Un mes ha pasado desde que la gente se volcó masivamente a las calles indignada por los actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que suman 7 mil millones de lempiras robados y casi 3 mil vidas arrebatadas. El movimiento de indignados e indignadas sigue pidiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández mientras ya se comienza a hablar de un posible diálogo.
Hernández por su parte sigue diciendo al mundo que Honduras es un ejemplo de lucha contra la corrupción. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea lo escuchan con atención mientras la población hondureña sigue pidiendo su renuncia y la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción como la instalada en Guatemala.
Esta semana, la vicepresidenta del Congreso Nacional Lena Gutiérrez y tres miembros de su familia recibieron requerimiento fiscal por los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y estafa en el caso de venta de medicamentos adulterados al IHSS por parte de la empresa Astropharma de la cual era directiva. Esto y la orden de captura contra el empresario Shucry Kafie pueden traducirse como aceleramiento de la aplicación de justicia para responder al clamor popular. Sin embargo forma parte de otro tipo de estrategia, según algunos analistas.
El analista y miembro de la Coalición contra la Impunidad, Víctor Fernández dijo en entrevista a Radio Progreso que es una forma en que el gobierno debe demostrar que hay mano dura y la antesala al llamado de un diálogo que desde ya es acuerpado por grupos de sociedad civil afines al mismo, cúpulas de iglesia evangélica y católica y sectores de cooperación internacional más ligados a la Embajada de Estados Unidos.
Es un plan, que de mano de los medios de comunicación corporativos, busca ir “normalizando” las cosas en el país.
Nueva comisión: ¿solución intermedia?
Una propuesta que surgió esta semana fue la creación de una Comisión Ciudadana Contra la Corrupción en Honduras (CCCCH), dirigido por un Comité Coordinador conformado, por organizaciones de sociedad civil, iglesias, instituciones académicas y plataforma ciudadanas que le hace contrapeso a la exigencia popular de una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH).
Esta es una propuesta de la Alianza por la Paz y la Justicia y grupo de Sociedad Civil. Esta comisión es parte de un plan de tres ejes: 1. El Grupo Internacional de Fiscales y Expertos en Corrupción que trabajarán de manera directa en combatir la impunidad.
2. Comisión Ciudadana dará especial énfasis al seguimiento y monitoreo de las acciones judiciales realizadas a los responsables de actos de corrupción presentados como emblemáticos por la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional de la República; y
3. Un Paquete Integral de Reformas de toda la normativa legal que regula, rige y es vinculada con el tema de corrupción e impunidad (Ley Electoral, Ley de Contratación del Estado, Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, y proceder a revisar –para su mejoramiento- la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública).
Lea la propuesta completa aquí.
Esta propuesta no ha sido vista con buenos ojos por parte del movimiento en las calles. El abogado y ex fiscal Félix Ávila en entrevista para el programa Más que dos de Radio Progreso argumentó que aunque la CICIH no debería ser la única solución que el movimiento debe proponer, ésta tiene mayor credibilidad porque tiene respaldo internacional y es externa, mientras que la CCCH es promovida y sería representativa de grupos e instituciones que no tienen la confianza de la gente.
“Para que en Honduras se tenga que solicitar la CICIH, el deterioro de las instituciones jurídicas, el quebrantamiento del estado de derecho y la desconfianza que la sociedad tiene en las instituciones ha llegado a niveles muy altos. Para que un estado sea soberano e independiente tiene que tener la capacidad de gobernarse a sí mismo, de poder dar a la sociedad el bien común, la felicidad y esto no se puede alcanzar si no es por medio del impartimiento de justicia.
Cuando la sociedad pide una CICIH es porque el fenómeno de la impunidad ha rebasado los límites y el Estado no lo ha dicho pero todo apunta a que es incapaz de dar seguridad y satisfacer esas necesidades”, dijo Ávila.
Y es que en Honduras, según el ex fiscal general Edmundo Orellana Mercado, hay un 80% de impunidad que va generando cada vez más crimen, ya que al no haber castigo para los delincuentes y corruptos da la sensación de que en Honduras se puede cometer cualquier ilícito sin consecuencias y con la mayor facilidad.
