"Los niños o niñas son guardianes de la patria o la patria debe guardarlos a ellos"
Wilmer Vásquez/Director de Coiprodem
El gobierno de la República, la prensa mediática y las FFAA de Honduras celebran los grandes éxitos del programa guardianes de la patria. Un programa creado con el propósito supuesto de arrebatarles los niños y niñas de los basureros, barrios y colonias marginales de Tegucigalpa y zonas aledañas, a las maras y pandillas que son las responsables de las muertes violentas, tráfico de drogas y de infantes a los cuales prostituyen y venden como cualquier mercancía.
Se trata de formar a los niños y niñas en la disciplina militar y el trabajo (¿la jornada de trabajo efectiva de los soldados y policías es una de las más cortas?), formación en valores morales y éticos, la instrucción y capacitación en oficios para que trabajen y en la defensa de la patria si es amenazada por las fuerzas del mal: léase socialismo. Nada de enseñarles a manejar armas ya que las actividades se realizan en las zonas sociales y recreativas de los batallones del Ejército, justifica el Coronel Gustavo Adolfo Amador Fúnez, Coordinador del Programa.
Se argumenta por voceros de las FFAA que el programa superó la meta de 25,000 niños, niñas y jóvenes, por lo que se hace necesario una nueva convocatoria que ya inició. Se presentan testimonios de niños, niñas y jóvenes que utilizan camisetas con un soldado y una bandera en el pecho, lo cuales han aprendido varios oficios y valores que no se les enseña en los barrios y colonias donde viven; igual, destacan testimonios de padres y madres que observan como sus hijos e hijas han mejorado el rendimiento escolar y sus habilidades para el trabajo.
En el otro extremo, este espejismo de muy corto plazo (¿transformar una realidad en cuatro meses?) muestra cifras alarmantes. Según Casa Alianza, una Organización no Gubernamental (ONG) que trabaja con menores infractores, en 2014 fueron deportados 9,000 niños y niñas de EEUU y 14,000 son vagabundos en ese país; más de 17,000 viven de la mendicidad en Honduras sin que exista una institución que se responsabilice de este flagelo social. Uno de los incentivos del programa es que les brinda la comida a los padres e hijos, pero la debilidad es que no existe continuidad de las acciones ya graduados, por lo que son de nuevo tentados por la delincuencia común que vive y convive en dichos barrios e incluso conversa con ellos acerca de los logros del programa.
El año pasado, según Casa Alianza, fueron ejecutados 1,031 niños y niñas, cifra mayor a 2013 que fue de 1,013 ejecuciones, sin que exista una acción (¿no digamos una política pública?) conjunta del gobierno con organizaciones de la sociedad civil para detener estas ejecuciones al interior de los barrios y colonias con el concurso de los padres de familia y organizaciones sociales y religiosas. Más bien, ello contrasta con la poca efectividad de los programas de compensación social como el bono diez mil, la entrega de bienes materiales (merienda escolar, mochilas, zapatos, alimentos) a las familias en riesgo social, y abandono de las instituciones públicas responsables de la atención de la niñez y juventudes de Honduras.
Se sabe, más allá de las cifras del gobierno sobre la reducción de las tasas de homicidios, cuestionadas por organizaciones de Naciones Unidades, que San Pedro Sula es la ciudad más violenta de Latinoamérica, y Tegucigalpa se ubica en el quinto lugar. La militarización de la sociedad es la solución planteada por el gobierno, lo que deja muy poco margen y recursos de presupuesto para inundar los barrios y colonias de estas ciudades con proyectos culturales y desarrollo de habilidades de los niños (as) y jóvenes en la pintura, canto, poseía, teatro y música. Una estrategia que penetre el tejido social, donde los militares se constituyan en garantes de la ejecución de dichos proyectos con los profesores de la UNAH, Escuela de Bellas Artes y grupos de teatro como Bambú, y las propias familias.
Este programa de Guardianes de la Patria, al igual que el de protección del bosque y control de incendios forestales, resta recursos a las instituciones públicas con competencias en este campo, por lo que pueden desaparecer tal como se sugirió a inicios del gobierno con el Instituto Hondureño de Conservación Forestal (ICF), y sucede en la actualidad con el Instituto Hondureña de la Niñez e Infancia (IHNFA). En esta carrera loca para aplicar el credo neoliberal de menor Estado y más mercado, se está afectando la institucionalidad pública a favor del desarrollo de la niñez y juventud, que más temprano que tarde nos pasará la factura.
Hay interés en las FFAA porque este programa sea permanente. El gobierno está recogiendo firmas para que el Congreso de la Republica autorice al Tribunal Nacional de Elecciones la colación de una Cuarta Urna en las elecciones de 2017, para que la población se manifieste si está a favor o en contra de elevar a rango constitucional la Policía Militar de Orden Público (PMOP), por lo que no es de extrañar que se solicite también incorporar otra pregunta que diga ¿Está usted de acuerdo en elevar a rango constitucional del programa guardianes de la patria? En caso que el Congreso de la República lo apruebe, que la virgencita de Suyapa nos perdone este pecado moral.
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