Una de las demandas más claras y contundentes de las movilizaciones de las antorchas es el establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad, lo cual refleja lo que desde hace 5 años viene señalando la ciudadanía a través del sondeo de opinión pública que el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación realiza anualmente: La profunda desconfianza en las instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público.
El propio Estado reconoció la existencia de un grave problema de impunidad debido a la inoperancia de estas dos instituciones pues en el marco del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos en el año 2010, solicitó a la Organización de Naciones Unidas la creación de una comisión internacional contra la impunidad.
A su vez, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en su recomendación número 39 estableció la necesidad de crear “un organismo de control e investigación de la conducta de operadores de justicia, para que de forma independiente instruya las indagaciones de ilegales conductas cometidas por miembros de la Policía Nacional, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Procuraduría General de la República, a fin de conducir su actuar dentro del margen de la legalidad”.
En su recomendación número 47 esta comisión señaló que se debe “solicitar a la Organización de las Naciones Unidas considerar el establecimiento de una instancia internacional de investigación para fortalecer la institucionalidad pública en su capacidad de investigación de actos de corrupción y crimen organizado, cuyo mandato no debe ser inferior a cinco años de duración”.
Si bien es cierto, una comisión de este tipo implica una serie de procedimientos que no se realizan de la noche a la mañana, debemos estar atentos y atentas a los que nos grita la ciudadanía que ha recuperado las calles como espacio público de debate y participación.
Y el grito ciudadano es claro y contundente: la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, sometida a un estricto control de legalidad y de rendición de cuentas ante la sociedad hondureña y la comunidad internacional.
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