C-Libre
Dirigente de las marchas de los indignados en Honduras, denuncian hostigamiento laboral, persecución e intervención de la línea telefónica, por lo que han interpuesto denuncias en instancias nacionales.
Hostigamiento laboral, persecución en motocicletas e intervenciones telefónicas sufren los dirigentes del grupo de oposición, denominado “Indignados” como represalia por encabezar manifestaciones multitudinarias contra la corrupción en Honduras.
Este lunes, al dirigente Miguel Antonio Briceño lo obligaron a renunciar de la empresa donde trabaja y al ingeniero en sistemas, Ariel Varela, primero le solicitaron que decline a su empleo y su caso está en análisis sin que el Estado haya anunciado una investigación que garantice el respeto al derecho al trabajo y a la libertad de expresión.
Briceño dijo a C-Libre, “me obligaron a renunciar y a negociar mis prestaciones, afortunadamente llegamos a un acuerdo con ellos (la empresa). Trabajé 14 meses como administrador de cuentas por cobrar y mis labores se centran en andar de puerta en puerta recuperando los pagos. La empresa consideró que estaría ocupando mi tiempo en organizar las movilizaciones y por eso me despidieron”.
Asimismo denunció que información, contactos y hasta fotografías han sido “sacadas” de su teléfono celular, mientras que varios de sus compañeros podrían tener intervenidos sus teléfonos móviles, pues suelen escuchar voces, eco y ruidos.
Según el joven, no pertenece a ningún partido político y su motivación personal para la protesta social obedece al impacto que le causó el estado de salud de su madre.
Por su lado Varela, en un breve relato en su página de Facebook, manifestó, “esta lucha es muy dura, hoy la represión laboral nos abate, la empresa para la que trabajo me ha pedido de forma grosera y violenta mi renuncia... Algo que no acepté puesto no he fallado en mis labores profesionales, creo que esto es una clara violación a mis derechos humanos y es una pena que quienes me contratan asuman estas posturas, puesto ‘son Cooperación para el Desarrollo’. No Me Rindo, No Negocio, Seguimos en Lucha”.
Igualmente, los dirigentes de las “Marchas por la Dignidad” aseguraron a C-Libre que esta semana recibieron varios ataques. “Fuimos seguidos durante toda la mañana por un par de hombres en motocicletas, pero también hemos notado la presencia irregular de un helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) que sospechosamente sobrevuela la vivienda de varios de los dirigentes de Las Antorchas”.
Un grupo de Jóvenes entre los que destacan: Andrea Varela, Yohely Domínguez, Marcela Ortega, Ariel Varela, Gabriela Blen, Miguel Briceño Agurcia, Antonio Varela, iniciaron las movilizaciones hace más de un mes para solicitar la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras, cárcel y castigo para los corruptos que se robaron más de siete mil millones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) porque provocaron más de 3,000 muertos, de acuerdo con sus denuncias.
“Pedimos a los derechos humanos y a las organizaciones internacionales que se proteja la vida de los dirigentes que están organizando las movilizaciones de Las Antorchas en toda Honduras, pues no confiamos en el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público o la Corte Suprema de Justicia”, expresó Briceño.
En su resolución 22/10, aprobada sin objeciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU señaló que la participación en protestas pacíficas constituye una forma de ejercer el derecho a la libertad de reunión pacífica, de asociación, de expresión y de participación en los asuntos públicos.
Asimismo, subrayó que todas las personas deben poder expresar sus quejas o aspiraciones de manera pacífica mediante, entre otras vías, manifestaciones públicas (que no deben considerarse una amenaza), y pidió a los Estados, entre otras cosas, que facilitaran las protestas pacíficas.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha subrayado que “el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el nervio principal del sistema democrático”.
C-Libre recuerda que el intercambio de ideas y reivindicaciones sociales como forma de expresión, supone el ejercicio de derechos conexos, tales como el derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestar, y el derecho al libre flujo de opiniones e información, contemplados en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los artículos 10 y 11 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en los artículos 9 y 11 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en los artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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