En un ambiente de impunidad y crisis alimentaria, ante la cual el Estado hondureño se muestra indiferente, se agudiza la criminalización, persecución, secuestros, represión, asesinatos y desalojos contra familias campesinas que luchan por el acceso a la tierra en el país, especialmente en el Bajo Aguán.
Fue a partir de la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola, que las grandes empresas, entre ellas cañeras, palmeras y bananeras se apoderaron de las mejores tierras del país; como consecuencia alrededor de unas 300 mil familias campesinas en Honduras no tienen acceso a la tierra.
Después del golpe de Estado de junio de 2009, se evidenció más la problemática agraria. Miles de familias se lanzaron a la recuperación de tierras en la zona del Bajo Aguan, especialmente aquellas tierras en poder de terratenientes y de empresarios agroindustriales.
“Las acciones han continuado y actualmente existen 18 grupos campesinos que estamos en la lucha por la recuperación de tierras aquí en el departamento de Colón”, indicó Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria en el Bajo Aguán.
El dirigente campesino aseguró que este proceso ha dejado más de 125 muertos, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, encarcelamientos y represión sistemática ya que la zona se encuentra militarizada.
“Sin embargo, la presión social continúa y todavía no se visualiza una solución definitiva. Más bien nuestras acciones han hecho elevar las denuncias y una campaña de la mayoría de medios de comunicación acusando a las familias campesinas de invadir tierras particulares. Según la empresa privada, este tipo de acciones son delictivas y ponen en precario la inversión privada nacional y extranjera”, indicó el dirigente campesino.
“Este ha sido un comportamiento permanente por los distintos grupos de poder económico del país, ellos solo se preocupan por acumular riquezas, mientras nosotros como población rural estamos sumergidos en pobreza y miseria”.
Amenazas y hostigamiento
De acuerdo a denuncias de la dirigencia campesina un promedio 350 familias de la comunidad Panamá, jurisdicción de Trujillo, Colón, están siendo víctimas permanentemente de amenazas y persecución por parte de policías, militares, paramilitares y empleados de la Corporación Dinant, propiedad del empresarios Miguel Facusse.
“Nos amenazan a muerte, nos registran constantemente y por si fuera poco nos montaron un patronato de forma ilegal integrado por personas que trabajan para la Corporación Dinant”, denunció un dirigente campesino quien pidió omitir su nombre por razones de seguridad.
Este ambiente se intensificó luego que el Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez (MCRGC), localizado en la comunidad de Panamá, en la margen izquierda del río Aguán, inició el proceso de recuperación de las tierras de la finca denominada Paso Aguán, tierras que son reclamadas por la Corporación Dinant.
La finca Paso Aguán es considerada como un “cementerio clandestino”, donde en los últimos años han sido asesinados y enterrador dos campesinos, uno de ellos Gregorio Chávez secuestrado el 2 de junio de 2012 y enterrado dos días después. Además de José Antonio López Lara vecino de la comunidad de Rigores quien despareció el 29 de abril 2012.
En este sector también hay campesinos desparecidos desde hace varios años y aún sus familiares no han podido encontrarlos.
“El ambiente de persecución, amenazas, secuestros, asesinatos y hostilidad lo viven la mayor parte de las familias campesinas que conforman 18 grupos que luchamos por el acceso a la tierra aquí en el departamento de Colón”, concluyó el dirigente campesino.
Desalojo
Esta semana agentes de la Policía Preventiva y efectivos de la 105 Brigada de Infantería desalojaron de manera violenta a más de mil familias que tenían en su posesión tierras supuestamente de la Compañía Azucarera Chumbagua S.A. de C.V. propiedad de Jaime Rosental Oliva.
El desalojo se ejecutó el pasado miércoles contra más de mil familias, quienes mantenían habitadas varias manzanas de tierra en la colonia Luisiana de San Pedro Sula, al norte de Honduras. En el desalojo participaron elementos policiales, militares y fiscales.
Uno de los afectados dijo a Radio Progreso que desde 2001 ellos mantenían tomado ese sector de la ciudad, pero se está llevando un proceso legal para que se les entregue esos terrenos a las familias que lo habitaban.
Lamentó que pese a que la tierra es declarada municipal, las familias fueron desalojadas, “nosotros necesitamos una casa, no podemos andar alquilando, aquí hay que investigar si hay dueños políticos en todo esto”, apuntó.
La lucha por tenencia de la tierra es una realidad, sin embargo, las raíces del conflicto siguen siendo ignoradas por el Estado, que ha puesto sus servicios a favor de los latifundistas y terratenientes violentado el derecho constitucional y humano de las campesinas y campesinos.
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