Por Marvin Palacios
La represión, la brutalidad militar y policial, la falta de voluntad política para resolver el conflicto, las muertes violentas, las intimidaciones y amenazas de guardias de seguridad que actúan con total impunidad, la ineficiencia de la Fiscalía para acusar a los culpables de las violaciones a los derechos humanos, aunado a la ausencia de justicia, han dejado secuelas imborrables de esta realidad que enfrenta el movimiento campesino en el Aguán.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha documentado los casos que reflejan esas secuelas de dolor, abandono y demandas de justicia.
Este comité ha constatado por ejemplo, el abandono que enfrentan las viudas de la masacre de campesinos en Tumbador. Fue el 15 de noviembre de 2010, cuando guardias de seguridad que trabajaban para el terrateniente Miguel Facussé asesinaron a 5 campesinos en la finca de palma africana conocida como Tumbador, jurisdicción de Trujillo, Colón.
El COFADEH apuntó que las consecuencias de estos hechos han derivado en situaciones precarias para las familias afectadas, cuando las viudas perdieron la fuente de ingresos que proporcionaban sus compañeros de hogar y en el presente afrontan grandes dificultades para alimentar y educar a sus hijos e hijas. La justicia no se aplicó y los culpables de estos crímenes continúan libres.
Otro caso catalogado como emblemático fue el registrado el 19 de septiembre de 2011, cuando en los predios de su casa, en la comunidad de Rigores, Trujillo, departamento de Colón y mientras se encontraba arreglando su bicicleta, Santos Bernabé Cruz, que para aquella fecha contaba con 16 años de edad, fue capturado, retenido ilegalmente y torturado por militares asignados a la Fuerza de Tarea Xatruch y por policías de Tocoa.
“Ellos (los militares y policías) le dijeron a mi familia que se fueran de la casa y que solo yo me quedara, luego con los cordones de mis zapatos me ataron las manos hacia atrás, me sacaron a empujones y me preguntaban que quiénes eran los que dirigían y que dónde estaban las armas”, narró Santos Bernabé.
Yo les decía que no sabía nada, me acusaban de asesino y de castigo me pusieron en la espalda unos sacos de granos básicos y me llevaron hacia el cementerio donde estaban los comandos (camiones militares).
Santos Bernabé
“Desde que llegué empezaron a golpearme con los cascos en la espalda, de ahí me tiraron a la paila de un carro, me insultaban, me golpeaban con los toletes, me ponían una bolsa plástica a modo de ahogarme, cuando ya no alcanzaba respiración, me la quitaban y me la volvían a poner”, describió el joven.
“De ahí me dijeron que si yo no les decía lo que ellos querían saber, me iban a matar, pues yo les contestaba que no sabía nada, que lo único que ocupaba era mis herramientas para trabajar en el campo; así que continuaron golpeándome, luego me ponían las armas en la boca, en los oídos y como estábamos en el cementerio, me decían que como había una fosa abierta; que ahí me iban a echar”.
Santos Bernabé pasó largas horas en poder de sus captores y recibió todo tipo de maltratos y amenazas, pero lo peor estaba por llegar.
“Entre ellos decían que mejor me iban a quemar y procedieron a rociarme de gasolina, así que estaba yo angustiado, porque miraba que ya cogía fuego, entonces dijeron que mejor me iban a amarrar y me iban a tirar al río Aguán”.
Transcurrió algún tiempo y finalmente, fue vendado y trasladado en un vehículo a través de las plantaciones de palma africana del terrateniente Miguel Facussé. Ahí, los militares gritaron a los guardias de seguridad de la Finca Paso Aguán (que colinda con la comunidad Panamá): …¡guardias quieren un tacamiche!, como una forma despectiva de nombrar a los campesinos.
Más tarde Santos Bernabé fue recluido en una celda de la posta policial de Tocoa. “Ahí los militares reportaron que me habían rociado con gasolina porque yo me les había opuesto al arresto. Me metieron a la bartolina, y a cada rato llegaba uno de ellos a amenazarme. Estaba angustiado, estaba yo solito, no tenía a nadie con quien consolarme, luego como a las 10:00 de la noche, me sacaron porque dijeron que yo era menor de edad, me llevaron a las oficinas, ahí pasé toda la noche, no dormí porque tenía miedo, sin comida ni bebida”.