“Se tienen los cuerpos de investigación, los órganos, pero no funcionan porque no hay voluntad política, pareciera que el mandato es que no funcionen. Ya no solo es la policía nacional, el MP, sino que ahora es la Policía militar, tenemos cuerpos especiales de investigación pero los frutos no se ven”, dijo Avila. Y es que la comisión propuesta por la APJ podría correr el mismo riesgo que la gran cantidad de comisiones creadas en Honduras con un mandato que tal parece fuera que no funcionaran.
Por su parte el abogado y periodista Saúl Bueso dijo en Radio Progreso que él estaba de acuerdo con la nueva propuesta porque las reglas se deben poner en casa. “Si comenzamos a pedir ayuda internacional estamos aceptando que somos un país fallido, y puede que lo seamos pero estamos obligados como hondureños a buscar la solución. La CICIG en Guatemala, sí estaba justificada porque fue parte de los acuerdos de paz después de una guerra interna. Y hasta 10 años después logran concretar la petición que ha tenido un gran resultado en Guatemala. Creemos que la CICIH nos va a solucionar todo pero el trabajo de ellos solo es investigar de forma muy científica y eso se pasa a las fiscalías nuestras para actuar con datos bien fundamentados” dijo.
En Honduras nunca hemos vivido una guerra interna declarada, sin embargo cada día estamos produciendo 20 asesinatos. El país ha llegado a un punto de crisis en el que los cambios deben involucrar nuevos actores.
Las comisiones en Honduras no han tenido grandes éxitos. Ávila nos recuerda.
“Los mejores momentos del Ministerio Púbico fueron en el primer mandato, el de Edmundo Orellana, luego el segundo mandato con Roy Medina. Ya el tercer mandato se produce el deterioro hasta el punto de crear una comisión interventora del MP. Eso no se hace en ninguna parte del mundo. Si un fiscal general no funciona pues se le destituye. La comisión interventora fue un fracaso porque no tenía legitimidad procesal para presentar requerimientos. Se mandan esas comisiones para que hagan funcionar mal las cosas.
Otro ejemplo es la comisión de reforma a la seguridad pública que se creó cuando Porfirio Lobo, una comisión que hizo buenas propuestas pero quedó en nada, el mandato que ellos tenían venía de la representación del congreso de la república. El problema es la alta politización”.
El origen de desconfianza en esta nueva propuesta es que viene de un grupo de sociedad civil muy cercano al actual gobierno, mismo gobierno que la gente rechaza en las calles.
La defensora de derechos humanos, Reina Rivera Joya escribió en su artículo “Propuesta de la APJ debilita movimiento de las antorchas” que esta propuesta tiene el objetivo de mantener el status quo, en un momento en que el gobierno quiere apaciguar el movimiento en su contra.
Por su parte Víctor Fernández asegura que hay que tener mucho cuidado con estos actores que están jugando un papel peligroso en la normalización de la situación del país. “Sectores de sociedad civil, que en un momento resortearon los gobiernos para que siguieran saqueando el país. Hay que señalarlos y hay que tener claro que el actual gobierno va a hacer todos los esfuerzos posibles para detener este descontento social. Ya convocó a las iglesias, la estructura piramidal para salir al paso. Estructuras del movimiento obrero aparecerán en ese supuesto diálogo, estos sectores de sociedad que tienen convenios con el gobierno, etc” dijo.
La comisión propuesta por la APJ es vista como un primer paso de un diálogo que podría promover el gobierno en su favor.
Diálogo ¿con quién y para qué?
Para hablar de diálogo hay que remontarse a la historia de Honduras y preguntarse ¿Qué nos han heredado los diálogos?
Víctor Fernández conoce de diálogo, él mismo participó en uno al más alto nivel con los tres poderes del estado al terminar una huelga de hambre que en 2008 hicieron 5 fiscales protestando por el sistema de justicia fallido y cooptado por intereses políticos. Ese diálogo no paró la crisis que hoy se refleja en un sistema de justicia aún en peores condiciones.
“Todo termina en diálogos. En 2008 hubo un diálogo con los tres poderes del estado, en 2009 también y han sido tendientes a mantener la situación del país. En este momento lo que hay que hacer es romper esa idea de diálogo mentiroso que ha sostenido una institucionalidad generadora de impunidad. No sé quién estaría en condiciones de defender esa institucionalidad. Una institucionalidad que abiertamente rompe cualquier norma legal para nombrar autoridades del más alto nivel del sistema de administración de justicia”, explicó Fernández.
