Las secuelas del incendio, la incertidumbre y los gritos desesperados que se fueron apagando con las llamaradas, permanecen intactas en la mente de Santos Mejía quien asegura que por un milagro logró salir a tiempo “de ese infierno”. Sin embargo, lamenta que el siniestro del centro Penal de Comayagua haya calcinado a 362 personas, hecho que aún permanece bajo el fuego de la impunidad.
Fue durante la noche del día del “amor y la amistad”, cuando en ese Penal se vivió una de las tragedias carcelarias más lamentables en la historia de Latinoamérica. Cuando el reloj marcaba las 10:50 de la noche del 14 de febrero del 2012 el incendio consumía varias celdas de ese centro penitenciario, falleciendo calcinados 361 personas privados de libertad y una mujer que andaba de visita conyugal. Para don Santos, las víctimas y sus familiares, en esa tenebrosa noche, el tiempo se detuvo.
Un infierno provocado
“Unos días antes habían introducido tres galones de gasolina, eso yo lo vi con mis propios ojos, y ese día a las 10:50 de la noche iniciaron las llamas de fuego que avanzaban a gran velocidad, consumiendo cada una de las vidas de mis compañeros presos incluyendo la de mi hijo quien también estaba privado de libertad”, recordó Santos Mejía entre sollozos.
Con su rostro lleno de terror como si el incendio hubiese sido ayer don Santos contó que al iniciarse el incendio los privados de libertad se concentraron en la puerta gritando de forma desgarradora pidiendo ayuda pero no fueron escuchados por los guardias penitenciarios.
Indicó que “más bien los policías penitenciarios no nos dejaban salir ni abrían la puerta de las celdas, ante lo cual muchos buscaron la manera de subir y saltar por el techo del penal ante lo cual los policías penitenciarios disparaban sus armas, por eso muchos escaparon con vida aunque con heridas de bala.
“Por todo lo que observé, este fue un incendio provocado. En término de 10 minutos los módulos del 6 al 10 ya estaban consumidos por completo, como que si la gasolina que en días anteriores introdujeron había sido utilizada para acelerar el siniestro que nos marcó para siempre”, indicó.
Dolor, vacío e impunidad
“Tres años ya de no tenerlos, de no poder compartir nada con ellos, solo el amor que nos une. 3 años ya de extrañarlos todos los días, de sentir sus ausencias, pero también sus presencias en las señales que nos envían”, dijo Maritza Moradel madre de uno de un joven que murió en el incendio del Penal.
“Sabemos porque lo sentimos en nuestros corazones que están bien, que son felices y que están orgullosos de los padres que tienen, como nosotros estamos orgullosos de los hijos que hemos tenido”, indicó la acongojada madre.
“En el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, solo se comprometió a darle un bono de 16 mil lempiras a cada familia pero no lo entregó a todas, hasta en eso incumplió. Nos reunimos en interminables ocasiones sin embargo no hubo resultados,” indicó Gloria Redondo de la Asociación Juntos Avanzamos en el bienestar de la Población Carcelaria de Honduras (AJABPCH).
Al mismo tiempo dijo que con el gobierno de Juan Orlando Hernández, solo se han reunido en un par de veces y no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo. “Nosotros tenemos tres demandas y son: verdad, justicia y reparación”, indicó.
De acuerdo a lo explicado por Redondo, lo que buscan es el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado en la muerte de sus familiares, investigar eficaz, efectiva y eficientemente todo lo concerniente al incendio para la sanción penal de los responsables tanto por acción como por omisión.
“Nosotros además exigimos: cumplir con el compromiso de brindar atención médica y sicológica a las personas privadas de libertad sobrevivientes del incendio y a nosotros como familiares de los fallecidos”, indicó.
