Se incrementan amenazas, criminalización y desalojos contra movimientos campesinos
El escenario político nacional va delineando la postura de los diferentes actores sociales respecto a la corrupción existente en el país y uno de los puntos focales se ha centrado en si los políticos deben participar en las diferentes marchas que a lo largo y ancho del país se están realizando. Detrás de las respuestas diversas, sin embargo, dejan bien claro el derecho de la ciudadanía a protestar y reclamar. Como el proceso está en marcha y no es fácil predecir su desenlace vamos a hacer un poco de “memoria histórica”.
Hay un elemento de análisis que brotó con fuerza con el “golpe de estado” del 2009 y, más todavía, con el dado al presidente Fernando Lugo presidente del Paraguay en el 2012. Nos referimos a la figura jurídica del “juicio político” que puede y debe ser utilizada para salir de la crisis actual en el afán de buscar una salida democrática que dé respuesta a una ciudadanía que va creciendo a un ritmo mucho más acelerado que la “clase política” criolla.
Entonces se planteó la posibilidad de sancionarlo jurídicamente y fue rechazado. Se decía que es bueno para otros países pero no para nosotros. No obstante, los tiempos han cambiado y la figura del “juicio político” fue aprobado oficialmente hace dos años. El Congreso Nacional de Honduras aprobó en enero del 2013 el “juicio político”, la figura constitucional que busca deducirles responsabilidades a los titulares de los tres poderes del Estado y a altos funcionarios que cometan abusos de autoridad en el desempeño de sus funciones. Esta figura fue recomendada por la Comisión de la Verdad nombrada por el Ejecutivo para investigar los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio de 2009.
Por eso recuerda el artículo 234 que: “procede el juicio político contra el Presidente de la República y designados presidenciales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados al Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, Corporaciones Municipales, jefe del Estado Conjunto de las Fuerzas Armadas y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional, cuando en su contra exista una denuncia grave en el desempeño en su cargo, por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo”.
Lo que sí está claro es que la implementación del “juicio político” ha sido un instrumento en manos de la “derecha política continental” utilizada contra los gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina que se ha servido de la ambigüedad y escasa precisión legislativa para ser puesta en práctica. Por lo tanto, se ha pervertido su finalidad: ser un instrumento jurídico cuyo objetivo es lograr una mayor democratización socio-política.
Pero como la idea con que se creó el “juicio político” no fue para caer y ser objeto del “juego del poder”, lo urgente en estos momentos consiste en una triple tarea: en primer lugar, liberarla de las manos de la “derecha política continental” y de todos los grupos de poder nacionales o transnacionales; en segundo lugar”, convertirla en un instrumento que haga crecer la democracia a todos los niveles eliminando de una vez por todas la posibilidad de reinstaurar regresiones antidemocráticas o concentraciones de poder inusitadas; por último, que, en vez de estar al servicio de los poderes fácticos, esté en manos de la democracia y la ciudadanía que reclama con justicia y fuerza a un partido, a un gobierno y a un presidente.
Con esto concluimos y respondemos a la doble pregunta planteada inicialmente. La ciudadanía, la oposición y las fuerzas políticas alternativas tienen toda la razón del mundo de exigir una “rendición de cuentas” al partido nacional, los partidos y la clase política, y, ¡cómo no, inclusive al presidente de la república!, por la corrupción existente. No están al margen, por encima o fuera del “juicio político” que se les pueda hacer. El “derecho se hace de derechas” cuando se deja manosear, distorsionar o manipular a favor de los grupos que se sirven de la ley, la Constitución o el “estado de derecho” en beneficio propio.
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