sábado, 13 de junio de 2015

El gobierno de Hernández sostiene la política fiscal a costa del bienestar del pueblo hondureño



Durante el 2014, es decir, el primer año de gobierno de Juan Orlando Hernández, la carga de la reducción del déficit fiscal estuvo basada en el aumento de los impuestos indirectos, al mismo tiempo se ampliaron exoneraciones y privilegios a grupos económicos.

Las políticas fiscales del llamado gobierno de la “Vida Mejor” crearon un aumento de 11 mil millones de lempiras en impuestos, de ese total, las dos terceras partes provinieron de los impuestos indirectos que gravan el consumo.

Los anteriores datos se revelaron en la presentación del “Diagnóstico de las Finanzas Públicas Hondureñas en 2014 y Perspectivas para 2015”, elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI-.

Hugo Noé Pino, economista del ICEFI y miembro del Grupo Promotor del Diálogo Fiscal, agrega que, adicionalmente, les preocupa desde el punto de vista del gasto que “el nivel de inversión pública es de los más bajos en las últimas décadas.

El economista y también expresidente del Banco Central de Honduras –BCH-, detalla que en el primer año del gobierno nacionalista hubo una concentración de recursos en los programas presidenciales de “alrededor de 8 mil millones de lempiras, mientras que en los presupuestos de salud y de educación se mantienen congelados; el gasto en defensa aumentó en 2015, entonces lo que estamos señalando es que en este caso debe de haber una reorientación de la política del gasto público”.

“Una estafa para los consumidores y consumidoras”

El diagnóstico destaca que en el gobierno de Hernández, el peso de la reforma tributaria recae, principalmente, sobre los impuestos a los derivados del petróleo; lo anterior, a razón del ex presidente de la Asociación Nacional de Industriales –Andi-, Adolfo Facussé, es una mala política que se traduce en una estafa para los consumidores y las consumidoras.

Facussé, además, resalta la mala inversión en la generación y compra de energía: “A veces muchas cosas buenas, es decir, se convierten en malas; todo mundo defendía la generación con recursos renovables, porque no daña el ambiente, no tienen costo, no sube como el combustible, pero aquí las cosas buenas el gobierno las transforma en malas. El gobierno es el que decidió pagarles el doble a las empresas y  el gobierno es el que las contrata”.

Mujeres las más afectadas

De acuerdo al ICEFI el programa de ajuste fiscal en la administración de Hernández “contiene luces y sombras”, porque se ha logrado contener a “costa del bienestar la población”, siendo  las mujeres uno de los sectores más afectados, destaca Ana Ortega, economista quien realizó comentarios al diagnóstico basados desde la mirada de género.

“La regresividad de la política fiscal es terrible, es decir, quiénes son los que más aportan: los más pobres, luego hacia donde se redistribuye: hacia los más ricos. Luego yo agregaba que tiene también una regresividad de género, quiénes son las más afectadas: las mujeres y sobre todo las mujeres más empobrecidas, mujeres que las políticas de ajuste económico del neoliberalismo las pone en una situación precaria.


Los recursos utilizados en 2014 y el primer trimestre de 2015 para el servicio de la deuda pública alcanzan 20 mil millones de lempiras en el primer año y cerca de treinta mil millones de lempiras en el segundo.

Transparencia a medias

En el diagnóstico se resalta que el gobierno de Hernández “alcanzó algunos hitos importantes en 2014”, entre ellos la adhesión a iniciativas internacionales como la Alianza de los Gobiernos Abiertos, o la iniciativa de Transparencia  de las Industrias Extractivas y la firma de un acuerdo con Transparencia Internacional para monitorear algunas actividades del sector público.

Sin embargo, para el ICEFI no existe claridad con respecto a las líneas de acción, “ya que la información pública continúa siendo escasa; los portales de transparencia siguen siendo herramientas muy limitadas para que la sociedad civil conozca los detalles de lo que sucede en el gobierno, e incluso se han aprobado leyes como la de Secretividad, que exime a las instituciones de publicar información de dominio público”.

La deuda pública de Honduras, como contraparte del déficit fiscal, tiene una tendencia creciente en los últimos años: alcanzó un valor equivalente a 8,560.5 millones de dólares, casi duplicándose con respecto a 2010. En la Actualidad la deuda equivale a un 45.1 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB.

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