Por Ricardo Salgado
Es difícil analizar los hechos que se han dado en Honduras durante las primeras semanas del año 2015; seria arriesgado hacer pronósticos, o elaborar complejos análisis y opiniones sobre los movimientos que se dieron entre todos los actores implicados, especialmente después del fracaso del régimen de Juan Orlando Hernández en su intento por ratificar el rango constitucional para la Policía Militar de Orden Público, invento que está más relacionado con el Comando Sur que con la seguridad ciudadana en este país.
Sin embargo, hay hechos que son incontrovertibles y que han llevado el experimento de tiranía neoliberal, encabezado por los conspiradores más conspicuos del Golpe de Estado Militar de junio de 2009, a una derrota estrepitosa, que es mucho mayor que lo que de momento se puede percibir. El Presidente, infalible de antes del 24 de enero, pasó a convertirse en un personaje de dudosa capacidad, no para el pueblo de Honduras, sino para quienes tras bambalinas lo han puesto a la cabeza del desmontaje de toda la institucionalidad, o lo que queda de ella, incluido todo el patrimonio nacional.
Como premisas podemos recurrir a tres aspectos que parecen tener una conexión evidente:
1) Estados Unidos busca implementar un Plan Colombia para Honduras, tal como lo anunciaba William Brownfield, secretario norteamericano de Estado adjunto para Asuntos Antinarcóticos en Febrero de 2011. Esta implementación requiere que Honduras adopte ciertas medidas, que podrían incluir hasta la disolución completa de su Policía Nacional y la restructuración del mando de las Fuerzas Armadas. Esto último, sostenido por Myles Frechette, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, durante una serie de disertaciones que sostuvo en Honduras la semana anterior.
2) La Policía Militar de Orden Público, es insertada en la vida nacional como un ente de carácter temporal, que ayudaría en tareas de seguridad a la Policía Nacional. Esta versión fue repetida por Juan Orlando Hernández a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó Honduras a finales de 2014, aunque su condición permanente había sido aprobada por el Congreso Nacional, presidido por Hernández, durante el mes de enero de 2014, días antes de que asumiera funciones el nuevo Congreso de la República y la administración del mismo Hernández.
3) El fraude electoral que lleva a Juan Orlando Hernández al poder, alcanza dimensiones gigantescas debido a la amplia aceptación de la población por proyectos novedosos, que aborden los problemas críticos del país. Su escasa votación, apenas 34% del total de los votos según la versión oficial, lo ubica naturalmente como un gobierno débil, obligado a entrar en arreglos con su amplísima oposición politica. Ese fraude es rápidamente validado por el gobierno de los Estados Unidos, no viendo hacia atrás, sino con la mente fija en la necesidad de completar el puente Colombia-Honduras-México. El fraude, recibe la bendición inmediata de todos los organismos multilaterales de observación, a pesar de que ellos mismos reconocieron muchas veces todas las irregularidades existentes antes del proceso electoral, que impedían la transparencia del mismo.
Fácilmente inferimos que la Policía Militar de Orden Público, su existencia, tienen una relación directa con los planes de Estados Unidos, y que Juan Orlando Hernández, tenía la misión de elevarla a rango constitucional para permitir el avance del Plan Colombia en el país. Es claro que el fracaso en la ratificación de la ley respectiva en el Congreso Nacional, el pasado 24 de enero, representa un gran revés de carácter estratégico para los planes hegemónicos del Comando Sur en Honduras. Hernández no perdió una simple votación, sino que puso en duda su imagen de hombre fuerte ante los ojos de los grupos que le apoyan.
Hablando en términos jurídicos, la discusión sobre la legalidad o no de elevar a rango constitucional a este cuerpo represivo es irrelevante, pero en la práctica política la ineptitud de Juan Orlando Hernández pone en riesgo, o al menos demora, los planes que tienen no solamente un carácter local sino que ven hacia todo el continente.
Tratando de rescatar su imagen, Hernández recurre a un arma peligrosa para toda clase dominante, la consulta popular. A su primer impulso de presentar de inmediato la propuesta de plebiscito para elevar a rango constitucional la policía militar, le sucede una posición más racional que le dice que ha perdido su correlación de fuerzas en el Congreso Nacional y que puede volver a perder, esta vez su última carta. Nuevamente, lo que menos le interesa es la legalidad o no del asunto.
Entonces decide hacer lo que le faculta el artículo cinco constitucional; recolectar firmas del pueblo para pedir la ratificación. Según el plan más obvio, una propuesta con un gran número de adhesiones del pueblo, haría imposible su rechazo en la cámara de diputados, lo que sin lugar a dudas tiene mucha lógica.
Sin embargo, con esto ha abierto una opción, cuya elección es obvia, y que ahora ha sido anunciada por el Coordinador General del Partido LibRe, y Presidente derrocado Jose Manuel Zelaya Rosales: se comenzará de inmediato a recolectar firmas para que en la misma consulta se apruebe el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, se abre un momento excepcional en el que la voluntad popular pondrá a prueba todo el sistema; sería absurdo acceder al plebiscito por el rango constitucional de la Policía Militar y negar al pueblo el derecho a elegir una Asamblea Nacional Constituyente.
Es impresionante la lección que se obtiene en este corto pero complejo proceso, pues de la infalibilidad impuesta por la fuerza y el terror, la posición de Juan Orlando Hernández provoca una discusión que para la sociedad hondureña es indispensable desde hace años, y que en 2009, entre muchos otros factores, llevó a la oligarquía local a cometer el garrafal error de asumir como suya la causa de los Estados Unidos que encontró aquí el escenario perfecto para revivir los Golpes de Estado como parte de su abanico de opciones de agresión contra nuestros pueblos.
Debatir entre lo que tenemos y lo que quisiéramos tener, entre la impunidad y la justicia, entre la movilización popular y el control fáctico de grupos económicos, en fin, la disputa entre seguir en este modelo o avanzar hacia un modelo alternativo viable, capaz de sostener una vida de calidad, poniendo el trabajo, y al ser humano que lo lleva a cabo por encima de las miserias del mercado.
La nueva coyuntura permite de inmediato una movilización por una causa que se ha mantenido vigente a lo largo de los últimos cinco años: la refundación del país. Para la sociedad hondureña es imprescindible entender que la historia no es lineal, ni sus fenómenos mecánicos. Además caer en cuenta que la acumulación de fuerzas no es solamente un proceso cuantitativo.
Esto último sin mencionar que cualquier posibilidad de victoria radica exclusivamente en la fuerza que seamos capaces de construir, y no en las condiciones legales que el sistema construye para defenderse, nunca para auto destruirse. Este un nuevo momento de esperanza para la sociedad, que debe verse a sí misma como el sujeto de su liberación, de la construcción de su historia, y si esto suena como un cliché, será bueno decir que difícilmente se podrá ganar a los enemigos aquello que no se les puede arrebatar.
Importante desarrollo en este país centroamericano, que prosigue en una tenaz lucha entre fuerzas que se empeñan en sumirla en su destrucción y una sociedad harta de embustes, trampas, engaños y promesas.
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