“Estoy muriendo solo de pensar que si nos quitan nuestras tierras a dónde vamos ir a vivir. Aquí nació mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, yo, mis hijos, mis nietos y bisnietos”, dijo con voz entrecortada Idelfonsa Guzmán, una garífuna de 72 años de edad habitante de la comunidad Barra Vieja, Tela, Atlántida.
Lo que está pasando en la comunidad garífuna es la muestra de la insólita aplicación de la justicia en Honduras. El juzgado de la ciudad de Tela, desarrolló la audiencia probatoria los días 12, 13 y 14 de mayo a los habitantes de dicha comunidad, a quienes acusa de invasores de un terreno que forma parte de las tierras ancestrales garífunas.
La audiencia estaba prevista para que finalizará este viernes 15 de mayo, sin embargo fue suspendida para el próximo 3 de junio, porque no llegaron los testigos que presentó la Fiscalía y la Procuraduría General de la República en contra de la comunidad garífuna.
“El Ministerio Público, acusa a mis representados de ser usurpadores de las tierras que supuestamente son de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), sin embargo los verdaderos usurpadores son ellos y el proyecto hotelero Indura Beach, quienes pretenden despojar de las tierras a la comunidad que las ha poseído desde 1885”, indicó el abogado defensor José Velásquez.
Proceso de despojo
En el año 2007, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) interpuso a través de la Empresa Nacional Portuaria una denuncia ante la fiscalía de Tela por la supuesta usurpación de tierras estatales, las cuales no podrían ser afectadas para otros fines, por tratarse de un proyecto de interés nacional.
El Instituto de Turismo se refirió al proyecto conocido como Indura Beach, empresa que la comunidad acusa de instigadora de los desalojos perpetrados el año 2014. Para el 13 de junio de ese año, la Corte de Apelaciones de la ciudad de La Ceiba, emitió una orden de desalojo, la cual se llevó a cabo el 6 de agosto. Posteriormente el 22 de septiembre el juez accedió a una nueva solicitud de desalojo, el cual se repitió el día 30 de ese mes.
La población de Barra Vieja retornó de nuevo a sus moradas, y se encuentra ocupando una vez más el territorio ancestral. Sin embargo, recibieron un requerimiento para presentarse al juzgado, como usurpadores de un territorio que ha sido utilizado por los garífunas desde el año1885 cuando fueron presionados a abandonar el antiguo Triunfo de la Cruz, conocido en la actualidad como la ciudad de Tela.
“El caso de Barra Vieja es una violación al Convenio 169 de la OIT y Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, además de infringir el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos humanos”, denuncia la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh.
Así mismo indica en un comunicado: “existe una enorme jurisprudencia del Sistema Interamericano de Justicia que reafirma el derecho de los pueblos indígenas a su territorio ancestral. Desde la sentencia Awas Tigni vs Nicaragua hasta la del pueblo Saramaka versus Surinam, entre otras, ha quedado señalada la importancia del reconocimiento de los Estados -nación a los derechos de los pueblos sobre sus territorios ancestrales”.
Desafortunadamente los tribunales de la Ceiba y Tela, se apegan más a los intereses de la elite de poder, que al derecho de los pueblos y han demostrado hasta la saciedad desconocer los convenios y declaraciones internacionales emitidas a favor de derechos de los pueblos indígenas”, sigue denunciando Ofraneh.
“Para los garífunas de Barra vieja, su territorio ancestral no es una dádiva, existe una relación íntima con el territorio que ocupan. Para ellos la conexión con la madre tierra va más allá de un lucrativo negocio”, concluye el comunicado.
“Aquí moriremos”
“Aquí vivimos de la pesca, de hacer pan y cultivar yuca, por lo tanto ni en broma pensamos vivir lejos de nuestra tierra y del mar, por la tanto primero muertos antes de abandonar nuestras casas”, dijo Carlos Castillo presidente del patronato de Barra Vieja.
Desde el inicio de los años 80 comenzaron las especulaciones de tierras en la Bahía de Tela, además de las amenazas y asesinatos de los opositores a la entrega del territorio de las comunidades garífunas. Actualmente se espera una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación al caso de Triunfo de la Cruz, y en fecha reciente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe de admisibilidad del caso de la comunidad San Juan, Tela.
Alfredo López, vicepresidente de la Organización Fraternal Negra de Honduras, dijo que lo ocurrido en Barra Vieja es una muestra del despojo del cual son víctimas los pueblos originarios. “Lo sufrido en Barra Vieja es lo que se vive en Miami, San Juan, Triunfo, Tornabé, Vallecito y todas las comunidades garífunas que están en pie de lucha defendiendo sus tierras, su soberanía”.
“Si en junio, que se reinicia el juicio, hay una sentencia de culpabilidad esta vendría aparejada de una nueva orden de desalojo. Tendríamos que interponer un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, y si no hay respuesta a nivel nacional, vamos a pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH”, indicó la abogada Ivania Galeano, representante de la Comisión de Juristas Internacionales, instancia que acompaña a la comunidad.
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