Al siguiente día, cuenta Santos Bernabé, que los policías lo pusieron a asear los pasillos de la jefatura policial y hasta en horas de la noche lo liberaron, no sin antes recibir la advertencia de un policía que le dijo: “mira mijo, demasiado pequeño estás para que andes en esto, esta vez solo te agarramos, pero en la otra te vamos a desaparecer…”.
“Yo salí, no conocía Tocoa, porque yo no salía de la casa, caminé y caminé y encontré a un señor campesino, le pedí que me regalara una llamada para llamar a mi papi, lo llamé, me contestó mi papi y él se comunicó con la coordinadora de COPA (Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán) Haydé Saravia. Luego me fueron a traer y dijeron que era necesario hacerme una evaluación en el hospital, porque podría ser que los golpes me causaran daño más adelante”, comentó el joven.
En muchos de los testimonios de las víctimas se señala a guardias de seguridad como ejecutores de vejámenes y desapariciones contra campesinos
“Incluso en esa tortura recuerdo a un militar, el más gordo y negro, que brincaba en mi cuerpo a modo de destriparme”, recordó Santos Bernabé.
En aquella fecha había ocurrido un atentado en la zona y para esos tiempos mi papi Rodolfo Cruz era coordinador del Movimiento Campesino de Rigores, así que durante ese operativo de inmediato se dirigieron para la casa donde vivíamos.
Cuando me di cuenta del apoyo que había recibido con las alertas de organizaciones de derechos humanos y del movimiento, me sentí favorecido y a la vez protegido, me trajeron para Tegucigalpa porque la verdad yo no me sentía bien, pero gracias a las organizaciones nacionales e internacionales que me han ayudado.“Vine a COFADEH y al Ministerio Público para dar testimonio de todo lo que me había ocurrido”, dijo el joven.
Esas experiencias que he vivido, también me han traído nuevos conocimientos, pero aún hoy en día no me siento bien cuando veo a policías y militares, porque siento como si me estuvieran vigilando, me pega temor y a veces no quisiera encontrarme con ellos, aseguró el entrevistado.
A pesar de haber transcurrido tres años de las torturas, Santos Bernabé comentó que “casi seguido tengo pesadillas, es raro cuando yo duermo bien, porque se vienen esas imágenes en las pesadillas y sueño que hasta he pasado más cosas crueles de las sucedidas”.
“ He soñado que ellos me han querido matar o que quedo mal herido; cuando eso ocurre me despierto asustado, no alcanzo la respiración y tengo un sudor helado, tengo temblores en el cuerpo y es preocupante”.
Santos Bernabé Cruz (19) es un joven campesino que trabaja la tierra, es el mayor de 7 hermanos, a pesar de solo haber cursado el cuarto grado de educación primaria, tiene una visión clara de la realidad que enfrenta el movimiento campesino en el Bajo Aguán.
El COFADEH ha estado brindando acompañamiento al caso de Santos Bernabé y ha realizado las diligencias para presentar las respectivas denuncias ante el Ministerio Público. En los últimos meses el joven recibió asistencia psicológica privada, pero el comité busca en la actualidad que Medicina Forense certifique la actual condición psicológica y emocional del joven.
El conflicto de tierras en Rigores
La Ley de Modernización del Sector Agrícola emprendida por la administración del expresidente Rafael Leonardo Callejas permitió que grandes extensiones de tierras de Rigores fuesen adquiridas por el terrateniente Federico Rivera. Mediante el engaño fueron víctimas los miembros de la Cooperativa Unión Rigores, sostuvo Rodolfo Cruz ex presidente de la comunidad del mismo nombre.
Rodolfo Cruz
Cruz reveló que Federico Rivera mantuvo incultas grandes extensiones de tierras hasta el año 2000, tiempo cuando el movimiento campesino tomó posesión de las mismas para recuperar las tierras destinadas a la reforma agraria, que son unas 607 hectáreas.
“A partir de ahí, no hubo tranquilidad porque el terrateniente buscó desalojarlos, hasta que Federico Rivera en 2007 presentó la oferta de venta, pero en aquel momento no hubo capacidad del Estado para negociar por los 12 millones de lempiras que él solicitó”.