Otra demanda que hacen es la reestructuración de los 24 Centros Penales, incluyendo el avance sustancial del proceso de transición del sistema penitenciario, la mejora de las condiciones de hacinamiento y los sistemas eléctricos de los 24 centros penales que hay en el país. “De no lograr estas exigencias pasaremos a instancias internacionales”, concluyó Redondo.
LEA COMUNICADO DE: Asociación Juntos Avanzamos en el bienestar de la Población Carcelaria de Honduras (AJABPCH)
Había hacinamiento
La capacidad para el que fue construido este centro penal es de 450 privados de libertad, sin embargo en la fecha del incendio la población era de 850, el doble de la capacidad que tenía el centro Penal.
Lo ocurrido en la primera capital de Honduras no era el primer antecedente similar en el país. Dicho siniestro se sumaba a lo ocurrido (2003) en la Granja Penal de El Porvenir, departamento de Atlántida, que dejó como saldo 69 personas muertas, y al incendio del 2004 en el Centro Penal de San Pedro Sula donde perdieron la vida 107 personas por el cual Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH).
Pero con lo ocurrido en Comayagua, el mundo se enteró de la tragedia diaria que se vive en las cárceles en Honduras, donde los escenarios de motines, fugas, intentos de escape, enfrentamientos entre privados de libertad, corrupción policial, introducción de armas de fuego, granadas, drogas, licores y celulares, es una constante.
En el país no hay ningún sistema de rehabilitación para que los privados de libertad se puedan reinsertar en la sociedad, se dice que más bien muchos salen “perfeccionados” en su conducta delincuencial.
Sin solución
Con una población carcelaria de al menos 16,103 privados de libertad, los 24 centros penales de país tienen un cien por ciento de hacinamiento. Según datos de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, las cárceles de Honduras tienen una capacidad para 8,625 privados de libertad, pero hay una sobrepoblación de 7,706 de estos, solo 6,770 tienen una sentencia firme al ser vencidos en un juicio oral y público.
Los casos más severos de hacinamiento se dan en la Penitenciería Nacional Marco Aurelio Soto, que tiene una capacidad para 1,800 privados de Libertad y alberga a 4,451; San Pedro Sula, con 2,908 y la capacidad real es para 1,300; Puerto Cortés tiene 226 presos y el establecimiento es apto para 40. En la cárcel de El Progreso hay 448 cuando solo deberían estar cien; Santa Rosa de Copán con 698 y la capacidad es para 300; en Santa Bárbara se tiene a 391 privados de libertad y el establecimiento es para 150.
La sobrepoblación también se presenta en el presidio de La Ceiba, que solo debería tener 150 privados de libertad y tiene 338; en Olanchito son 190 y el espacio es para 60; en Trujillo tienen 408 y el lugar es para 150. En Danlí hay 669 presos y la cárcel tiene capacidad para 205; en La Esperanza hay 365 reclusos cuando solo deberían estar 90 y en Nacaome se tiene la capacidad para albergar a 120 presos y tienen 342.
PNUD propone educación
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propuso recientemente a Honduras un plan de educación y reinserción de la población penitenciaria para atacar los problemas en las cárceles y disminuir la violencia en ellas.
El plan fue entregado al ministro del Interior, Rigoberto Chang, por la delegación del PNUD en Tegucigalpa y el consultor de ese organismo, el dominicano Roberto Santana, quien realizó la propuesta después de hacer un estudio en 16 de las 24 cárceles hondureñas.
La alfabetización de presos y su capacitación en oficios, junto a un programa de reinserción social que involucre a los empresarios, contribuiría a disminuir la violencia, porque desde las prisiones se ordenan crímenes en las calles, explicó.
Santana, coordinador de la Academia Regional Penitenciaria, lamentó que más de 30% de las personas que salen de las cárceles hondureñas regresan a prisión después de un tiempo porque vuelven a delinquir al no encontrar oportunidades de trabajo.
"Cinco mil privados de libertad van a salir en los próximos años de la cárceles de Honduras ¿y que va a pasar con ellos?", preguntó el experto.
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