La Corte Suprema en Honduras, CSJ abusó de su poder, trasgredió obligaciones internacionales y de su propia legislación, para dejar un precedente: si desafían al poder, si actúan de forma independiente, si piensan diferente, serán expulsados porque en el poder judicial no hay cabida para la crítica.
Así describió el accionar del Poder Judicial en Honduras, Marcia Aguiluz, abogada del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), en el caso de los tres jueces y una magistrada destituidos luego de denunciar las violaciones y arbitrariedades ocurridas en el marco del golpe de Estado de 2009.
Los días 2 y 3 de febrero, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional llamaron al Estado de Honduras, a través de la audiencia del caso López Lone y otros vs. Honduras, a adoptar medidas prontas que garanticen jueces y juezas independientes y así lograr que todas las personas en el país tengan acceso a la justicia.
El juicio se abrió escuchando a las víctimas y peritos, quienes dieron sus opiniones en estos despidos que tienen una vinculación directa con la aplicación de justicia en Honduras. En la comparecencia el abogado Guillermo López Lone, una de las víctimas del caso, se refirió a los despidos arbitrarios que sufrieron él y los jueces Luis Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios, así como también la magistrada Tirza Flores.
Ese primer día la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibió la opinión experta de tres peritos. El señor Antonio Maldonado, abogado y ex asesor en materia de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, habló sobre el contexto de restricción de derechos humanos que caracterizó el golpe de Estado y sobre el rol que jugaron las máximas autoridades de diversas instituciones responsables de garantizar derechos humanos en dicho escenario.
Otra de las opiniones que recibieron los siete jueces que conforman la Corte IDH, fue la de Leandro Despouy, ex Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, quien explicó que los despidos de los jueces y la magistradas están ligados a la violación al derecho de la libertad de expresión, ya que se les sancionó por la denuncia y las opiniones vertidas, lo que se convierte en caso de censura indirecta.
El Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado emérito en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de España, declaró ante la Corte sobre las garantías que deben cumplir los procesos contra jueces y juezas y sobre los derechos y libertades que poseen. En particular, el perito Ibáñez realizó un exhaustivo análisis de la legislación vigente en Honduras y recomendó reformas para fortalecer la independencia en este país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) representada, entre otros, por el Comisionado Jesús Orozco y el relator especial para la libertad de expresión Edison Lanza, apoyaron la tesis de las víctimas y solicitaron a la Corte declarar la responsabilidad del Estado por los hechos.
“La decisión que esta Corte adopte en este caso sentará un precedente en el resguardo de la democracia en la región y la salvaguarda del derecho de expresión, derecho de reunión, derecho de asociación y derecho de participación, manifestó el relator para la libertad de expresión, quien además solicitó un pronunciamiento de la Corte IDH en este tema por su relevancia en términos de orden público interamericano.
El Estado ocupó su tiempo principalmente en alegar una falta de agotamiento de los recursos internos además afirmó que sí existían garantías internas de protección para las víctimas, postura que fue refutada por la Asociación de Jueces por la Democracia, CEJIL y los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En representación del Estado hondureño, acudió el Sub Procurador General de la República, el abogado Jorge Abilio Serrano, quien dijo en su defensa que las motivaciones del Estado para terminar la relación laboral con los jueces y la magistradas están contenidas en la legislación nacional y que no afecta la Convención Interamericana de Derechos Humanos y leyes internacionales.
Marcia Aguiluz, directora del programa de CEJIL para Centroamérica y México, recalcó durante la audiencia que “la Corte Suprema hondureña abusó de su poder, transgredió las obligaciones internacionales del Estado y su propia legislación. Para sentar un precedente, la Corte escogió a estas cuatro personas, todas integrantes de la Asociación de Jueces por la Democracia, y envió un mensaje claro: si desafían al poder, si actúan en forma independiente, si piensan diferente, serán expulsados. No hay cabida para la crítica. Ahora está en manos de los jueces de la Corte Interamericana cambiar este desafortunado precedente y establecerlo en favor de la independencia judicial”.
Proceso
Este es el primer caso que conoce la Corte IDH sobre hechos relacionados con el golpe de Estado y también es el primer caso sobre independencia judicial de un país centroamericano.
Luego de finalizar el juicio, la magistrada Tirza Flores Lanza manifestó, "después de tocar tantas puertas solo estar en la Corte Interamericana de DDHH ya es reparador. A nivel personal la presencia de mis hijos es importante. También lo es que se acredite en el juicio el contexto de un golpe de Estado. Y que muchas víctimas sientan que vamos abriendo camino."
