Por Sandra Rodríguez
Porque el Estado compraría sus tierras para la construcción de una represa hidroeléctrica, más de 400 familias se quedaron en la calle y sin dinero, pero aún mantienen energía para acampar en Tegucigalpa hasta que se les cancele y reubique, después de cuatro años de permanecer en zozobra.
En un ambiente donde poco a poco se autocensuran las víctimas de violaciones a derechos humanos, porque la represión es la respuesta de parte de las autoridades, para quienes exigen justicia, un grupo de al menos 200 personas provenientes de los municipios de Patuca y Catacamas, en el departamento de Olancho, tienen 23 días consecutivos exigiendo a la gerencia de la Empresa de Energía Eléctrica, ENEE, les resuelva el pago de sus tierras.
Al llegar frente al edificio gerencial de la ENEE en Tegucigalpa, rápido de advierte que es una manifestación con características diferentes, hay pequeñas fogatas hechas con piedras, sobre ellas grandes utensilios donde se cocina arroz, frijoles, plátano, se cortan trozos de queso, se destaza animales, los y las manifestantes lejos de aguantar hambre, están consumiendo lo que se produce en las tierras que no se les ha podido despojar.
También el ambiente se pinta de color verde olivo, entre el temor porque la zona está militarizada desde que inició la manifestación, y las amenazas de desalojos son constantes, como lo sucedió el día de ayer en la mañana, “quisieron desalojarnos, pero no se atrevieron” declaró Miguel Navarro, presidente de la junta directiva, dueños de tierras afectadas por el proyecto hidroeléctrico Patuca III.
Pero en esta lucha, no están pidiendo nada, sino que exigen se les pague las indemnizaciones del proyecto Patuca III, para lo que han utilizado sus parcelas, y la deuda es de más de 400 millones de lempiras, que se arrastra desde el gobierno del también olanchano Porfirio Lobo Sosa, pero que ninguna autoridad de la estatal ha honrado, cobrando la vida de siete personas, cuyas muertes fueron consecuencias de enfermedades derivadas de la preocupación por perder sus bienes.
Después de 25 acuerdos incumplidos, el pasado jueves, el ministro de la ENEE, Roberto Ordóñez, atendió en el día 16 de manifestaciones, a una comisión de los y las campesinas afectadas por el proyecto Patuca III, les dijo que les tendría una respuesta el próximo 25 de febrero, por lo que esperaran en las afueras del edificio dicha fecha.
Y es que al hacer el contrato, las partes acordaron que esas tierras serian pagadas en octubre del 2011 y solo se ha cubierto el 60% de la deuda.
Muchos de los manifestantes son adultos mayores, quienes duermen en delgados colchones en el suelo, pero que no permitirán que se les robe lo que tanto les ha costado como patrimonio familiar.
Don Salvador Varela, comentó que “nos adeudan nuestra tierras y estamos solicitando al ministro de la ENEE que nos haga el pago pronto, porque no aguantamos tanta pérdida de tiempo, hemos llegado a muchos acuerdos y ellos nos los han incumplido, desde el 2011 llegamos a un acuerdo, porque vimos que esta represa era beneficiosa para toda la población, pero ni siquiera está funcionado el proyecto que afecta la zona del Patuca hasta los valles de San Pedro, Catacamas”.
“Estamos viviendo en la misma zona pero somos un paralelo, entregamos todo, pero no tenemos ningún derecho”, manifestó don Salvador, quien afirmó que estará en la manifestación hasta que reciban respuestas reales.
Yury Cálix, otra personas que ha sido afectada por la construcción de la represa hidroeléctrica Patuca III, denuncia que desde hace cuatro años les deben los terrenos, “fuimos afectados por el proyecto Patuca III, y hemos sido engañados por el presidente de ese periodo, Porfirio Lobo, no venimos a pedir, sino a cobrar nuestros terrenos, por lo que el ministro se debe poner la mano en la conciencia y que nos atienda”.
Aseguró que, “no ha sido fácil dejar nuestra casa y familia, para venir a estar aquí, estamos a la deriva e intemperie de la naturaleza, y corremos riesgos porque dormimos en la calle”.
Ya no creemos en promesas, estamos hartos, y el hecho de venir aquí a sufrir, llorar y rogar para que nos paguen cosas que son nuestras, es porque nos hemos cansados y llegamos al límite, aseguró Cálix, quien dejó a su madre enferma en Olancho.
