Por Javier Suazo
Pobreza y desempleo: materias reprobadas por gobierno
En más de una ocasión hemos manifestado que el modelo que se instauró en Honduras después del golpe de Estado de junio de 2009, es de corte neoliberal, y que el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, ha profundizado. Sin embargo, es un modelo monetarista neoliberal “bastardo”, o vulgar como lo suelen llamar algunos dirigentes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
Es bastardo porque en vez de respetar las reglas del juego y las instituciones, que tanto hablan los neoliberales, las violan. Una de estas instituciones es la Constitución de la República de Honduras vigente desde principios de la década de los años 80s, que ha sido violada cuantas veces quieran los políticos de turno. Una de estas violaciones es permitir la venta del territorio nacional con la ejecución de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDEs), sin que se visualicen beneficios tangibles para las familias desplazadas y aquellas del entorno sumidas en la pobreza e indigencia.
Recién se habla de consumar de nuevo una violación con la pretendida reforma para elevar rango constitucional de la Policía Militar de Orden Publico (PMOP), y crear una nueva institución paralela a las FFAA con dependencia y mando directo del Presidente de la República. Esto es improcedente desde el punto de vista jurídico, ya que existe una Policía Civil Nacional (POCN) con competencias permanentes en este campo y una estructura y mando jerárquico dentro de la FFAA donde el Presidente tiene que apoyarse para tomar decisiones en materia de defensa y seguridad pública.
La sorpresa, a pocas horas del día D (12 de la noche del 24 de enero), fecha máxima para que el Congreso apruebe este capricho presidencial, es la manifestación pública de apoyo a esta iniciativa de Ley por la cúpula del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que no incluye a la Asociación de Industriales de Honduras (ANDI) y otras organizaciones que están en contra de la ratificación constitucional; sin analizar sus alcances futuros y la violación de la Constitución de la República que han jurado respetar. Caso contrario de los trabajadores que apoyan la PMOP, tal como lo manifiestan los líderes de los partidos de oposición, pero solo una minoría está a favor de elevarse a rango constitucional.
El comunicado del COHEP dice que el respeto irrestricto a la Ley es fundamental para contribuir a un clima de paz y seguridad. La empresa privada insta al Congreso a que ratifique el decreto de creación de la PMOP, aprobado en la diarrea de leyes entre diciembre 2013 y enero 2014 cuando el Partido de Gobierno tenía mayoría en dicho órgano. Si ello no se dada, el clima de inseguridad continuará, y no habrán empleos para el pueblo hondureño (2.2 millones de personas están desempleadas literalmente).
Un argumento esgrimido es que al no elevarse a rango constitucional la PMOP, se ahuyentará aún más la inversión extranjera ya que no habrá seguridad jurídica para las inversiones realizadas por las empresas. Para los líderes de la oposición, denominada la “Gran Alianza” para la Democracia de Honduras, en contra el continuismo presidencial, es que la violación de la Constitución de la República que se quiere cometer es lo que perjudica el clima de inversión, ya que en el exterior nos miran como un país violador sistemático de leyes, en especial de su Carta Magna. En el lenguaje neoliberal, somos un país que no respeta las reglas del juego democrático.
El llamado de los líderes de la Gran Alianza para la Democracia en Honduras, es para que los diputados y sus suplentes se mantengan firmes en su posición y no abandonen sus trincheras de lucha, más aún cuando el partido de gobierno quiere meter un gol de extra/tiempo pidiendo que se ratifique el rango constitucional de la PMOP y después convocar a un referéndum para que la población se pronuncie sobre dicha ratificación.
Además de la posición del COHEP, que a criterio de Don Emilio Larach, empresario con una trayectoria limpia, lo que debería estarse haciendo es exigir al gobierno un plan para que los impuestos rindan más y no cargar con más tributos al pueblo y empresarios honestos contemplados en la nueva Ley de Protección Social impulsada por el Ejecutivo; es de lamentar la persecución desatada contra líderes de la oposición y diputados al Congreso de la República.
Han sido acusados de narcotraficantes, corruptos, delincuentes, vende patria, mariguaneros, homosexuales, prostitutas, etc.
Parece ser que esta asesoría al Presidente de la República viene desde afuera, y no ha tenido el resultado esperado, más bien todo lo contrario al unir la oposición política con mayoría en el Congreso Nacional y evidenciado las pretensiones continuistas del Presidente.
Tegucigalpa, DC, 23 de enero de 2015.
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