Por Sandra Rodríguez
Pese a que los tres son co-homicidas del niño Ebed Jassiel Yanes Cáceres (15), la madrugada del 27 de mayo del 2012, la sala quinta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sólo sentenció a un militar, quien guarda prisión, los otros dos, incluyendo al jefe de Patrulla, hace un año fueron sobreseídos de los cargos imputados por el Ministerio Público (MP).
El Fiscal Luis Fernando Padilla, como representante del MP, explicó que desde el inicio sólo se acusó al sargento Eleazar Abimael Rodríguez por el homicidio de Ebed, y después ya no se pudo implicar a los otros dos, por lo que este fue privado de libertad una semana después del hecho y condenado a 16 años de prisión, y no veinte como pena máxima establecida en el Articulo 116 del Código Penal de Honduras, siendo la pena mínima 15 años.
Los otros dos militares son el sub-teniente de la Fuerzas Especiales y jefe de la patrulla, Josué Antonio Sierra y el Cabo Felipe de Jesús Rodríguez, quienes se mantuvieron por dos años con medidas sustitutivas a la prisión, después del juicio oral y público celebrado en enero del 2015, declarados culpables, según el Tribunal integrado por Lesly Gallardo, Yessica Granados, Julissa Aguilar y Mario Díaz, como cuarto juez, en la sala quinta de la CSJ; sin embargo no fueron acusado por ese delito, y quedaron en libertad.
A los militares Felipe Rodríguez y Josué Sierra, se les absolvió por los delitos de abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública, encubrimiento y falta a los deberes de los funcionarios.
A la única persona que se le dedujo responsabilidad por el homicidio fue a uno de los que tenía menor grado, “al gato de los gatos”, al que no tiene poder, expresó Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, organización que representa a la familia Yanes, en este proceso que busca justicia.
Mientras el caso está en etapa de Casación, ya que la defensa representada por Jacobo Salandía no acepta la pena imputada a Eleazar Rodríguez, el COFADEH contestó la acción legal argumentando que existen las suficientes pruebas que incriminan al militar con los hechos que apagaron la juvenil vida de Ebed Jassiel, la madrugada del 27 de mayo del 2012, cuando evadió un retén militar.
“Cometió un error, como lo haría cualquier joven” declara su papá, Wilfredo Yanes, pero los militares no debieron dispararle, Ebed Jassiel no andaba armado, seguramente huyó por temor, y fue ejecutado casi al llegar a su casa.
El muchacho se conducía en motocicleta la madrugada del 27 de mayo del 2012, y no atendió un retén militar a la altura del desvío a la colonia Los Pinos, carretera que conduce de Tegucigalpa a Danlí, por lo que una patrulla le dio persecución, a bordo iban siete uniformados, tres de ellos le dispararon hasta matarlo, y después se fueron de la escena del crimen, pero volvieron para no dejar evidencias, levantando los revestimientos balísticos que posteriormente tiraron a la orilla de la carretera por el redondel cercano a un centro comercial en la salida al oriente de Tegucigalpa.
"Recuerden que son militares y meter preso a militares en este país va ser difícil, porque meter militares es meter a los que gobiernan a nuestro país", manifestó Wilfredo Yanes, tras escuchar el veredicto absolutorio contra militares que dispararon a su hijo, hace un año.
En este caso vemos ocultamiento de la verdad, manipulación que se dio desde que se niega que en la Morgue del Poder Judicial en Tegucigalpa está el cuerpo de un niño, señalando que es un hombre de 25 a 30 años de edad, también hubo manipulación en el traslado del comando, entonces al ver la insistencia de la familia por encontrar la verdad, debieron admitir que si son balas militares, y después que se encubre al jefe de la operación, el sub teniente Josué Antonio Sierra, con acusaciones menores por las que ahora está en libertad.
De parte nuestra, agregó Oliva, seguimos acompañando a la familia Yanes Cáceres, quien no ha encontrado justicia ante la muerte de su hijo, ya que desde el primer día de los hechos tomaron control en el asunto por lo que las autoridades militares debieron asumir su responsabilidad y aceptar que las balas eran de su armamento.