Le abrieron las puertas de nuestras tierras, y les cierran las de la ENEE
Por su parte el vocero del grupo, Miguel Navarro, presidente de la junta directiva, dueños de tierras afectadas por el proyecto hidroeléctrico Patuca III, explica que son 12 mil manzanas de tierra ocupadas por este proyecto e involucra dos municipios, Patuca y Catacamas.
Tierras en las que se cultivaba los granos básicos de consumo familiar y para aporte a la alimentación y economía nacional, y ahora el gobierno responde con amenazas e intimidaciones, sin importar las condiciones que tenemos aquí, hay personas mayores, mujeres y niños infantes, es una lucha marcada con sangre, porque hay personas que han muerto de paros cardiacos producto de la preocupación por perder sus tierras, y la indiferencia de parte del gobierno es muy fuerte.
Las familias no querían deshacerse de sus parcelas, pero decidieron negociar cuando se dieron cuenta que había una Ley de expropiación de tierras que se le aplicaría a dueños de tierras cuyos predios serian ocupados por proyectos estatales.
La negociación fue con el entonces gerente de la ENEE, Roberto Martínez Lozano; presidente del Ejecutivo, Porfirio Lobo Sosa; ministro del Interior y Población, Áfrico Madrid; y Jorge Lobo; y por parte de los dueños de tierras, la junta directiva, allí formamos el compromiso adquirido de compra venta en el 2012.
En más de cuatro años, hemos estado en lucha permanente, al menos 40 plantones en diferentes instancias como Casa Presidencia, Ministerio de Finanzas y la ENEE, ese es un compromiso adquirido por el gobierno por lo que debe ser cumplido por la administración de turno, afirmó Navarro.
La situación en Olancho es complicada, las familias ya no tienen sus tierras, al igual que aquí, no cuentan con abrigo, ya no son dueños de sus casas. Nos presentaron el proyecto con muchas bondades para el país y que generaría 5000 empleos directos, más los indirectos, oportunidades de negocios, bajo costo de la factura energética en el departamento, pero nada ha sido real.
No hay solo enfermedad física, sino mental, gente descompuesta emocionalmente, más de 6 mil familias afectadas directa e indirectamente. Los servidores públicos han sido nuestros verdugos.
“A quienes les abrimos las puertas de nuestras viviendas y propiedades hoy nos cierran las puertas de estas oficinas públicas, nos amenazan, nos rodean con policías y militares, no nos deberían de tratar así, sino dar cumplimiento a sus acuerdos”.
Mientras que, notamos que a la sociedad no le interesa lo que nos sucede, es indiferente, pues nosotros también exigimos que se realice ese proyecto hidroeléctrico, son más de 200 mil millones de lempiras que allá están botados, el proyecto está abandonado, declaró Navarro.
Aquí hasta nos han criticado porque hemos traído nuestros alimentos, consumimos lo que producimos, traemos gallinas, cerdos, vaca, yuca, no hacemos huelga de hambre, porque esas duran poco, aunque deseamos que esta espera no se alargue.
Hemos enfrentado momentos críticos al estar aquí, malos tratos e insultos de parte de las autoridades, y no queremos lamentar algo grave, que repercuta en nuestra salud.
“Los Patucas” como se identifica al grupo, denuncian que 100 y 150 militares y policías los rodean cada día, “no nos intimidan, pero tampoco estamos acostumbrados a vivir así, mire como son las cosas, a los que venimos a cobrar nos echa la policía, los ladrones queriendo echar presos a los honrados, en vez de nosotros proceder en contra de ellos porque nos han invadido nuestras tierras, son ellos los que nos atacan por cobrar un derecho que nos asiste”, expresaron.
Es una lucha por el pueblo, por la defensa del ambiente, pues según los pobladores, ni siquiera se ha socializado el proyecto, la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA, otorgó una licencia ambiental sin tomar en cuenta el daño que ocasionará a la flora y fauna de la zona del Río Patuca, invadida por la empresa china Sinohydro, que construye este proyecto.
En algunas pancartas se lee “ya estamos cansados de promesas”, por lo que el grupo no se moverá del lugar, hasta que se les pague el 40% del valor de sus tierras que aún se adeuda, siendo en total más de 400 millones de lempiras.
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