sábado, 14 de febrero de 2015
Entre más cuerpos armados, es mayor la represión
Por Sandra Rodríguez
Honduras es un país que continúa sobresaliendo por ser de los más violentos del mundo. Entre las víctimas se registra grupos campesinos, sector social organizado, defensores de derechos humanos, mujeres, juventud, oposición política, dirigentes sociales, diversidad sexual, etc., pese a que cuenta con miles de policías, militares y guardias de seguridad privada, todos armados y presentes en el territorio nacional, según los gobernantes, para combatir la delincuencia.
Y ante esa ola que violenta los derechos humanos de los y las hondureñas, hay organizaciones internacionales que dedican parte de su labor a acompañar a las comunidades vulnerables a nivel nacional, como “La voz de los de abajo” que tiene su sede en Chicago, Illinois, Estados Unidos.
Desde allá, Vicky Cervantes, una de sus integrantes, ha realizado la primera visita en este año a Honduras, específicamente a comunidades indígenas y campesinas que han sido desalojadas violentamente de terrenos en recuperación, en los que se han establecido desde hace varios años.
“Estoy aquí porque hay necesidad de acompañamiento y solidaridad con respecto a los derechos humanos y el derecho para el pueblo de vivir con dignidad”, afirmó la defensora.
En una gira del 20 al 28 de enero, Cervantes acompañó a miembros de la Central Nacional de Trabajadores del Campos, CNTC, en las diferentes visitas a comunidades en los departamentos de Comayagua, La Paz, Yoro, Cortés y Atlántida, porque en esos lugares hay problemática campesina, explicó.
Entre las experiencias que ha vivido en este acompañamiento, compartió sobre lo impactante que es ver la situación de familias campesinas que ni siquiera tienen acceso a tierras para producir, y con ello a contribuir a la alimentación de los más de 8 millones de hondureños, pero que sí se les reprime, agrede, enjuicia y criminaliza, tal es el caso del compañero ambientalista Francisco Martínez, asesinado el 5 de enero en Santa Elena, La Paz.
Estuve en una comunidad campesina de 17 familias en San Jerónimo, Comayagua, su grupo se llama “Camino al futuro” quien con toda la ilusión y ganas de salir adelante, desde hace siete años iniciaron el proceso para obtener el título de propiedad de la tierra que habitan, pues cuando decidieron recuperarlo no tenía dueño.
Y en diciembre del 2014 inició una escala de violencia contra ellos, por parte de una familia que quiere apoderarse de esas tierras, y el 27 de ese mes, después de las 8 noche y sin orden de desalojo, llegó un grupo de policías y hombres vestidos de negro, encapuchados, algunos armados con fusiles, otros con herramientas utilizadas en la construcción, y demás objetos con los que pudieran destruir los bienes de los campesinos.
Juan Martinez, campesino asesinado en enero 2015 en La Paz
Cuando hay personas que ejecutan desalojos violentos no toman en cuenta las condiciones de las personas, por ejemplo en esta comunidad, hay niños menores de 5 meses de edad, y los hombres armados empezaron a disparar y destruyeron todas las pertenencias de los campesinos, ante el atropellamiento, las familias “huyeron al monte”.
Por su parte, los desconocidos se llevaron algunas de las cosecha e incendiaron lo que quedó, después metieron vacas de otras personas, relató Vicky. “Fue un milagro que nadie resultó herido y todos salvaguardaron su vida, además era un horario fuera de ley, porque lo legal es entre seis de la mañana y seis de la tarde.
Eso fue un desalojo “pícaro” como lo llamaron los afectados, porque no llevaron orden de desalojo, ni se presentaron autoridades correspondientes. Es lamentable que escenas similares la observadora internacional de DDHH, las haya visto en otros lugares de Honduras, “porque hay toda una lucha de despojar al pueblo, como lo que sucede en La Paz, donde son campesinos e indígenas que defienden los recursos naturales y se oponen a las empresas hidroeléctricas”.
