Por Thelma Mejía
Retomando mis actividades, tras una pausa obligada, sorprende ver cómo se ha movido el país en un mes, con graves denuncias de corrupción en Salud y las ganancias de empresarios inescrupulosos a costa de la vida de miles de hondureños, el repunte de la inseguridad, el contraataque de los extraditables, el avance por el control de la institucionalidad por el partido en el poder y la feria judicial de sobreseimientos a personajes públicos, en contraste con el hondureño preso por robarse un perico.
Y en esta maraña de cosas y problemas, la campaña electoral se calienta y la clase política empieza a buscar culpables de la crisis. Los políticos están como dice aquella vieja canción ¿quién fue, quién fue; todo mundo sabe, pero yo no sé?
De lo político, habrá tiempo para comentar el espectáculo. Los problemas arriba citados no solo son preocupantes, son también estructurales, porque son permanentes.
En el área de la Salud, el destape de la suspendida ministra Roxana Araujo puso en evidencia un sucio jugo de corrupción a costa de la vida de las personas. Distribuir medicamentos con heces fecales a los pacientes no tiene nombre, y quienes autorizaron semejante crimen deben estar presos, pero las noticias nos dicen que gozan de medidas sustitutivas camino a cartas de libertad. En tanto, la Araujo fue sacada del juego.
En el tema de la inseguridad, ésta ha sido tan ingrata que cuando en cadena nacional se anunciaba la “disminución” de la violencia, una serie de ataques que concluyeron en asesinatos y macabros hallazgos de cuerpos inertes, nos recordaban a los hondureños que no se puede cantar victoria por pequeños que sean los logros en un contexto del cual no se tiene un total dominio. ¿Quién asesora al que gobierna?
A esas muertes violentas y selectivas se suma nuevamente el clima de incertidumbre en que se ha visto expuesta la prensa, que no sale de una batalla, para caer en otra, esta vez personalizada con la figura del rapto y el silencio gubernamental. La especulación corre por doquier.
Esto del lado de las vivencias cotidianas, mientras en el ámbito jurídico otros movimientos se detectan para retrasar procesos. Es el movimiento de los extraditables por narcotráfico, crimen organizado y terrorismo, según la ley de extradición vigente que permite llevar hondureños presuntamente ligados a estos crímenes a Estados Unidos.
Mientras en reportajes del capitalino diario La Tribuna, personeros del Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington anuncian que están listos para recibir a los extraditables y mencionan listas de nombres que aquí nadie conoce, ni ellos tampoco revelan, en los tribunales ya hay movimientos de impugnación a la ley de extradición.
Inicia así el vericueto jurídico entre lo constitucional y lo inconstitucional, una vieja táctica que se usó por buen tiempo en la Colombia del extinto Pablo Escobar Gaviria. La justicia será puesta a prueba como un indicador que los presuntos extraditables de Honduras están dispuestos a dar batalla por doquier.
Institucionalidad que cada vez se debilita en función de la democracia, pero se fortalece en la estrategia del partido en el poder por controlar toda la cadena de custodia de los operadores de justicia, siendo el último el Ministerio Público o Fiscalía del Estado.
En el caso de este último, su agonía no empieza con la junta interventora nombrada por el congreso que ha logrado finalmente la renuncia del fiscal general y su adjunto, a quienes les falló el cálculo político y terminaron siendo abandonados por sus aliados y padrinos ante el desastre de administración desnudada por los interventores, cuyo papel legal también está en entredicho.
Esta enredadera del Ministerio Público está ligada a la crisis institucional de esa dependencia creada para representar al pueblo y acusar legalmente a los responsables del abuso del Estado. Ello no ha sido posible pues cuando quiso levantar cabeza, la clase política que avaló su existencia se encargó de debilitarlo al verse amenazados hasta llegar a la historia que hoy se conoce. Ahora es que habrá una “nueva ley” y quizá un “nuevo” Ministerio Público. Sepa usted.
Y dentro de esa cadena de operadores de justicia, de los tribunales surgen las cartas de libertad para quienes se han visto implicados en millonarias construcciones que afectan a sectores gremiales, al sistema fiscal y a la salud. Medidas sustitutivas van y vienen, mientras la prensa informa que inició la feria de los supermercados con cartas de libertad. ¿Será por aquello del décimo cuarto mes de salario en junio como todos los años?
Condenso así los reportes de un mes de la prensa que en sus informes aún no nos cuenta si el capitalino condenado por robarse un perico con todo y jaula, salió en libertad, tiene medidas sustitutivas o sigue siendo ejemplo del modelo de “aplicación” de justicia en Honduras. Muchas cosas en un mes.
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