Cruz añadió que luego que Federico Rivera murió en 2008, quedó en posesión su heredero Erick Rivera quien enfrenta un impasse con los otros herederos que interpusieron un recurso que establece que no se pueden celebrar actos y contratos, por lo que la negociación se estancó.
Más tarde con la aplicación del decreto 18-2008 que favoreció al movimiento campesino, aprobado por la administración del presidente Manuel Zelaya, entra en vigor la expropiación de las tierras para adjudicarlas al movimiento campesino.
Sin embargo el Instituto Nacional Agrario (INA) adujo que no se podían celebrar actos y contratos por parte de los herederos y lo otro es que aparece una hipoteca del año 2009 que tampoco dio lugar a legalizar las tierras, explicó el dirigente campesino.
Otra maniobra fue que Federico Rivera para evitar que los sobre-techos con los que contaba, no fueran expropiados por el Estado, los transfirió a terceros (o presta-nombres), de tal manera que aparecían 3 dueños que son Federico Rivera, Rufino Flores y Francisco Flores, detalló Cruz.
Después del golpe de Estado, fue derogado el decreto 18-2018 y, “quedamos sin ningún amparo, ya que la oferta de venta aumentó de 12 a 27 millones y no hubo la voluntad del Estado de legalizar las tierras de esa forma”, explicó Cruz.
Es así que en 2011, Erick Rivera solicitó un desalojo violento ordenado por un juez de Trujillo y ejecutado por policías y guardias de seguridad, en el cual se produjo la quema de la iglesia, el kínder, viviendas y cultivos.
Cruz agregó que de 150 familias que se encontraban en las tierras, solo quedaron 120 enfrentando la intemperie y grandes necesidades. A finales de agosto regresamos al movimiento, y en septiembre hubo más represión por un supuesto atentado que ellos mencionaban, que al final fue un error técnico, ya que había explotado una granada, donde fallecieron 2 policías”.
Es decir que de acuerdo a este relato de dicho agente, la manipulación de una granada a manos de un agente ocasionó la muerte de dos policías, y este hecho se atribuyó a los campesinos, lo que generó una gran represión hacia el grupo campesino.
“Empieza el 16 de septiembre de 2011, la gran represión con la militarización de la zona, y en una de esas al movimiento le causan todo el problema, hacen cateos buscando lo que no podían encontrar y nunca lo van a encontrar porque no tenemos (las armas) y es cuando capturan al hijo mío Santos Bernabé”, señaló Cruz.
En ese momento Rodolfo Cruz (padre de Santos Bernabé) encabezaba el liderazgo del Movimiento Campesino de Rigores y formaba parte de una comisión que buscaba un acuerdo al conflicto de tierras en el Aguán.
Sin embargo Cruz reveló que fue señalado como un agitador dentro del movimiento y que eso trajo consigo que su vivienda fuese cateada por policías y militares. “Yo me encontraba fuera de la casa y no tengo ningún señalamiento hasta la fecha porque ellos no encontraron evidencias en mi contra, lo que queda fue la represión que hicieron e incluso nosotros alzamos la voz y fuimos a las organizaciones vigilantes y otras a nivel internacional”.
“Hicieron eso para tratar de criminalizar al movimiento y mantener la militarización, eso trajo la solidaridad de muchos movimientos que incluso con esa ayuda se hizo la escuela, se reconstruyeron nuestras viviendas y en esto no ha tenido nada que ver el Estado”, señaló el dirigente campesino.
La percepción de los campesinos sobre la militarización
En la actualidad gracias al trabajo colectivo que hacemos, estamos supliendo los alimentos como maíz y frijoles, porque no podemos decir que contamos con un fondo o un recurso, ya que nos sostenemos de lo poco que producimos, dijo el dirigente.
Consultado acerca de las horas de angustia que vivió Santos Bernabé a manos de militares y policías, Rodolfo Cruz expresó que “eso fue muy violento, porque ellos para sacar información no era necesario todo lo que le hicieron, sino más bien era buscar otra información mediante inteligencia”.
