Por Ismael Moreno Coto,sj *
El 28 de junio de 2009, antes del mediodía, cuando no se acababa de consumar el golpe de Estado con la toma de posesión del gobierno de facto, nuestra radio fue asaltada por un pelotón de militares para obligarnos con sus ametralladoras a cerrar nuestros equipos. Apenas comenzaba la presión que llevaría al deterioro creciente de la institucionalidad del Estado de Derecho y, por consiguiente, dejar en situación de extrema precariedad la vigencia de los derechos humanos.
Aquello era apenas el inicio. Quienes rompieron el orden constitucional cerraron otros medios, reprimieron a manifestantes, golpearon a periodistas y reporteros, como ocurrió con el periodista de nuestra Radio, Gustavo Cardoza, capturado y brutalmente golpeado mientras cubría una manifestación contra el golpe de Estado en la ciudad de Choloma, Cortés, en el atlántico hondureño, el 14 de agosto de 2009.
Todavía faltaba lo peor. Los jueces y abogados José Guillermo López Lone, Luis Alonso Chávez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios, así como la magistrada y abogada Tirza del Carmen Flores Lanza, reconocidos por su ética personal y profesional, expresaron su denuncia por los atropellos a la dignidad humana, la violación de los derechos humanos, la violación a la libertad de expresión y a la propiedad privada así como demandaron la restitución del orden constitucional denunciando a los responsables de su ruptura, entre quienes se encontraban altos funcionarios del poder judicial.
Tras el cierre y en el tiempo posterior al mismo, nuestra Radio Progreso contó con la solidaridad por parte de estos cuatro profesionales y funcionarios públicos, así como nuestros micrófonos se hicieron eco de sus análisis, sus cuestionamientos y sus propuestas. Fue a través de nuestra Radio y de otros medios alternativos como se lograron escuchar estas voces acreditadas orientadas a exigir el retiro del gobierno de facto y la restitución del presidente derrocado, como condición de posibilidad para iniciar un rumbo que condujera a enjuiciar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y a los que habían planificado e implementado el golpe de Estado.
Sus voces y propuestas nunca fueron escuchadas y atendidas en sus denuncias, cuestionamientos y propuestas. Fueron descalificadas por las más altas autoridades del Poder Judicial, por los voceros del gobierno de facto e ignoradas por los medios corporativos. De la descalificación, las autoridades del Poder Judicial pasaron a acusar a los cuatro empleados con argumentos completamente alejados de las razones legales, tratando de encubrir los argumentos políticos con acusaciones de faltas laborales a quienes cuestionaban le ilegalidad del gobierno y particularmente a las altas autoridades del Poder Judicial coludidas con los responsables de la ruptura constitucional.
Una vez que las faltas laborales ordinarias no dieron su efecto, las autoridades del Poder Judicial no tuvieron ningún recurso que argumentar con la participación de los jueces y la magistrada en protestas políticas para justificar su cesantía como empleados del poder judicial. En definitiva, los cuatro funcionarios del poder judicial que denunciaron la ilegalidad del golpe de Estado y exigieron la restitución constitucional fueron despedidos por una voluntad política del gobierno de facto a través de las máximas autoridades del poder judicial.
El despido de estos profesionales del Poder Judicial fue sin duda uno de los golpes más certeros a la institucionalidad del Estado de Derecho, porque tal decisión golpeó el corazón de la justicia al evidenciar los altos niveles de impunidad existentes en el país. Si cuatro profesionales de alta trayectoria y reconocimiento ético habían sido víctimas de decisiones arbitrarias y evidente abuso de autoridad, no era difícil suponer el grado de alta indefensión y vulnerabilidad en la que quedaban todas aquellas personas y grupos sociales, comunitarios, populares, políticos, étnicos, de género y de la diversidad sexual que desde sus territorios y desde las calles protestaban en oposición al golpe de Estado.
El despido de los cuatro funcionarios del poder judicial dejaba a su vez en evidencia el compromiso de las autoridades judiciales en su más alto nivel con quienes estaban comprometidos con la sostenibilidad y continuidad de la ruptura del orden constitucional. Los violadores de la ley impusieron su decisión sobre los empleados del sistema de justicia que con mayor capacidad y compromiso ético y democrático defendían el imperio de la ley y la vigencia del Estado de Derecho.
Una sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana de derechos Humanos al Estado de Honduras por la violación a los derechos laborales y humanos de José Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y Tirza del Carmen Flores Lanza y la consecuente restitución a sus puestos de trabajo así como el resarcimiento a los daños a ellos ocasionados, es un reconocimiento a su postura ética responsable en la denuncia y condena a la ilegalidad en la que se basaron los hechos del 28 de junio de 2009 y sus inmediatas y futuras consecuencias tanto para el Estado de Derecho como para la integridad y la vigencia de los derechos humanos. De igual manera, una sentencia condenatoria sentaría un precedente para avanzar en la lucha contra la impunidad y en defensa del Estado de derecho y la democracia ante las amenazas de quienes se aprovechan de la debilidad institucional para imponer la ley de los fuertes.
* Director Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC y Radio Progreso
Honduras, C.A.
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