Según estudios, en Honduras hay unas 300 mil familias campesinas sin acceso a la tierra, y en La Paz también hay familias con mucho poder y empresas que se quieren apoderar de tierra, hay una lucha de despojar al pueblo, ahí hay 44 grupos de la CNTC, 16 campesinos -de esa organización- encarcelados y listas 34 órdenes de desalojo, denunció Cervantes.
“El gobierno actual, la empresa privada y terratenientes tratan al campesinado hondureño de forma inhumana, y ellos tienen los mismo derechos de vivir en dignidad que cualquier otra personas, tenemos que verlos como personas que hacen una gran contribución a nuestro país, porque ahora mismo ellos están produciendo los alimentos que consumismos y de forma más natural”.
“Sin embargo, el gobierno, empresarios, terratenientes y militares están desalojando a los campesinos de sus parcelas, para cultivar únicamente palma africana e importar la comida, mientras el pueblo hondureño tiene hambre, hay hambruna en ciertas regiones”.
Inspiradora actitud campesina
Sin embargo, a Cervantes, le llama la atención que los y las campesinas quienes son víctimas de desalojos violentos y los dejan sin nada, siempre están optimistas para iniciar nuevamente, a levantarse desde las cenizas que quedan cuando les incendian sus viviendas, y con su propio esfuerzo se organizan y hacen proyectos de cría de aves, sembrar nuevos cultivos, construir su escuela, “eso es inspirador”.
Los y las campesinas, continúa la defensora, son personas con mucho análisis político- social, desde antes del golpe de Estado (2009), ellos ya eran parte de la resistencia al neoliberalismo y a la represión, ellos lo que quieren son oportunidades de desarrollo, vivir en paz, contribuir a la economía del país, buscan una reforma agraria justa que les dé esa oportunidad, en lugar de seguirles destruyendo a ellos, su familia y el país.
Si la represión continua, existe el riesgo que las comunidades de La Paz y Comayagua, lleguen a los extremos de ser sometidos a fuerzas más poderosas, al elevado nivel de violencia y asesinatos que se vive en el Bajo Aguán, y esa situación es preocupante, por la presencia de negocios tan grandes, la circulación de efectivo y la fuerte oposición de parte de agroindustriales, dijo Cervantes, quien constantemente viene a Honduras y comparte de cerca con los y las campesinas.
En Comayagua, ya se comenta entre los y las campesinas, que están entrando fuerzas muy poderosas, y son los mismos terratenientes del Aguán, están comprando tierras para el cultivo de palma africana, y en La Paz para el desarrollo de sus proyectos hidroeléctricos y minería, lamentó Vicky.
Es sorprendente el nivel de militarización en este país, y de ver otro cuerpo de seguridad llamado de represión en un país donde ya nos e cuantos tipos o niveles de policías existen. Preocupa más en las comunidades campesinas donde la población es más desprotegida, Aisladas, rural, donde la ayuda y acompañamiento no es tan inmediato, sino que se tarda hasta un día para llega dónde ellos.
Honduras es un lugar bonito, además con una gastronomía muy variada y esa depende de la actividad agrícola que realizan los grupos campesino, que son poco apoyados, marginados, y maltratados.
Como miembros de La Voz de los de Abajo, trabajo en una red de solidaridad con Honduras, y desde hace cinco años hacemos trabajo de incidencia ante el Congreso de nuestro país, para que el Gobierno de los EEUU deje de financiar la policía y fuerzas armadas de Honduras, que es con nuestro dinero, porque lo pagamos con los impuestos, denunció Cervantes.
Yo vivo en Chicago, una ciudad con muchos policías y también tenemos problemas de criminalidad y en cada campaña política se habla de “necesitamos más policías” tenemos de los índices más altos de policías en el país, y el crimen sigue creciendo, Honduras no es la excepción.
En Honduras se dan casos como que en lugares donde no hay presencia militar o policial, los índices de violaciones a DDHH son muy bajos, pareciera que los cuerpos armado están relacionados con atacar a la población, eso tiene que ver con el nivel de impunidad, violencia que genera tener cuerpos armados no muy bien entrenados, mal supervisados y no muy claros con sus funciones, por lo que es mejor que el pueblo se organice y mantenga la paz.
