Mil dólares diarios le cuesta cada policía militar al pueblo hondureño
La confirmación de la captura de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, en una operación antidroga en Haití por parte de la policía de ese país y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), sin duda alguna arroja un poco de luz sobre las alcantarillas del crimen y la corrupción en Honduras.
Y esa tímida luz seguramente está poniendo muy nerviosas a ciertas élites políticas y económicas hondureñas de quienes se sospecha haber tolerado o colaborado con algunos carteles de la droga cuyos líderes han sido extraditados a Estados Unidos y han comenzado a brindar información.
De hecho, la captura del hijo de Pepe Lobo parece ser un ejemplo claro de ello pues presuntamente tenía vínculos con Los Cachiros, quienes aportaron las pruebas necesarias para que la DEA le siguiera la pista, lo capturara y finalmente lo trasladara a Nueva York donde puede enfrentar la cadena perpetua por cargos de narcotráfico.
Curiosamente, a Fabio Lobo la DEA lo acusa de haber traficado drogas hacia Estados Unidos durante el periodo que su padre fue presidente de la república y las autoridades hondureñas nunca hicieron o no quisieron saber nada al respecto.
Además, como lo señala InSight Crime, el arresto del hijo del expresidente Lobo ocurre después de un misterioso incidente en abril, cuando fueron asesinados un diputado y su padre, un exjuez de la Corte Suprema de Justicia. El diputado “presuntamente era un agente político de la familia Valle (…) cuyos líderes también fueron extraditados a Estados Unidos”.
Estos hechos no son aislados y reflejan lo que es de conocimiento popular: La estrecha vinculación de un importante sector de la clase política y económica del país con organizaciones del narcotráfico.
Esperamos que la tímida luz que ha comenzado a alumbrar las alcantarillas del crimen y la corrupción, logre la suficiente intensidad para levantar la tapa con la que se protege el poder y como lo dijo la exembajadora estadunidense Lisa Kubiske, que aquellas personas que colaboran con las organizaciones criminales enfrenten “largos y costosos procedimientos legales, sanciones y condenas”, porque quien ayuda o tolera a los criminales, también es un criminal.
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