Por Hervi Lar
Martirena
El proceso de beatificación y canonización de Óscar Arnulfo Romero no ha sido fácil. El pueblo salvadoreño y todo el pueblo de América Latina lo han proclamado tempranamente como San Romero de América. Pero ha habido resistencias y dilaciones de parte de quienes aducen que no es prudente beatificarlo, por ser un personaje incómodo y ajeno a la predicación tradicional. Estas dificultades las ha superado el Papa Francisco al reabrir “el caso Romero”, inserto en una dolorosa y larga historia, regada en todo el continente por la sangre de muchos que fueron solidarios con los pobres. Por eso, el 23 de mayo será recordado como un día en el que se hizo justicia, al menos en el ámbito eclesial. Esto, porque hasta hoy no se ha aclarado ante los tribunales salvadoreños el asesinato de monseñor Romero, no obstante estar precisada la información sobre los autores del crimen y sus inspiradores.
El 24 de marzo de 1980, mientras celebraba la eucaristía, Romero fue asesinado de un balazo disparado por un sicario de la oligarquía. La policía inspeccionó el lugar de los hechos sólo nueve días después del crimen. No tomó ninguna prueba ni interrogó a los testigos. En la autopsia se hallaron fragmentos de una bala calibre 22, algo que no se incluyó en el acta. El director de la Policía Nacional declaró tres semanas más tarde que era imposible saber el calibre de la bala. Se designó como juez instructor a Atilio Ramírez. Tres días después de su nombramiento, desconocidos penetraron en su casa, dispararon e hirieron a una empleada del hogar. Ramírez abandonó El Salvador para no regresar. Napoleón González, quien había presenciado cómo los asesinos habían escapado en un automóvil, fue secuestrado y continúa desaparecido.
Los verdaderos asesinos
Roberto D’Aubuisson, quien ordenó el asesinato con el apoyo del ejército, lanzó una campaña para achacar a la Izquierda la muerte de Romero. El 7 de mayo de 1980, doce oficiales militares y doce civiles fueron capturados en una hacienda cercana a San Salvador por sospechas de que preparaban un golpe de Estado. Entre ellos estaba D’Aubuisson. La documentación incautada daba indicios relativos al asesinato de Romero. Pero ninguno de esos documentos fue puesto a disposición del juez instructor.
En septiembre de 1981, D’Aubuisson fundó la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), con la que llegó al gobierno en 1988. Años antes, en marzo de 1984, D’Aubuisson había presentado, en una videograbación, la declaración de un supuesto comandante de la guerrilla de nombre Pedro Lobo, quien asumió la responsabilidad del asesinato de Romero. Lobo era un delincuente común a quien habían sobornado con cincuenta mil dólares. Aunque todas las pruebas apuntaban hacia D’Aubuisson, éste nunca llegó a los tribunales, pues gozaba de inmunidad parlamentaria como diputado y presidente de la Asamblea Legislativa. Falleció en 1992 a causa de un cáncer de laringe. Hoy sigue siendo honrado como héroe por sus seguidores, pues habría preservado del comunismo a El Salvador.
Parte de los acuerdos de 1992 entre el gobierno y las fuerzas populares fue la creación de una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes y las violaciones de derechos humanos del periodo del conflicto armado de El Salvador. La Comisión publicó su informe el 15 de marzo de 1993. De éste se desprende que el ejército fue responsable de más del noventa por ciento de las atrocidades cometidas durante la guerra civil. Uno de los casos investigados fue el asesinato del arzobispo Romero: se constata que es totalmente evidente que el ex mayor Roberto D’Aubuisson Arrieta dio la orden de asesinar al arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad, actuando como “escuadrón de la muerte”, de organizar y supervisar la ejecución del asesinato.
La creación de la Comisión de la Verdad exigía llevar ante los tribunales a los responsables de los crímenes documentados, e indemnizar a las víctimas. Pero cinco días después de la publicación del informe, la Asamblea Legislativa aprobó una amplia ley de amnistía con el nombre de “Ley de Reconciliación Nacional” que abarcaba todos los delitos y violaciones de derechos humanos cometidos desde el 1º de enero de 1980. Esta amnistía general ha conducido a perder la oportunidad de una verdadera reconciliación, además de atentar contra los tratados internacionales sobre derechos humanos, que El Salvador había ratificado.
Obstáculos e impunidad
En septiembre de 1993, María Julia Hernández, directora de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador y Tiberio Romero, hermano del arzobispo, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. La acusación decía que “agentes de la República de El Salvador, que integraban escuadrones de la muerte, ejecutaron extrajudicialmente a monseñor Óscar Arnulfo Romero”. Hasta agosto de 1997, la Comisión requirió hasta cuatro veces información y datos al gobierno de El Salvador. Sólo en febrero de 1998 el gobierno entregó una respuesta, en la que pidió archivar el caso invocando para ello la ley de amnistía de 1993.
En agosto y septiembre de 2004, en un tribunal de Fresno, California, se presentó una demanda judicial contra Alvaro Saravia, mano derecha de Roberto D’Aubuisson, por la planificación y ejecución del crimen de Romero. Esto, porque Saravia vivía libre e impunemente desde 1987 en Estados Unidos. El 3 de septiembre de 2004, el tribunal emitió una sentencia condenando a Saravia a pagar una indemnización de diez millones de dólares. Saravia nunca se presentó al juicio y su paradero es aún desconocido. Tutela Legal pidió que el juicio penal fuera reabierto por la justicia salvadoreña, lo que no ha ocurrido. En 2014, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, creación de Romero, fue cerrada por disposición del actual arzobispo de San Salvador.