Es importante la solidaridad, que lo que pasa en el mundo nos importa a todos, lo que está sucediendo en La Paz o en las montañas de Comayagua también nos afecta, por lo que todas esas cosas hacen que la impunidad avance y crezca, repercute en todo. Y a eso no le llamo caridad emocional, sino solidaridad que nos permita a todos los países del mundo con dignidad.
Vamos a seguir pendientes de lo que sucede en Honduras, durante mi estancia he escuchado a diario que hay muertes, demasiada violencia con fines políticos y económicos en contra de los sectores sociales, desde mi experiencia con las comunidades indígenas y campesinas.
Por su parte la población lamenta que en este país no hay justicia, y que asesinan a los campesinos y nadie investiga, pero la indiferencia de la parte de la mayoría.
El recrudecimiento de la violencia en esta ciudad es alarmante si tenemos en cuenta que Chicago y el Estado de Illinois, tienen una de las legislaciones más restrictivas en cuanto al uso de armas.
Seguridad defensores de DDHH
En la lucha contra la violencia y criminalidad, en el 2013 Honduras tuvo un presupuesto de 5,786 millones de lempiras. Para 2014 Defensa y Seguridad el presupuesto fue de 8,114 millones de lempiras.
Para este año se anunció que el presupuesto se anunció la reducción de un 5% reducirá para los rubros de Seguridad y Defensa en 2015, al destinar 383,4 millones de dólares para el siguiente ejercicio, mientras que en el año en curso se destinó un total de 403,5 millones de dólares.
Mientras se habla de seguridad, al iniciar el año se denunció el asesinato de Juan Francisco Martínez, quien pertenecía al Movimiento Indígena Lenca de la Paz de Honduras, MILPAH, la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales, CONROA y del Centro Hondureño de Promoción al Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC.
Su cuerpo ya sin vida, fue encontrado atado de una de sus manos con cordones de botas militares y presentando punzonasos en su pecho, al lado del corazón, denunció el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4 sección Honduras.
Además los defensores no están de acuerdo con la imposición de un cobro catastral en la municipalidad que lidera Víctor Ventura Fernández, todos son violadores de derechos humanos, desde el gobierno nacional, local, policías, militares y diputados, denunció Martin Gómez, coordinador de MILPAH.
El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4 sección Honduras se refiere a Francisco como “El Héroe y mártir hondureño realizó un trabajo hermoso de preservación de la biodiversidad a través de la agroecología. Contribuyó a la salud de las comunidades y del bosque ahora destruido en Honduras por las represas, el modelo extractivo minero y el asalto a los territorios mediante las políticas de las Zonas Especiales del Desarrollo y por los perversos intereses del capital transnacional”.
Sus compañeros lo recuerdan como una persona una persona trabajadora y comprometida, con gran liderazgo y defensor de los derechos de los pueblos.
El cinco de enero de 2015 fue encontrado asesinado en la comunidad de Tapuyman en el municipio de Santa Elena, él era víctima de intimidación y amenazas a muerte, por estar defendiendo el Río Chinacla que atraviesa los departamentos de La Paz e Intibucá, donde se pretende construir una empresa hidroeléctrica.
Era un defensor desde hace años, opuesto a toda violación de derechos humanos, y en 2014 le asesinaron un hijo de unos 20 años de edad, según compañeros de MILPAH, se ha dicho que hay algunas personas encarceladas por este hecho, situación que no descarta que hay tenido relación con el trabajo de defensoría de Juan Francisco.
También se denunció que hay otros campesinos amenazados por oponerse a los proyectos de desarrollo que se instalan irrespetando el Convenio 169 de la OIT, que contempla la consulta al pueblo pero que no lo aplican.
Se ha denunciado que en el segundo semestre del año pasado, la municipalidad con elementos armados levantaron perfiles de los defensores Pedro Amaya, Julio Gonzáles, Calixto Vásquez, Felipe Benítez y Martin Gómez, por oponerse al desarrollo municipal, a las autoridades y los tildan de “sediciosos”, todos miembros de MILPAH y afiliados a la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras, CINPH, solo piden que se les respete.
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