tenencia de la tierra a los grupos de poder y por ende facilitar su acceso a las familias campesinas.
El grito desesperado de reforma agraria por los que viven a diario la lucha y por los que algún día la llevaron y ahora se encuentran sepultados, entra por un oído al Estado y sale por el otro. La respuesta más común del gobierno ante la crisis es el de garantizar la seguridad y la propiedad privada y mediante esa promesa fortalecer los monopolios empresariales en el acceso a la tierra.
Jorge Vásquez concluyó que en Honduras es necesario aplicar un proyecto de reforma agraria que muestre los pilares fundamentales para dar inicio a la solución del conflicto y así evitar muertes de personas inocentes.
A finales del 2014 se presentó a nivel del Congreso Nacional una moción para hacer una revisión a la Ley de Reforma Agraria por parte del diputado Rafael Alegría.
La nueva versión pretende derogar la Ley de Reforma Agraria aprobada por la Junta Militar de Gobierno, decreto 170-1964, que ha sido objeto de numerosas reformas, la última en 1992 con la Ley de Modernización Agrícola.
En primera instancia el Congreso aceptó la iniciativa y luego decidieron trasladar la propuesta a una comisión especial para que presentaran su dictamen a la cámara legislativa, pero hasta le fecha el proyecto sigue engavetado.
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