Dos académicos de la Universidad de Boston detallan en una revista científica el papel que juegan médicos, psicólogos y abogados en la supervisión de los presos de los centros de detención de la agencia de inteligencia en todo el mundo, y especialmente en Guantánamo. Entre otras cosas, debían garantizar si eran "aptos" para resistir las sesiones de tormentos.
Según consignó Tiempo Argentino, decenas de médicos, psicólogos y abogados estadounidenses desempeñaron un “papel clave” en la elaboración de métodos de tortura y supervisaron y participaron en los interrogatorios realizados a los “sospechosos de terrorismo” detenidos en los centros clandestinos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). La nueva revelación se conoció a través de un artículo firmado por dos académicos de la Universidad de Boston en la edición de junio de la revista The New England Journal of Medicine y se basa, entre otras, en informaciones recogidas el año pasado por el Comité de Inteligencia del Senado norteamericano.
La publicación aseguró que tanto la CIA como el Departamento de Justicia garantizaron a los médicos que contarían con inmunidad. El papel de los médicos comenzaba cuando recibían a los prisioneros. Debían garantizar que estaban “aptos” para recibir cualquier tipo de tortura. Después, tenían que supervisar las sesiones de tormentos para cuidar que los interrogadores no se excedieran y pusieran en riesgo la vida del torturado. Finalmente, al cabo de cada sesión, debían atender las lesiones producidas, tratando de recuperar lo más rápidamente posible a los prisioneros para que pudieran ser sometidos a nuevas sesiones de tortura.
“El informe del Senado nos muestra cómo los abogados y médicos pueden colaborar para racionalizar la tortura".
Los profesionales gozaban de beneficios extraordinarios si eran capaces de desarrollar nuevos métodos de tortura que permitieran quebrantar rápidamente a los prisioneros y “mejorar la gestión de los torturadores y los resultados de los tormentos”. Aunque al menos desde hace una década hay pruebas concluyentes del trabajo degradante de médicos y psicólogos que operan al servicio de la CIA, los colegios profesionales no han establecido comisiones de ética para juzgar estos delitos cometidos por sus pares, tal como se crearon en varios de los países sudamericanos que padecieron las dictaduras del último cuarto del siglo pasado.
Es más, en agosto de 2007 la American Psychological Association – APA (Asociación de Psicólogos de Estados Unidos) rechazó una propuesta de moratoria que hubiera prohibido que los matriculados participaran en interrogatorios en centros de detención de Estados Unidos, tales como el presidio de la base naval de Guantánamo –territorio usurpado a Cuba en 1903– y las cárceles secretas de la CIA, conocidas como “black sites”, repartidas por todo el mundo.
“El informe del Senado nos muestra cómo los abogados y médicos pueden colaborar para racionalizar la tortura, una dinámica que también se ha practicado en prisiones militares, como la de Guantánamo, e incluso en algunas prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos”, afirma ocho años después de aquella decisión de la APA el artículo firmado por George Annas y Sondra Crosby. Durante las prácticas, “médicos y abogados se dieron ‘permiso’ en todas las instancias, unos a otros, para hacer lo que acordaban entre ellos”, agrega el artículo.
El trabajo está basado en los datos revelados en 2014 por el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense en un informe que reveló las torturas de la CIA durante la presidencia de George W. Bush, entre 2001 y 2009, lo que incluye los primeros años de funcionamiento del presidio de Guantánamo. Los médicos relatores –Crosby, del Centro para la Salud y los Derechos Humanos de los Refugiados en Boston, y Annas, profesor de Bioética en la Universidad de Boston– reclaman que, “además de la eliminación de los centros de detención clandestinos, se pida a los abogados que se nieguen a dar cobertura a prácticas de tortura y a los médicos que sólo lleven a cabo buenas prácticas, siempre con el consentimiento del paciente”.
Bárbaros entrenamientos
James Elmer Mitchell y Bruce Jessen son dos de los psicólogos que sirvieron eficientemente al Pentágono. Luego armaron Mitchell Jessen & Associates, para enseñar a la CIA novedosas formas de obtener información mediante métodos que llevan a la mayor degradación humana. Ambos eran expertos en explosivos y, tras una filtración que no pudieron desmentir, se supo que eran parte del programa Survival, Evasion, Resistance, and Escape (SERE), destinado a endurecer cuerpos y espíritus ante la tortura. Era un modelo para entrenar a los soldados de Estados Unidos en la resistencia a las formas más violentas de tortura, lo que implica someterse a todo tipo de vejaciones, aceptadas por el bien de la patria, para recibir la ciudadanía en el caso de inmigrantes o simplemente por dinero. De paso, ese entrenamiento lleva a conocer los puntos débiles de un potencial enemigo. Al igual que los psicólogos, médicos y abogados denunciados por los académicos de Boston, ninguno de estos dos personajes enfrenta riesgos judiciales.
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