Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula (UNAH-VS) fue obligada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo a matricular a diez estudiantes que expulsaron durante dos períodos académicos por ejercer el derecho a protestar exigiendo la participación estudiantil y la no privatización de la educación superior.
José Martí, héroe latinoamericanista dijo una vez que “a veces unos pocos portaban la dignidad de muchos”. Eso pudiera decirse ahora de estos jóvenes de la UNAH quienes arriesgaron todo por defender un proceso que de quedarse dejaría a decenas de miles de jóvenes sin el derecho a la educación.
Las sanciones promulgadas por la UNAH-VS en enero del presente año se debieron a que los diez jóvenes estuvieron participando en manifestaciones y tomas de instalaciones a finales del periodo de 2014, lo que causó alrededor de 16 días de pérdidas de clases.
La defensa de los estudiantes integrada por: Víctor Fernández, Omar Menjivar y José Ramón Morales, quienes pertenecen al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), presentaron el recurso de amparo a principios febrero de 2015 exigiendo procediera a tomar las previsiones pertinentes para que de manera inmediata, sin dilataciones de ningún tipo se matricule a los estudiantes en sus respectivas carreras.
Después de la resolución emitida el miércoles de la presente semana “de inmediato se acataron las órdenes de los Tribunales, nosotros respetamos esta decisión. En ningún momento les restringimos a los jóvenes el acceso a la universidad, incluso ellos han recibido sus respectivas clases, lo único era que no estaban matriculados”, indicó el director de dicha Universidad, Francisco Herrera.
Los estudiantes beneficiados con el fallo son: Edgardo Ramiro Mejía, Christian Tomás Padilla, José Daniel Morales, Saúl Ovett Córdoba, Eros Eduardo Pérez, Iris Suyapa Romero, Javier Ernesto Hernández, Marco Tulio Rubí, Claudia Margarita Trejo Ayala y Jensy Jalitza Ávila.
En Ciudad Universitaria
De igual forma, seis estudiantes de la Ciudad Universitaria de la UNAH, en Tegucigalpa, interpusieron una acción de amparo el 30 de enero pasado alegando que se les violentaron garantías constitucionales y se pidió suspender el acto reclamado, es decir, dejar en suspenso el bloqueo de las cuentas estudiantiles que impidieron a los universitarios matricularse este período.
En obediencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), habilitaron hace dos semanas el sistema de matrícula para seis estudiantes, que fueron suspendidos de la institución en diciembre del año pasado.
La CSJ, a través de la Sala de lo Constitucional, recientemente admitió un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado interpuesto por el apoderado legal de los jóvenes Moisés Cáceres, José Herrera, Dayanara Castillo y Javier Barahona, estudiantes de la carrera de Sociología, Cesario Padilla, alumno de Periodismo y Sergio Ulloa de Trabajo Social, quienes anteriormente fueron expulsados por dos periodos consecutivos de la UNAH por haber protagonizado acciones de protesta al igual que los alumnos y alumnas de UNAH-VS.
Sigue el proceso privatizador
El anteproyecto de Ley de Educación Superior en Honduras, es considerado un “zarpazo” a la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y del pueblo hondureño que con sus impuestos sostienen la educación del país, según denuncia la Plataforma de Organización Estudiantil (POE).
Según el vocero de la Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAE), David Cáceres, “esta propuesta violenta la Constitución de la República de Honduras especialmente en el artículo 160 que dicta la exclusividad de la UNAH de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior”. La medida también lesiona los artículos 156, 157 y 161.
El reto del movimiento estudiantil, debe ser reorganizar la lucha, para defender la educación pública”, manifestó Ovét Córdova Coordinador de la Federación de Asociaciones de Estudiantes (Fae) de la UNAH VS.
Córdova, cree que esta lucha debe conjugarse con la exigencia de una educación de calidad, que pasa por mejoras de infraestructura, logísticas y de espacios democráticos para los estudiantes.
La importancia del derecho a la protesta
El derecho a la protesta es un derecho de especial importancia que está establecido en la Constitución de la Republica: se trata de un derecho que nos permite reclamar otros derechos no reconocidos o quebrantados.
"Sin el derecho a la protesta, todos los demás derechos están en riesgo. Por lo tanto no puede haber excusas de ningún tipo que justifiquen una actitud intolerante o una acción represiva, frente a una protesta que conlleva el reclamo de otro derecho como por ejemplo el impedir la impartición de clases.
Siendo así, no cabe duda que las autoridades que no abren espacios de diálogo para dirimir los conflictos internos, caen en el autoritarismo desmedido que erosiona los más fundamentales principios de la democracia participativa como la participación en la toma de decisiones, en la ejecución de decisiones, en los aportes y en los beneficios que el sistema produce", explicó, Héctor Becerra, director ejecutivo de la organización defensora de la libertad de expresión en Honduras, C-Libre.
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