Sentado en una vieja banca en el hospital público de El Progreso encontramos a Don Pedro López. Tres horas llevaba esperando a ser atendido y recibir los medicamentos que necesita diariamente para poder controlar su presión arterial. Don Pedro llegó precisamente el día que el gobierno anunció la intervención de ocho hospitales públicos, dos centros de salud y las farmacias del seguro social en la ciudad de San Pedro Sula y Tegucigalpa.
Fue en una comparecencia pública, que el propio presidente Juan Orlando Hernández, anunció esta decisión que según él, desarticulará las mafias que existen en el sistema de salud y que trafican con los medicamentos y la salud de la ciudadanía.
“Hemos tomado la decisión de cambiar la forma de almacenar, distribuir y entregar el medicamento al pueblo. En salud como Secretaría y en el Seguro Social. En salud son 8 hospitales que los que serán intervenidos con presencia de las Fuerzas Armadas y de un nuevo personal que nos garantizará transparencia en el manejo de medicamentos. Esta intervención se va a dar en los hospitales del IHSS en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Y en centros de salud, como el Alonso Suazo de Villa Dela en Tegucigalpa y el Miguel Paz Barahona de San Pedro Sula”, argumentó el mandatario.
Intervenidos 8 hospitales pública
Don Pedro tiene pocas esperanzas que esta intervención logre no únicamente que sus medicamentos lleguen a tiempo, sino que las atenciones médicas mejore para tanta gente pobre que llega a los hospitales y centros de salud con tantas dolencias.
“Hay malos tratos a los pacientes, no hay medicamentos, no hay doctores y cuando uno pregunta no hay respuestas. Los pobres siempre somos los maltratados, será que estamos destinados a morir”, dijo decepcionado Don Pedro.
Etapas de la intervención
Juan Orlando Hernández dijo que la primera etapa de la intervención, donde participan militares, busca revisar la existencia de medicamentos, ver qué hay en existencia, cuáles hacen falta, y con esta información realizar la adquisición de medicinas con la supervisión de varias oficinas de Naciones Unidas y de Transparencia Internacional, para evitar el robo de las medicinas.
En la segunda etapa la intervención vendrá a identificar cuáles son los centros privados (farmacias) que pueden garantizar calidad, precio y logística para la entrega de medicamentos a los pacientes. Es en esta etapa donde analistas advierten las intenciones de este gobierno de seguir privatizando el sistema sanitario, entregando a clínicas y farmacias privadas las atenciones de pacientes, a pesar que más de 70 por ciento de la ciudadanía vive bajo la línea de la pobreza y no tiene los recursos económicos para pagar las atenciones y los medicamentos.
Una tercera etapa, según el mandatario, es cuando el país tenga un mejor sistema de almacenaje, distribución y entrega de medicamentos, todo este proceso con el uso de tecnología, que permitirá que los pacientes tengan su expediente clínico digital. “Todo es para beneficio del pueblo hondureño, porque solo así se desarticularán las mafias que mantienen sometido el proceso de adquisición de medicamentos”, finalizó diciendo Juan Orlando Hernández.
Para el abogado y ex fiscal general de la república Edmundo Orellana, la intervención de instituciones públicas en todas las administraciones han sido un rotundo fracaso, porque las oficinas estatales siguen siendo monumentos a la corrupción.
“Al principio hay que asumir que las intervenciones, que ya están previstas en la ley, pretenden sanear la institución financiera y administrativamente. En el caso del IHSS estamos viendo como aquellos que intervinieron expoliando la institución igual que lo hizo la junta directiva y el director ejecutivo, son los empresarios que firmaron contratos doblándole la mano al director y a la junta directiva, sobrevalorando el precio de los productos médicos y medicinas, lo que se traduce en lavado de dinero de los delincuentes del Estado, y ahora son protegidos del sistema de justicia.
Eso está creando un precedente que se va replicar en todas las demás instituciones, porque ahora los empresarios saben que pueden quedar cubiertos con el manto de la impunidad con el simple hecho de haber promovido la corrupción pero después denunciarla, aunque ellos hayan sido los beneficiados”, mencionó Orellana.
Medidas sospechosas
El Hospital Escuela Universitario, el mayor centro asistencial en Honduras, no entró dentro de las intervenciones anunciadas con el gobierno. Al consultar la razón, ni la misma presidenta de la junta directiva, la doctora Elsa Palau sabe por qué.
Lo que si analiza la doctora Palau, es que el gobierno no debería aprobar medidas sospechosas, que dejen más preguntas que respuestas a la ciudadanía. “Cuando el gobierno anunció que ahora serán las farmacias privadas quienes entreguen los medicamentos a los pacientes, sabemos que es una medida equivocada porque hay muchas cadenas farmacéuticas que no llegan a varias zonas del país, las regiones rurales quedarían desprotegidas.
Además, uno se pregunta cuánto es el porcentaje de ganancias que tendrán las farmacéuticas, quién estará vigilando que no tengan recetas y papelería falta para cobrarle más al Estado, eso lo mencionamos porque allí puede comenzar otro acto de corrupción. Otro elemento importantes es que la económica del mercado nos dice que si se compra en mayores cantidades el precio es más bajo, este será el caso. Como ven, son una serie de preguntas que tienen respuestas sospechosas”, dijo la doctora.
El gobierno ha dicho que las intervenciones son por tiempo indefinido. Pero por ahora, Don Pedro López y los muchos pacientes que llegan diariamente a los hospitales y centros de salud lo único que han visto es la presencia de militares, alrededor de 400, en vez de encontrar médicos, enfermeras y medicamentos. Lo que refleja que la militarización es una realidad permanente en Honduras, y que es con militares que se pretende solventar cualquier problema que se presente en el país.
Y sobre la propuesta de entregar las medicinas a través de farmacias privadas, este paciente cree que el gobierno está iniciando las condiciones para la privatización de todo el sistema de salud pública.
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