El Juzgado de Tela emitió un veredicto a favor de la comunidad de Barra Vieja, la que se encontraba procesada por el supuesto delito de usurpación de su territorio ancestral.
El veredicto fue una sorpresa ante la persistente actitud asumida por el poder judicial de desdeñar los reclamos interpuestos por el pueblo Garífuna en relación al despojos sistemático que se han venido dando en las últimas décadas.
La querella emprendida por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y la Empresa Nacional Portuaria (EPN) en contra de la comunidad Garífuna de Barra Vieja, se convirtió en una amenaza para los más de 450 pobladores que sufrieron varios intentos de desalojo, a manos de las fuerzas de seguridad del estado.
Según el veredicto del Juzgado, la ENP no pudo demostrar que son dueños de la tierra donde está ubicada la comunidad de Barra Vieja. Además se señaló que los acusados no son usurpadores, por lo tanto se les suspendieron las medidas sustitutivas a todos los acusados.
Cabe resaltar la actitud asumida una vez más por la Procuraduría General de la República de denegar la condición indígena del pueblo Garífuna, tal como pretendió en las audiencias efectuadas el año pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en relación a los casos de las comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
La Procuraduría una vez más recayó en la ignorancia en cuanto a la indigenidad del pueblo Garífuna, con el propósito de socavar la posible protección que confiere el Convenio 169 de la OIT, el que si bien fue firmado y ratificado por el Estado de Honduras hace dos décadas, el Estado nunca procedió a adaptar las leyes nacionales al Convenio, tal como lo indica la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969).
Existe una sistemática ofensiva por parte de grupos empresariales y el crimen organizado de despojar a las comunidades Garífunas de nuestros territorios ancestrales. A partir del golpe de estado del año 2009 se intensificaron las presiones y como resultado del colapso jurídico, la comunidad de Río Negro, Trujillo, fue demolida a instancias del empresario canadiense Randy Jorgenson, el que abocándose a la Ley de Expropiación Forzosa (1913) se apoderó de una de las primeras comunidades Garífunas fundada en Honduras.
El año pasado, a medida que el pueblo Garífuna avanzaba en su lucha jurídica ante la Corte IDH, el estado promovió desalojos en las comunidades Garífunas de Barra Vieja, Armenia y Puerto Castilla. La criminalización de la defensa del territorio ancestral, acompañadas de amenazas de muerte no frenaron los reclamos territoriales planteados por las comunidades.
La doctrina planteada por la Procuraduría en relación a considerar al pueblo Garífuna como extranjeros en Honduras y por ende denegar nuestros derechos territoriales, está impregnada de un enorme racismo. Buena parte de la elite de poder nacional es de origen extranjero y llevan mucho menos de un siglo en el país, sin que se les cuestione en ningún momento su hondureñidad.
Es de esperar que la EPN, el IHT y los verdaderos promotores de un juicio indudablemente político, el INDURA RESORT, apelarán el veredicto. Por supuesto que el torbellino por el cual atraviesa Honduras y la involucración de la elite de poder en el saqueo de las instituciones estatales, no es el panorama más adecuado para persistir en la distorsión jurídica y el prevaricato que tanto ha prosperado en Honduras en las últimas décadas.
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