Estamos dispuestas a trabajar día tras día hasta el final para que se haga justicia ante esa sentencia manipulada y manoseada, y debido a esas acciones trastocadas que demandamos y exigimos independencia al Sistema Judicial.
No podemos quedarnos indiferentes ante estos hechos, y por eso damos a conocer el sistema de justicia que tenemos, donde se protege a los que cometen actos de violaciones a los DDHH y en este caso ataques a la juventud, porque la impunidad y la corrupción en el país es lo que impera.
El Estado de Honduras tiene deuda histórica en el tema de violaciones a los DDHH y desapariciones forzadas, y cualquier cosa que puedan tocar con el combate a la impunidad, sino se salda la deuda histórica fundamentalmente de los años 80 no habrá avanzado en el tema de justicia de nuestro país, afirmó la defensora de DDHH en Honduras, Bertha Oliva.
Hechos
El día del ataque contra Ebed Jassiel, los militares participaban en un operativo denominado “Relámpago” ordenado por la Presidencia de la República, según declaraciones del encargado de la tropa, Josué Antonio Sierra.
La sentencia fue leída sin la presencia de los militares, tampoco los abogados de la defensa que participaron en esta etapa del juicio, José Tiburcio Amador que representó al cabo Felipe de Jesús Rodríguez; y el abogado Humberto Jacobo Salandía, que lleva la defensa del sub teniente Josué Antonio Sierra y el sargenteo Eleazar Rodríguez, que guarda prisión desde junio del 2012, porque su arma dio positiva con los casquillos de bala encontrados en la escena del crimen, aunque se comprobó que fueron más los que dispararon, y tras abandonar el lugar, la patrulla regresó, los militares recogieron las evidencias y Sierra las tiró a la orilla de la carretera por el empalme de la colonia Villa Nueva, Kennedy y Hato de Enmedio, justo al inicio del bulevar Fuerzas Armadas, según datos revelados en el Juicio Oral y Público.
Según el Tribunal compuesto por Lesly Gallardo, Yessica Granados y Julissa Aguilar, no se pudieron comprobar los delitos imputados a los militares, excepto el de homicidio.
Berlin Cáceres y Wilfredo Yánez, insisten en la búsqueda de justicia, han acompañado cada acción del proceso judicial, plantones, audiencias, reuniones con entes de toma de decisión, sobretodo del Ministerio Público, quienes no cumplieron su palabra de hacer justicia por su hijo.
Era un muchacho educado, hablaba dos idiomas, siempre estaba con su familia y a veces salía acompañado de su hermana mayor, por lo que su salida esa noche del sábado 26 de mayo del 2012 fue inesperada, hasta que el guardia de la colonia donde habitan, les dijo que salió a eso de las 11 de noche en una motocicleta, propiedad de don Wilfredo.
Sin embargo todo el domingo 27 estuvo buscándolo por todos lados, hasta que llegó a la morgue capitalina, donde su hijo estaba registrado como un hombre de unos 25 años, desconocido, y que estaba con una motocicleta, narra Wilfredo Yanes, con su mirada profunda reviviendo esos momentos que aumentan el dolor, porque no volvió a ver a su hijo menor.
Al concluir el Juicio Oral y Público, en enero, el jefe de la Patrulla, Josué Antonio Sierra, quien es licenciado en ciencias militares, dijo que participaron en ese operativo por órdenes de la Presidencia de la República y pidió perdón a la familia Yanes Cáceres, aunque de esa forma no les iba a revivir a su hijo, les dijo que “estuve cuatro años preparándome en el Alma Mater, yo iba con ímpetu de hacer las cosas bien, de la mejor manera, me educaron en la trilogía del Honor, Lealtad y Sacrificio. Ese día no hubo nada premeditado. No le voy a revivir a su hijo, pero le pido perdón y quiero dejar manifestado que en ningún momento hubo mala intención, lamentablemente recibimos órdenes arbitrarias”.
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