Por Ronnie Huete S.
El triángulo norte logró otro punto de triangulación en Centroamérica. (Guatemala, El Salvador y Honduras).
Esta vez el país fue Honduras, en cuya nación se aprobó la instalación de una misión para combatir la corrupción y la impunidad en ese país.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, firmaron ayer en la sede de la OEA en Washington D.C. este convenio.
Desde el mes de mayo de 2015 en Honduras, se conformó un fuerte polo de oposición al que llamaron el movimiento de los indignados, cuya costumbre fue el salir a las calles con antorcha en mano, exigiendo la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y contra la Corrupción.
Sin embargo, la diferencia entre estas comisiones, quien las ha terminado definiendo es el Departamento de Estado de los Estados Unidos en D.C.
Es decir, que sus nombres, llámese Maccih, Cicih, u otra sigla, no altera el orden de los resultados que Washington D.C. desea para con el triangulo norte.
Nuevamente la injerencia de Washington D.C. en los asuntos del Triángulo Norte quedó evidenciada con la firma de este convenio, que vendrá, supuestamente, a combatir la corrupcón e impunidad en Honduras, cuyo país vive con mayor empuje los efectos colaterales del pasado golpe de Estado de 2009.
No obstante, en Honduras, se mantiene una división de los sectores que se muestran a favor y en contra de esta comisión internacional, olvidando la verdadera injerencia imperial que está representa.
Los asuntos del país centroamericano, nuevamente, son ordenados al pie del guión de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, entre otros organismos injerencistas que mantienen su poderío global en algunos países de Latinoamérica.
En medio de un escandaloso nombramiento de una nueva Corte Suprema de Justica, CSJ, los hondureños se disputan las siglas de una comisión internacional, cuyo contexto ya está definido por los intereses de Washington D.C. sin importar como se llame.
La conformación de los magistrados de la CSJ en Honduras la termina definiendo la imposición internacional de Washington D.C. más que los órganos de poder estatal que conforman el “Estado” de Honduras, cuyos cimientos legislativos son un cadáver andante, representado por un nutrido grupo, que conforma la clase parasitaria de Honduras.
Diputados, magistrados, etc., en fin no importa su cargo, puesto que su conciencia es dominada según su costo monetario.
El 18 de diciembre de 2015, según un informe de prensa publicado por la Oficina de Washington para América Latina (Washington Office on Latin America WOLA), se aprobó una ley de asignaciones presupuestarias para el fiscal 2016.
La información que WOLA hace pública dictamina lo siguiente: Entre los temas en discusión se encontraba la solicitud de mil millones de dólares de la administración de Obama para ayudar a los países del Triángulo Norte.
La serie de condiciones establecidas en la ley resalta la importancia que ha cobrado para la agenda del congreso estadounidense la necesidad de ver resultados reales en la región en la lucha contra la corrupción e impunidad, la protección de derechos humanos, y el fortalecimiento de las instituciones públicas. Indudablemente, la aún pendiente elección del Fiscal General en El Salvador, los nombramientos a puestos clave por el gobierno de Jimmy Morales en Guatemala, el nivel de apoyo que el gobierno entrante brinde a los esfuerzos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía General de Guatemala, la elección de magistrados de la Corte Suprema hondureña y la viabilidad de construir un mecanismo internacional anticorrupción con dientes en Honduras serán algunos de los primeros indicadores para evaluar el compromiso y la voluntad política de los gobiernos centroamericanos a fortalecer el Estado de derecho en sus respectivos países.
Cabe resaltar que todo ello se está llevando a cabo en Honduras, sin ninguna oposición política pertinente, puesto que los intereses politiqueros para mantener un cargo público estatal o una cuota de poder en el cadáver del Estado hondureño, se imponen ante los intereses de las grandes mayorías sometidas por una dictadura que mantiene una guerra total en dicha nación centroamericana.
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