Por Tommy Morales
El Comité por la Libre Expresión C-Libre presentó el informe sobre el estado del derecho a la libertad de expresión en Honduras 2014 y el tema “Contra el Silencio Forzado”.
El año pasado C-Libre documento 94 actos que conllevan a agresiones a la libertad de expresión, en donde la mayor cantidad se registran en los últimos meses. Los departamentos en donde ocurrieron una mayor cantidad de denuncias fueron Francisco Morazán y Cortes.
Señalaron que la mayoría de las agresiones a la libertad de expresión fueron cometidas por personas que forman parte de la estructura gubernamental, específicamente pertenecientes al poder ejecutivo; lo que representa un 70% del total, el resto son actores desconocidos o empleados municipales.
Los más afectados en su libertad de expresión son Radio Globo y medios de comunicación del interior como Canal 6 y Radio Progreso.
Las amenazas por actores gubernamentales se debe a la capacidad de coacción que ellas y ellos tienen; cuando se ven cuestionados por su manera de dirigir la administración pública, en este sentido las municipalidades han sido denunciadas por verter amenazas contra periodistas y comunicadores.
Entre las recomendaciones que arrojo el informe están que el Estado de acuerdo a derecho sea el encargado de tutelar los Derechos Humanos y las garantías fundamentales de la población hondureña.
Los funcionarios públicos deben asumir con responsabilidad el respeto a los Derechos Humanos y enmendar los errores que se han producido como consecuencia de su autoritarismo y resarcir los daños y perjuicios causados en la violación a la libertad de expresión.
Seguir trabajando en el fortalecimiento y capacitación de los periodistas y comunicadores a fin de lograr el desarrollo al máximo de sus capacidades y que las redes puedan generar ingresos para la solidaridad y protección de los mismos.
Finalmente, fortalecer el acompañamiento que realiza C- Libre en los casos de agresiones que se producen a la libertad de expresión, para reducir el impacto y asistir a los periodista, comunicadores sociales y defensores de Derechos Humanos que se encuentran en proceso de ejecución legal de la agresión.
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