Sin embargo, no es decir NO rotundamente al diálogo. Es saber elegir con quién se dialoga, según este analista. NO se puede dialogar con delincuentes, con quienes saquearon el IHSS y otras empresas del estado, pero sí se debe generar un diálogo entre las fuerzas que hoy indignadas salen a las calles.
Para Fernández hay que converger todo en un punto: el nivel de desconfianza que tiene la sociedad sobre la institucionalidad, el sentirse víctimas directas de la institucionalidad en cuanto a la vulneración de los derechos, es una cosa que va a estar permanente. Y un posible diálogo organizado por quienes han hasta aceptado su participación en el latrocinio del Estado, solo puede disparar aún más la indignación de la gente.
“Si uno revisa el tema de la movilización ciudadana, puede sostenerse o bajar pero el disparador de esa movilización va a estar permanente. La movilización ciudadana se produjo a partir de hechos puntuales, un programa de televisión, una querella, una reacción del gobierno etc. Es normal pensar que el gobierno va a instalar un diálogo, lo que uno debe preguntarse es si esto es suficiente para contener el reclamo ciudadano ¿cabe el reclamo en un solo diálogo? Pero es seguro que en una sentada no se va a generar la disminución del reclamo, la ruta del gobierno creo que más bien va a generar mayor indignación en la ciudadanía”, dijo.
Y es que es indignante que un gobierno que ha catalogado de delincuentes vinculados al crimen organizado a la gente en las calles, que dijo que el dinero robado se devolvería de las arcas de su partido, que ha enfrentado al pueblo más empobrecido contra el movimiento sacándolo a las calles a cambio de 50 lempiras, quiera promover un diálogo. Después de un mes de que la consigna es #FueraJOH, aunque son muchas las estrategias gubernamentales para desprestigiar y dividir, la gente sigue convocando a las calles.
“Ahora lo que hace falta es dialogar los que estamos movilizados. El elemento cualitativo es que cualquier discusión que se produzca a futuro debe tener puntos en los que debemos sentarnos a consensuar. Por ejemplo el tema de la renuncia de los fiscales generales no solo por el caso del IHSS sino el universo de corrupción que se han producido, el tema de la remoción del actual presidente de la república, esos son temas que hay que darles ruta. ¿Nos vamos a sentar con los criminales a dialogar o vamos a construir un proceso para dialogar sobre la salida de estos criminales que están en los poderes del estado? Si volvemos a instalar mesas para fingirnos apariencias, para entender que es normal que este país produzca miles de pobres y miles de muertos, si vamos a olvidar o desconocer que tenemos una clase política que comete actos de corrupción, que reconoce hasta sus vínculos con el crimen organizado perpetuaríamos la crisis de institucionalidad y crisis en materia de dignidad humana que estamos viviendo”, explicó Fernández.
Y es que hay que entender que los procesos llevan tiempo, el gobierno está alarmado por aplacar el clamor popular lo antes posible, sin embargo las condiciones de país indican que la gente seguirá en las calles. Pero ahora habrá que hacer planes de corto, mediano y largo plazo y responderse ¿Cómo el movimiento enfrentaría una renuncia presidencial en este momento? O incluso ¿cómo enfrentaría que el gobierno que rechazan llamara a una CICIH?
Después de casi 200 años de supuesta independencia tenemos muchas lecciones que aprender dice Fernández. “Desde la fundación de este estado el ausente ha sido el pueblo. Por eso debemos ir encontrando una ruta de salida a corto, mediano y largo plazo con participación decisiva de este sector marginado.
Hay puntos de consenso, el nombramiento de la CICIH, la destitución de fiscales y la renuncia de presidente pero luego viene el largo plazo. Se viene la comisión, se destituyen los fiscales, se saca a un presidente, pero ¿cómo recomponer la institucionalidad del país. Debemos ir graduando el proceso de salida y estos temas que no les suenan tan bien a los sectores sofisticados, como la refundación del país, son necesarios. Necesitamos un nuevo pacto de la ciudadanía en el que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a ensanchar el país. La población indignada debe olvidarse de preguntar quienes serán nuestros representantes, todos tenemos participación decisiva y los movimientos sociales históricos debemos hacer propuestas con calor de ese pueblo que está ahora en las calles”, concluyó Fernández.
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