“Ellos en ningún momento podían sacar información, incluso lo podían asesinar a él, o asesinarme a mí, porque la voz que nosotros tenemos es una voz de lucha por la tierra, no es una voz de asesinos”.
Cruz indicó que ellos querían quedar bien con el terrateniente y no con la sociedad, incluso nosotros hemos hablado con lo básico, por ejemplo guardias de seguridad han estado aterrorizando al movimiento igual que los militares, porque también tenemos gente que ha muerto por acciones de guardias de seguridad y tenemos un desaparecido llamado Francisco Pascual López.
El dirigente campesino afirmó que ha enfrentado amenazas, aún de la policía “como cuando andaba en las calles y me decían que me podían macanear, y yo no podía platicar con algún militar porque me miraba con mucha intimidación. En cierta ocasión cuando me aprestaba a subir a un bus, un militar me habló de tal manera que me amenazó con aplicarme tortura”.
En relación a la actual conducción que realiza el coronel Jovel Martínez de la Fuerza de Tarea Xatruch III en el Bajo Aguán, Cruz apuntó que la estrategia ha cambiado, “porque anteriormente el coronel Gérman Alfaro (ex comandante de Xatruch), aterrorizaba más visiblemente con militares y el otro que está hoy (Jovel Martínez) él lleva más inteligencia, como que infiltra a familiares de militares dentro de los movimientos para captar todas las informaciones”.
A juicio de Cruz, la estrategia emprendida por el actual comandante Jovel Martínez está dirigida a construir situaciones a través de la inteligencia militar, para descalificar a defensores y defensoras de derechos humanos.
En torno a la fuerte presencia militar, el dirigente campesino señaló que la militarización en la zona obedece a la protección de las tierras del terrateniente Miguel Facussé. “Antes en las fincas solo mirábamos a guardias y ahora solo vemos militares custodiando la fruta que se saca de las fincas”.
“En ningún momento tenemos seguridad con lo que es el ejército o la Policía Militar que está construyéndose, más bien hay un temor máximo que en un momento dado podemos tener un fracaso por parte de la policía militar”, resaltó Cruz.
Sobre este tema el joven torturado Santos Bernabé, comentó que la militarización no ha traído paz ni tranquilidad, porque los jóvenes somos los que más sufrimos, la mayoría de jóvenes tienen ese temor y ese miedo y ya no hay confianza hacia los militares, porque no hay protección sino que lo que hay es crueldad.
“Somos hondureños, tenemos derecho a la vida, a la tierra, a la salud y a la libertad, yo aspiro a que todo se normalice, a que haya más tranquilidad y seguridad, expresó el joven que sobrevivió a los tratos crueles, inhumanos y degradantes aplicados en su contra por parte de militares y policías.
El ex director regional del Instituto Nacional Agrario (INA) en Tocoa (período 1998-2002), Renán Valdéz, reveló que el proceso de recuperación de tierras emprendido por unas 300 familias campesinas comprendió el asentamiento en 28 fincas, que estaban en poder del terrateniente Miguel Facussé.
“Ese ambiente bastante fuerte que se dio en la zona generó una polarización entre las organizaciones campesinas y los terratenientes René Morales, Reynaldo Canales y Miguel Facussé, aunque también compró tierras Jaime Rosenthal Oliva y la Stándar Fruit Company, que adquirió grandes extensiones de tierras del corredor Sabá-Olanchito, así como Isletas”, explicó Valdéz.
Después del golpe de estado (junio 2009), el gobierno de Porfirio Lobo Sosa mandó batallones del ejército y la policía, a concentrase en la zona con el supuesto de brindar seguridad ciudadana, “pero los militares lo que hicieron fue perseguir a los campe
sinos y no tocar a los guardias de los terratenientes, que eran los que perseguían, mataban y asesinaban a los campesinos”.
De esa militarización de la que hablamos que se desarrolla en el Aguán, es cuando realmente se genera una política de persecución, de asesinatos, de desalojos de la gente de Rigores, y ahí convergen dos cosas: Las tierras de Rivera y las tierras de Paso Aguán, que son tierras que compró Miguel Facussé y entonces se juntan terratenientes para enfrentar la lucha de los campesinos en esa zona, apuntó Renán Valdéz.
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