Esta semana se destapó en medios de comunicación nacional otro posible escándalo de falta de transparencia del gobierno de Juan Orlando Hernández luego de que éste entregara 120 radio patrullas y 250 patrullas vehiculares a la Policía Nacional, estas últimas rentadas a la empresa Econo Rent a Car.
Leonel Sauceda, vocero de la Policía Nacional asegura que el presidente de la república, a partir de este año, ha tomado la firme decisión y determinación de fortalecer la Policía Nacional y dotarla de nuevas patrullas, sea como sea, es un paso importante.
“En junio nuestros compañeros policías han recibido un aumento salarial conforme al riesgo que corre un policía. También la compra de un lote de 120 radio patrullas y la renta de vehículos patrulla. Al rentar un vehículo a un precio cómodo, esa arrendadora se encarga de todo el mantenimiento que en este momento la Policía Nacional no tiene capacidad para dar a todas las patrullas asignadas”, explicó Sauceda.
La Policía Nacional lleva dos años de estar en un proceso de depuración por las múltiples denuncias de que dentro de esta institución operan grupos de crimen organizado, así como agentes y hasta oficiales de alto mando están manchados de corrupción. Hasta entonces alrededor de 3 mil policías han sido separados de sus cargos pero la mayoría no han sido procesados penalmente por los ilícitos cometidos. Este proceso de depuración policial ha sido cuestionado por organizaciones de sociedad civil como poco transparente así como la ejecución de fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional con la cual se está equipando ahora a la Policía Nacional con vehículos rentados.
Ayer trascendió que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) inició de oficio una investigación orientada a constatar la legalidad del alquiler de 250 patrullas para la Policía Nacional.
Según se informó, la Secretaría de Seguridad suscribió un contrato con la empresa Econo Rent a Car. Para ese efecto, el Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional proporcionará los fondos.
“Estos vehículos trabajarán las 24 horas, si algún vehículo comienza a sufrir desperfectos mecánicos será cambiado por un vehículo en mejores condiciones. Este es un experimento que se hace en otras policías del mundo, en EEUU y en Guatemala, por ejemplo. Hay gente que ha estado cuestionando pero esto viene a fortalecer el trabajo a nivel nacional. Hemos visto que con estas nuevas patrullas la policía llegado a lugares donde nunca un vehículo policial había podido llegar”, justifica Sauceda.
Costos
Aunque la Policía Nacional necesita mejorar su logística, la población hondureña debe saber a qué costos. Ha trascendido en medios de comunicación nacional que cada patrulla rentada estaría costando entre 50 y 75 dólares al día, haciendo un aproximando de 250 mil lempiras diarios pagados a esta arrendadora.
Omar Rivera de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) lamentó que estos temas sean discutidos posteriormente sin antes generarse un debate, consulta, o un proceso de rendición de cuentas.
“Muchas de ellas se hacen con los recursos de la tasa de seguridad, allí se constata que la falta de transparencia y esos procesos oscuros ponen en duda la pertinencia de los mismos y su efectividad. Nosotros no sabemos si el procedimiento fue competitivo, nosotros no sabemos si las especificaciones técnicas de esos vehículos van a dar un adecuado rendimiento para los policías”, dijo a Radio Progreso Omar Rivera.
Rivera también pidió a las autoridades que a la brevedad posible le suministren a los medios de comunicación y a organizaciones de sociedad civil elementos importantes para poder opinar con propiedad al respecto.
“Lo que sí está claro es que si se requiere apoyo logístico para la policía, si la apuesta del gobierno es superar esa brecha que tienen en materia de equipamiento nos parece pertinente, pero la forma deja mucho que desear. Hemos hecho las visitas del caso, la mayoría de unidades vehiculares están sin ningún tipo de aprovisionamiento de vehículos en perfecto estado. Si el alquiler de estas patrullas van a suplir esta falencia que tiene la institucionalidad policial, habría que ver a qué costo y bajo qué procedimiento competitivo fue que se asignaron los contratos, habría que hacer un análisis si es pertinente alquilar esos vehículos en lugar de adquirir los propios”, explicó Rivera.
La analista Leila Díaz cuestionó que la adquisición de equipo sea diferenciada entre la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ambos procesos realizados con la Tasa de Seguridad Poblacional.
“Hemos visto que desde hace dos años se comenzaron a comprar una serie de vehículos que estuvieron apostados en las instalaciones de la ex academia nacional de policía destinados a la Policía Nacional pero al final fueron asignados a la Policía militar. Mientras a una institución se le está dotando del equipo vehicular para que realice sus labores a otra se le está alquilando bajo el argumento del mantenimiento, esto demuestra que no hay una estrategia clara ni institucional para afrontar una situación de esta naturaleza. Si dicen que es porque no cuentan con un taller especialista o que entregue las patrullas en los tiempos establecidos, eso es una falta de análisis porque a la Policía militar sí se le puede dotar. Es poca visión la que se refleja y es lamentable que los empresarios son los que se benefician con el negocio directo”, expresó Díaz.
¿Y la depuración?
En 2012 se decretó la depuración policial en Honduras tras el asesinato del hijo de la rectora de la UNAH y su amigo en manos de policías.
Esta depuración policial se iba a efectuar en dos líneas, una la llevaría la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y otra la llevaría la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP) nombrada en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
Por dos años consecutivos la CRSP aplazó el proceso de depuración policial y presentó varios proyectos de Ley al Congreso Nacional para hacer efectiva una reforma a la seguridad pública, pero estos proyectos fueron engavetados.
Algunos datos que revelaba la CRSP en uno de sus informes era que de 4,559 miembros de la Policía investigados entre 2012 y 2013 por diferentes anomalías, únicamente siete fueron separados de la institución.
En 2012, la Diecp remitió a la Secretaría de Seguridad resoluciones de despido para unos 230 uniformados, pero apenas el 3% de ellos fueron cesanteados. Así como casos de agentes y oficiales despedidos que aún seguían recibiendo salario de la Secretaría de Seguridad.
La Alianza por la Paz y la Justicia también realizó una evaluación tras dos años de depuración en la que apuntaban que una depuración real debería de separar los elementos corruptos, especialmente aquellos de alto rango, de la Carrera Policial, y a la misma vez animar y fortalecer a aquellos agentes y oficiales honestos que desean cumplir su misión de proteger a la sociedad hondureña, pero que la realidad dista mucho de este ideal.
“Nosotros hemos planteado en primera instancia, que un proceso integral de reingeniería en la Policía implica depurar, reformar y fortalecer. Pero antes de avanzar en procesos de reforma y fortalecimiento logístico, técnico y financiero debe haber una verdadera profilaxis al interior para garantizar que los agentes de escala básica y los altos oficiales corruptos no forman parte de la institución. Aun no tenemos elementos que nos indiquen que esta depuración esté completada y lo que es peor, muchos de los que han salido, cerca de 3 mil oficiales y agentes, todavía algunos que han cometido actos ilícitos no han sido sometidos al juzgamiento pertinente ni han sido sancionados de forma ejemplar como lo espera el pueblo hondureño”, dijo Rivera en este momento en que se ha dejado de hablar de los problemas estructurales de la Policía para dar paso a la renta de vehículos en forma sospechosa.
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