En su comparecencia el abogado Alfredo Ortega, defensor de los jueces y la magistrada, dijo que las víctimas actuaron como auténticos defensores de derechos humanos ya que realizaron una serie de acciones para reclamar la restauración del orden constitucional.
“En abogado Guillermo López Lone participó en una marcha donde 200 mil de personas pedían la restauración del orden constitucional. Él actuó no solo con el derecho de ser ciudadano sino como su deber. La magistrada Flores Lanza acudió al sistema de justicia hondureño a denunciar a los presuntos responsables del golpe de Estado y amparar al presidente que había sido violentamente expulsado. En el caso del juez Luis Chévez de la Rocha fue hasta detenido por defender a un grupo de habitantes que protestaban y fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad nacional. Y finalmente el abogado Barrios dictó una conferencia en su condición de catedrático universitario, donde manifestó que lo ocurrido en Honduras no era una sucesión constitucional, posteriormente se publicó un resumen de su comparecencia. Por estas acciones los jueces y la magistrada fueron destituidos arbitrariamente en un proceso en que entre otras violaciones, no garantizó el acceso a recursos adecuados y efectivo”, dijo Ortega.
Aguiluz agregó que la reparación es integral. “La restitución no únicamente es importante para la vida de los jueces y la magistrada, sino por el mensaje que se enviaría al poder judicial y la judicatura hondureña, en cuanto a que si ejercen su libertad de expresión, si son críticos y son arbitrariamente despedidos esas actualizaciones eventualmente tendrán un acto de justicia y eventualmente van hacer reparados. Es importante que la Corte IDH deje claro que el reintegro no admite una justificación alguna. El reintegro no es sinónimo de perder la indemnización que les corresponde y que deben quedar en condiciones iguales a las que ellos tenían al momento del despido”, dijo la abogada defensora de los jueces y la magistrada.
El procedimiento aplicado a las víctimas carecía de normativas claras, eran ambiguas, no se contaba con la garantía del juez natural, no garantizaba el debido proceso. Esto estaba establecido en la ley de la carrera judicial y su reglamento, aunque a ellos se les aplicó 8 distintos instrumentos jurídicos.
¿Por qué es importante este caso?
Lo ocurrido a los jueces y la magistrada no es un caso aislado. En Honduras persiste un grave problema en cuanto al uso de procesos disciplinarios para sancionar, estos han servido como instrumento de control político e ideológico.
Desde Cejil han señalado que la Asociación de Jueces ya había ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para plantear sus preocupaciones mucho antes de que hubiese ocurrido este caso. Luego en el 2012 el Congreso Nacional destituyó a 4 magistrados de la Sala Constitucional sin ningún tipo de proceso porque se atrevieron, en ese momento, a desafiar al poder Ejecutivo.
Marcia Aguiluz recordó que “recientemente cuando se instaló el Consejo de la Judicatura y la Carrera judicial, entre octubre de 2013 y septiembre de 2014, se anunció una depuración basada en la ley del Consejo que no tenía ninguna regulación disciplinaria y creando una directriz temporal y producto de ese régimen ad hoc, podríamos señalar que se han suspendido aproximadamente 28 jueces y se han destituido 29, vale llamar la atención que en esta nueva camada de arbitrariedades fue despedido el abogado Barrios”.
La Corte no debería permitir que los Estados de alguna manera realicen reformas que son meramente formales y que persisten en la incompatibilidad con las obligaciones internacionales como una forma de evadir el examen de esta honorable Corte, dijo la represente de Cejil.
Para el perito Andrés Ibañez es un tema de la ejecutividad de las resoluciones de la Corte y enviar de alguna manera ese mensaje de que tiene sentido venir a la Corte IDH para efecto de obtener justicia, y más aún en un caso como aquí corresponde.
“El presente juicio representa un hito histórico para los jueces y juezas de Honduras, así como para la sociedad hondureña que clama justicia y respeto a los derechos humanos. Estamos convencidos que la resolución que tome la Corte Interamericana responderá a nuestras peticiones y servirá para reorientar tanto el régimen disciplinario en el poder judicial de Honduras, así como los derechos a la libertad de expresión, de organización y de asociación que tenemos los jueces de Honduras. Así como el derecho que tenemos de opinar en los diferentes temas que conciernen a la sociedad hondureña”, Mario Díaz, presidente de la AJD.
En sus comparecencias tanto los jueces como los peritos expresaron que la decisión de la Corte es trascendental pues permitirá establecer con mayor claridad las garantías al debido proceso y limitar así el uso arbitrario de los procesos disciplinarios para sancionar jueces que actúen en forma independiente.
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