La Comisión de la Verdad recomendó también una investigación de los escuadrones de la muerte. Para ello, en 1993 se creó un grupo conjunto para la investigación de grupos armados ilegales con motivación política. Esta investigación concluyó que existían nexos entre los escuadrones de la muerte, la economía privada y círculos de los salvadoreños residentes en Florida. Estas recomendaciones tampoco se han aplicado. Los escuadrones de la muerte continúan existiendo, bajo el pretexto de actuar contra la delincuencia común.
En 1990 se inició el proceso oficial de beatificación de monseñor Romero. El proceso terminó en 1996 a nivel diocesano y se envió a Roma. En 1996, Juan Pablo II visitó El Salvador y preguntó a los obispos salvadoreños sobre qué pensaban ante una posible beatificación de Romero. La respuesta la dio el obispo René Revelo: “Romero es el responsable de los setenta mil muertos que hubo en este país”.
En la capilla donde Romero fue asesinado, las monjas a cargo del recinto habían colocado una lápida conmemorativa, calificándolo de “buen pastor y mártir”. El responsable del proceso de beatificación ordenó cubrir la palabra “mártir” con una cinta adhesiva negra, hasta que el título fuera concedido con autorización oficial de la Iglesia.
Los opositores a Romero tienen cargos influyentes en El Vaticano, al igual que en El Salvador, ya que son miembros de la clase alta e integrantes del círculo de D’Aubuisson. Ellos pusieron en marcha el asesinato y aún ahora afirman que el arzobispo fue manipulado por los jesuitas. Distinta es la visión de los pobres, en cuyas chozas cuelga siempre una imagen de Romero.
Obispo de los pobres
La tumba de Romero se encuentra en el subsuelo de la catedral de San Salvador. Este lugar y la capilla donde fue asesinado se han convertido en lugares de peregrinación. En los treinta y cinco años transcurridos desde su muerte, se ha formado una tradición en torno a Romero. En las canciones, los “corridos” típicos de El Salvador, las comunidades recuerdan a Romero y su martirio. El 24 de marzo de cada año, miles recorren en procesión el centro de San Salvador hasta la catedral, para conmemorar su asesinato con una misa solemne. En el Centro Monseñor Romero de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, se encuentra un lugar conmemorativo de Romero, de los jesuitas asesinados y de todos los mártires de El Salvador. Allí se han recopilado centenares de libros y escritos sobre Romero, en muchos idiomas y por primera vez, el 19 de marzo de 2000, se proyectó en un canal de televisión privado una película sobre Romero. Anteriormente, esta película había sido prohibida en El Salvador. En una edición de nueve tomos se han publicado sus homilías y su diario espiritual. También se creó una fundación que lleva su nombre para mantener vivo su recuerdo.
En septiembre de 2000, los obispos argentinos hicieron confesión de culpa por su silencio durante los años de dictadura militar. Lo hicieron delante de las fotografías de Romero y del obispo Enrique Angelleli, asesinado en 1976, en Argentina, por su defensa de los perseguidos. De esta manera manifestaron que Romero y Angelleli habían realizado aquello que ellos omitieron.
Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino se han referido siempre en sus escritos teológicos a Romero y sus homilías. Ellacuría escribió en El pueblo crucificado cómo, ante la miseria y la opresión, se puede seguir hablando todavía de salvación cristiana. Jon Sobrino asocia la cruz de Cristo al sufrimiento de los pobres. La salvación cristiana viene “de abajo” y está ligada a los pobres. Karl Rahner, en “Dimensiones del martirio”, artículo publicado en 1983 en la revista Concilium , puso su mirada en El Salvador: “¿Por qué no habría de ser mártir monseñor Romero, caído en la lucha por la justicia en la sociedad, en una lucha que él hizo desde sus más profundas convicciones cristianas?”. Jürgen Moltmann, en El camino de Jesucristo , colocó a Romero junto a Dietrich Bonhoeffer como ejemplo extraordinario de mártir moderno.
El Centro de Reflexión Teológica de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, lleva el nombre de Romero y es uno de los centros más importantes de la teología de la liberación de América Latina. Dado que los sectores conservadores insisten en que la teología de la liberación ha muerto, el Centro Monseñor Romero es prueba de lo contrario. Por su parte, Gustavo Gutiérrez ha manifestado que no le preocupa el futuro de la teología de la liberación, sino que le preocupa dónde dormirán los pobres en el siglo XXI.
A pesar de que no se ha hecho justicia con Romero ni con los centenares de miles de mártires de América Latina, monseñor Romero se ha convertido en modelo de defensor de la dignidad humana y de un orden mundial más justo. Es así como en julio de 1998 se develó una estatua de Romero en la entrada principal de la abadía de Westminster, en Londres, junto a otros mártires del siglo XX, entre ellos, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, Mahatma Gandhi y Maximilian Kolbe. Se ha hecho realidad aquella afirmación de Romero: “Si me matan, resucitaré en el pueblo”.
HERVI LAR: Comité Óscar Romero-SICSAL-Chile / Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile)
* Publicado en “Punto Final”, edición Nº 828, 15 de mayo, 2015
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